La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe a esta Honorable Cámara los motivos en los que se basó para efectuar el reparto de fondos para obras públicas entre las provincias argentinas toda vez que se observan claras inequidades las cuales afectan gravemente a millones de argentinos.

Señor presidente:

Según lo analizado en un informe publicado recientemente por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la cantidad de dinero destinada a inversiones en infraestructura o en compra de bienes de capital del Estado mostró en los últimos años un elevado grado de disparidad entre las provincias argentinas, el cual no responde a una racionalidad económica.

El análisis de lo ocurrido, provincia por provincia, entre 2003 y 2011 detallado en el informe, revela, entre otros temas, que los recursos destinados a obra pública en Santa Cruz llegaron a superar 23 veces a los destinados a la jurisdicción que ocupa el último lugar del listado, que fue Buenos Aires.

Más allá de que la diferencia en la densidad de población influya en la comparación de fondos per cápita, las conclusiones elaboradoras por los economistas Marcelo Capello y Gustavo Diarte advierten que tal grado de diferencia no es explicable por ese factor.

A su vez, el documento señala que la falta de una discusión de fondo de la distribución automática por coparticipación fue acompañada en los últimos años de hechos que dejaron más espacio para la discrecionalidad. Tal es el caso del tope para el Fondo del Conurbano, que afecta la participación relativa de la provincia de Buenos Aires, o el de la creación de impuestos que son coparticipables en baja proporción, como el de débitos y créditos bancarios, que se suma a la resignación, en los años 90, por parte de las provincias, del 15% de la masa compartible de impuestos nacionales para financiar a la Anses.

Si bien la comparación indicada entre las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires son por demás elocuentes, cabe en este punto agregar lo que sucede en jurisdicciones más pobres en cuanto a los recursos propios donde la inversión real directa (IRD) medida per cápita puede triplicarse en una respecto de otra, tal como ocurre entre Formosa y Corrientes. Y entre las provincias de ingresos más altos y baja densidad poblacional se dan casos como el de Santa Cruz, donde los fondos por habitante para el financiamiento de obras son más del doble que en la vecina Chubut.

De acuerdo con los datos recopilados por el IERAL, en el peródo analizado, en Santa Cruz la IRD fue de $ 76.216 per cápita en el período analizado. Le siguen Chubut, con $ 33.542, y San Luis, con $ 33.399. En el otro extremo, la provincia de Buenos Aires muestra una cifra de $ 3343, en tanto que la segunda con inversión más baja es Mendoza ($ 6576) y la tercera resulta Córdoba, con $ 6753, seguida de muy cerca por Santa Fe, con $ 6769.

Con lo aquí mencionado podemos concluir que se observa una amplia dispersión entre provincias según el nivel de dependencia del envío de fondos que, al no condecirse con los índices de la realidad socioeconómica de cada lugar, deriva en inequidades.

Es debido a lo señalado hasta este punto, entre otros muchos datos aportados por el informe, que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional informe a esta Honorable Cámara los motivos en los que se baso para efectuar el reparto de fondos para obras públicas entre las provincias argentinas de la forma descripta ut supra.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.