La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

a) Establezca una necesaria y urgente adecuación de aranceles en las prestaciones, de acuerdo con los aumentos en los costos de vida, sueldos del personal y demás obligaciones que deben asumir las instituciones dedicadas al cuidado y asistencia de personas discapacitadas.

b) Cese en la mora y atrasos de PAMI y otras obras sociales, en los pagos a profesionales e instituciones que trabajan con personas con discapacidad y consecuentemente, disponga los fondos necesarios para el debido cumplimiento de las que son propias del Estado Nacional; y arbitre los medios para la regularización de las demás entidades encuadradas en la ley 23.660.

Señor presidente:

Varias instituciones que trabajan con personas con discapacidad insistieron en su reclamo por el incumplimiento y la desactualización de las subvenciones estatales que reciben por sus prestaciones. "El sostenimiento de las instituciones está en serio riesgo, y con ello la atención de las personas con discapacidad. Desde octubre no hay reajuste y los valores del transporte, alimento y pago a profesionales aumentaron. La situación es insostenible", explicó el presbítero Pablo Molero, responsable de la Comisión de Personas con Discapacidad de la arquidiócesis de Buenos Aires.

Las entidades reclaman una necesaria y urgente adecuación de aranceles en las prestaciones, de acuerdo con los aumentos en los costos de vida, sueldos del personal y demás obligaciones, al que suman el importante atraso en los pagos de diferentes obras sociales en todo el país.

Esta situación pone en riesgo la continuidad de los servicios que prestan las instituciones, afecta 90.000 puestos de trabajo y 100.000 personas con discapacidad que reciben coberturas de los servicios educativos, terapéuticos educativos, asistenciales, centros de rehabilitación, transporte y alojamiento, de todo el país, manifestaron en un comunicado difundido por la Obra Don Orione.

Desde octubre de 2013 se han hecho gestiones ante funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis), a los que señalaron como "absolutamente indiferentes" a los reclamos.

El 27 de marzo del año en curso se realizó una marcha a Plaza de Mayo en la que representantes de las distintas instituciones entregaron al Jefe de Gabinete Jorge Capitanich un petitorio. Dos meses después, el 6 de mayo, fueron convocados por el funcionario, que manifestó la buena predisposición al diálogo y compromiso en la búsqueda de una solución. Pero desde entonces no hubo respuestas concretas.

La política activa de respeto a los derechos humanos incluye sin lugar a dudas la de asegurar una vida digna a las personas discapacitadas. Por ello urge que el gobierno nacional actualice los subsidios y pague de inmediato las deudas atrasadas con las instituciones dedicadas a tiempo completo al cuidado de nuestros compatriotas con capacidades especiales.

Pido el apoyo de mis pares para la sanción de este proyecto.