La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por las repetidas situaciones de malos tratos y revictimización que han sufrido testigos y víctimas en el desarrollo de los juicios de lesa humanidad de todo el país;

Y expresa que vería con agrado que los Tribunales Orales Federales de todo el país aseguren el cumplimiento tanto de la Acordada 1/2012 "Reglas Prácticas" de la Cámara Nacional de Casación Penal como de las declaraciones internacionales sobre protección de testigos.

Señor presidente:

Desde la reapertura de los juicios que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico- militar en nuestro país, las agencias del estado vienen haciendo esfuerzos para que estos procesos se lleven a cabo en el mejor tiempo y forma.

Si bien la legislación nacional de la última década coadyuvó a que en la actualidad todas las jurisdicciones del país hayan tenido por lo menos un juicio de lesa humanidad, los poderes del Estado han puesto en marcha diferentes mecanismos para la reapertura de las causas, y, a partir de esta nueva experiencia que conllevó nuevos obstáculos, se fueron esgrimiendo diferentes estrategias para su superación. El principal obstáculo fue y sigue siendo la dilación de la causas, primero por las propias defensas de los acusados, pero también porque las denuncias comenzaron a desentrañar una red de complicidades dentro de la propia estructura del Poder Judicial.

Por ello, en el año 2009 se conformó la Comisión Interpoderes con la participación de los tres poderes del Estado, para resolver en forma conjunta las dificultades que se suscitan en estos procesos. En este año la Corte Suprema a través de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, la Cámara Federal de Casación Penal, el Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia, la Procuración General de la Nación a través de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, vienen discutiendo sobre los escollos que siguen emergiendo en los juicios.

Es en este marco de trabajo donde se visualizaron situaciones de suma gravedad, en donde querellantes y testigos, en sus declaraciones en los juicios orales, han sido revictimizados.

Como ejemplo, en la causa "De Marchi, Gustavo Modesto y otros s/ Homicidio agravado p/el concurso de dos o más personas y Privación ilegal de la libertad agravada" conocida como "CNU" que se viene sustanciando en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Mar del Plata, el propio imputado De Marchi se encuentra ejerciendo su propia defensa técnica, y fue habilitado a realizar él mismo el interrogatorio a los testigos en vez de hacerlo a través de su codefensor.

En este sentido, y como ya fue puesto de manifiesto como respuesta a esta misma situación, existe abundante normativa sobre el trato de víctimas y testigos en los juicios que investigan graves hechos contra la humanidad. La Cámara Federal de Casación Penal, a través de la Acordada 1/2012 (1) , delineó las Reglas Prácticas para "facilitar el debido cumplimiento de las funciones jurisdiccionales y posibilitar una mayor dinámica y operatividad a las normas procesales en vigor ..." ; y entre ellas la Regla Quinta "Tratamiento de testigos" que claramente exhorta a los jueces a la no revictimización de los mismos.

A su vez, a nivel internacional es vasta y larga la producción de reglas para que los crímenes más complejos que han afectado a la humanidad no se vean truncados de ser investigados por diferentes obstáculos. Así encontramos los "Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder" (2) de 1985, el "Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes)" (3) de 1999, el "Protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas- testigos en el marco de procesos judiciales" (4) de 2011, las "100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad" de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, a su vez adheridas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la acordada 5/2009 entre otros.

Señor Presidente, en los últimos meses hemos sido testigos de expresiones y posturas que intentan la suspensión de los juicios que investigan los atroces crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar. El Estado a través de todos sus organismos trabaja comprometidamente para que estos procesos conduzcan a la verdad y justicia que se reclama, siempre a través del sistema legal que es fortalecido por el ordenamiento internacional. Hemos observado a través de estos años cómo fueron surgiendo nuevos obstáculos para la dilación de los juicios. No podemos permitir que todos los esfuerzos que se realizan para que los mismos sean llevados a cabo en el respeto absoluto de las garantías constitucionales, se tornen violatorios de los derechos (nuevamente) de las víctimas y testigos.

Es por ello que pido me acompañen en el presente proyecto de declaración.