La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio al bloqueo que el Sindicato de Camioneros realizó en la planta de impresión y centros de distribución de diarios y revistas en la madrugada del día miércoles 4 de noviembre de 2009.

Señor presidente:

Un grupo de trabajadores del gremio de camioneros, liderado por Hugo Moyano, quién además es Secretario General de la C.G.T., protestaron en las plantas de impresión y los centros de distribución de los diarios Clarín y La Nación, en el barrio porteño de Barracas.

Bajo el reclamo de mejoras gremiales referidas a salarios y al traspaso de choferes a dicho gremio, los manifestantes se presentaron en las plantas impresoras de los diarios mencionados y también en los centros de distribución, impidiendo con su accionar violento y durante varias horas, la normal circulación de diarios y revistas en todo el país, pasada la medianoche del día miércoles 4 de noviembre.

Un grupo de sindicalistas alineados con Moyano, se trasladaban en aproximadamente 30 autos particulares de una planta de impresión a otra buscando cerrar los portones para, de esa manera, impedir la salida de los diarios impresos para su posterior distribución.

En ese contexto, que no hace más que recordar los viejos episodios de violencia y coerción, los guardias de seguridad de los accesos aseguran haber sido víctimas de amenazas e intimidaciones del estilo "cerrá el portón que estamos de paro" o "no te metas si no te querés comer un tiro".

Según informe del diario La Nación, se realizó la denuncia al 911 de la Policía Federal, pero no hubo respuesta. De la misma manera, el diario Clarín radicó su denuncia en la Comisaría Nº 30 y las empresas de distribución hicieron lo propio. La única presencia policial que se presentó fue un patrullero que desviaba el tránsito y dos policías de custodia que no intervinieron.

Lamentablemente no es la primera vez que ocurre este hecho, en 2008, tanto los diarios como los lectores fueron rehenes de estas maniobras no solo violentas sino también antidemocráticas. En aquella oportunidad, varios fueron los sectores sociales y políticos que repudiaron idénticos hechos.

Nos referimos a los bloqueos llevados a cabo el 25 de noviembre de 2008, situación que motivó que declaráramos nuestro repudio a través de un proyecto de declaración (expte. 6573-D-2008) y que solicitáramos informes al Poder Ejecutivo Nacional al respecto (expte. 6635-D-2008).

Desafortunadamente dicho pedido de informes nunca fue respondido, por lo que hoy nos vemos nuevamente, obligados a renovar nuestra declaración de enérgico repudio ante este nuevo atentado a la libre circulación de los diarios y revistas, a la libertad de prensa, al derecho ciudadano de recibir información, lo que supone un atentado contra el derecho humano de libertad de expresión.

Las medidas adoptadas violentan normas constitucionales tales como el derecho prioritario a la libertad de expresión, consagrado asimismo en el Pacto de San José de Costa Rica que, en su artículo 13 punto 3, expresa: "no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

Esta medida arbitraria y autoritaria tomada por el sindicato camionero, parece seguir un correlato con muchos otros ataques y cuestionamientos que ha sufrido la prensa argentina durante el presente año.

De igual forma nos sumamos a la condena realizada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y coincidimos en que es "necesario contextualizar la acción cometida en el marco de agresión y hostilidad a la prensa que se viene registrando en nuestro país".

Ataques como estos a la libertad de prensa, mediante manipulaciones violentas y prepotentes, hacen daño a la Democracia y alteran el normal funcionamiento de las Instituciones de la República y de los derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional, los que deberían ser resguardados prioritariamente por el Estado Nacional.

Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto.