La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del Ministerio que corresponda, atento a las contradicciones manifiestas de distintos funcionarios del área y la falta de una posición pública y política clara, informe:

a) ¿ Cuáles son los líneamientos en materia de política energética que el Gobierno Nacional pretende llevar adelante?.

b) Y en particular ¿ Cuál es la política en materia de hidrocarburos?

Señor presidente:

Sabido es rol estratégico que juega la industria de los hidrocarburos en nuestro país para el pleno desarrollo de la Nación, la cual debe ser objeto de un tratamiento prioritario manifestado en la expresión de una política energética nacional con reglas claras y definiciones concretas por parte de la administración nacional, a fin de garantizar la continuidad de las inversiones en un sector muy sensible cuyo horizonte de exploración, explotación y recuperación de la inversiones se desarrollan en el mediano y largo plazo.

En nuestra organización federal donde las provincias son dueñas de los recursos y fuentes energéticas y el Estado federal fija las políticas sobre la misma, pone de resalto el claro juego de intereses que aborda la necesidad de fijar un marco jurídico adecuado que atienda y de participación efectiva a los distintos actores involucrados para garantizar el pleno desarrollo sostenido de la explotación de la industria de petrolera.

Lo contrario de ello, implica lisa y llanamente desinversión con consecuencias directas en la suspensión y despido de trabajadores, riesgo empresario para la diversidad de pymes del sector, la merma de regalías que perciben las provincias productoras de hidrocarburos, la reducción en la percepción de impuestos provinciales y nacionales con un claro impacto negativo en las arcas públicas.

Desde este Cuerpo no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por el abordaje que está asumiendo el Gobierno Nacional respecto del tratamiento de la política energética, siendo que el grado de hermetismo que se ha mantenido sobre asunto de tamaña importancia y que se refleja en la preocupación de la provincias productoras, empresariado, sector sindical y clase política, genera una profunda preocupación de esta Cámara sobre qué rumbo pretende darle el Gobierno Nacional al sector.

Es que desde la historia reciente hemos transitado distintos escenarios en el desarrollo productivo de la actividad hidrocarburifera, donde los primeros años del presente siglo existía una actividad emergente que permitía el autoabastecimiento y exportación, la cual con el transcurso de los años ha sido diezmada por decisiones políticas erradas de los gobiernos de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las cuales se caracterizaron por haber estado exentas de un horizonte claro con proyección en el mediano y largo plazo e inversiones casi nulas en el sector, atendiendo solo a cuestiones coyunturales.

Como consecuencia de ello, de aquel fenomenal déficit energético que genero la necesidad de tener que importar energía por una cifra superior a los 8 mil millones de dólares anuales; desde el año 2016 y los últimos 3 años se experimento un marcado cambio de rumbo, mediante la implementación de políticas positivas y activas reforzadas por un marco normativo adecuado, los cuales se construyeron sobre la base de un trabajo muy productivo de la mesa sectorial compuesta por el Estado Nacional, las provincias, los trabajadores y empresarios. Como consecuencia del ello, de la previsibilidad y trabajo conjunto se logro el autoabastecimiento y se comenzó a exportar gas al mundo.

La importancia clave de Vaca Muerta para el desarrollo de nuestra Nación, significa la necesidad de tratar la política energética a "puertas abiertas", con fundamentos técnicos y la participación activa de las provincias productoras que, como dueñas del recurso, no puede asumir una postura de meras espectadoras de las decisiones que toma el gobierno central.

Por su parte, la sustentabilidad del desarrollo del sector en el largo plazo solo puede materializarse en políticas certeras, realizables sobre la base de decisiones claras que otorguen previsibilidad y claridad para las inversiones, atendiendo tanto al contexto nacional como internacional que inciden directamente sobre sector.

Todo ello hoy está en riesgo y solo es posible superarlo mediante una estructura con solidez normativa, control estatal de acuerdo al reparto constitucional de competencias y reglas de juego precisas y determinados para el sector privado involucrado como las operadoras y pymes.

Es nuestra preocupación que el Gobierno Nacional otorgue la suficiente apertura en la fijación de las políticas de desarrollo del sector, atendiendo las necesidades e inquietudes de los distintos actores involucrados en el sector, en el entendimiento que solo ello, podría derivar en el mejor plan de desarrollo en materia energética para nuestra Nación, con eje en la sustentabilidad y diversificación productiva, sin relegarle el protagonismo que se merecen las provincias productoras de hidrocarburos.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a esta Honorable Cámara de Diputados acompañe en la sanción de este proyecto de resolución.