La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación y más enérgico repudio a las recientes declaraciones públicas efectuadas por el intendente de la localidad de Lonquimay, Provincia de La Pampa, Sr. Luis Rogers, en las que defendió la existencia y las actividades de los cabarets en dicha localidad.

Señor presidente:

El Sr. Luis Rogers, intendente de la localidad de Lonquimay, Provincia de La Pampa, expresó su concreta oposición al cierre del cabaret "Good Night", lugar que funciona en dicha localidad y que fuera denunciado por una joven víctima como un local destinado a la explotación sexual. A fin de fundamentar su negativa, acorde recogieron varios medios periodísticos con fecha del 22 de octubre del corriente año, el mandatario manifestó que tal espacio brinda "contención espiritual" a jóvenes y viajantes, y que "mucha gente que está sola va y puede tener un rato de esparcimiento". Esto ocurre, según su relato, "en muchos lugares del país y del mundo". Aseguró que se asesoró con "un policía" que le explicó que "los cierres de los cabaret provocan clandestinidad, tráfico de drogas y trata de menores". Advirtió, asimismo, que si el Concejo Deliberante de Lonquimay avanza con el cierre del lugar, vetará la decisión.

Como uno de los Poderes del Estado, este Honorable Congreso de La Nación Argentina, haciendo uso de su responsabilidad institucional, debe pronunciarse categóricamente, con el más enérgico y absoluto rechazo a tan irresponsables expresiones, máxime considerando el carácter de funcionario público de quien las emite, y que no hacen más que promover el desarrollo de lugares que, habilitados como cabarets o whiskerías, son en realidad y en muchos caso prostíbulos donde se facilita la trata de personas para la explotación sexual. Es decir, espacios en los que, aprovechando su fachada legal, se consuman actividades delictuales denigrantes hacia el ser humano.

No puede desconocerse el aberrante negocio que se viene perpetrando mediante la explotación de mujeres, que son ilegítimamente

trasladadas de una provincia a otra, para ser explotadas sexualmente en prostíbulos y es imperioso que se tomen decisiones políticas contundentes que pongan límites al funcionamiento de este tipo de lugares. Sólo así se podrá combatir la esclavitud, la servidumbre, la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, tal como lo exigen los artículos 6to. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8vo. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 6to. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Estos delitos atentan contra la dignidad humana.

Es sabido que los ilícitos vinculados con la trata de personas constituyen un desafío fundamental y de crucial importancia en el área de los derechos humanos y la aplicación de la ley. Lamentablemente, todos los días mujeres, hombres y niños son obligados a permanecer en lugares donde son explotados, privados de sus derechos humanos más elementales, siendo víctimas de amenazas contra su persona y/o familia, padeciendo asimismo denigrantes condiciones de vida. Este tipo de sucesos derivan en una industria criminal que, desgraciadamente, se encuentra en franco crecimiento.

Por lo expuesto, repudiando cualquier acto que facilite la consumación de actividades tan repugnantes a la vigencia de los derechos esenciales de las personas, solicito que mis pares acompañen con el voto afirmativo al presente Proyecto de Declaración.