La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

EXPRESAR NUESTRO REPUDIO Y PREOCUPACIÓN POR LA PERSECUCIÓN QUE RECIBEN LOS CIUDADANOS QUE APOYAN AL JUEZ CAMPAGNOLI POR EXPRESIONES VERTIDAS VÍA LA RED SOCIAL TWITTER.

Señor presidente:

La libertad de expresión es un principio rector humano, la base fundamental para las construcciones democráticas de nuestras sociedades modernas. Es también un derecho humano, que está contemplado en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incluso en nuestra Constitución Nacional. La legislación vinculada a la temática es profusa, por lo cual el marco teórico-legal es extenso y abundante. "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección." (1)

En este contexto queremos traer a consideración la noticia que es de público conocimiento vinculada al caso Campagnoli.

Los periódicos informan que la fiscal sucesora de Campagnoli, quien investigó a Lázaro Báez, Cristina Camaño, recibió twitts que la fustigaban e insultaban, y vinculó estos hechos a la causa Campagnoli. Hizo la denuncia y la fiscal Dupuy solicitó al Jefe de la sección Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que obtenga información sobre los usuarios de la red social. Así se elevó el pedido de colaboración a Homeland Security de EE.UU. (Ministerio creado después del 11 de septiembre del 2001 para delitos graves) para identificar a los ciudadanos que hostigaban a Camaño.

Estos ciudadanos recibieron el 16 de junio una notificación de información de la oficina legal de twitter (requerida por Homeland Security). Dos propietarios de las cuentas cotejadas, integrantes del equipo de Campagnoli, presentaron un habeas corpus preventivo y averiguaron que el punto de partida de la investigación era de la fiscal Camaño. Si bien la investigación se frenó, es preocupante el antecedente que genera esta situación.

Por lo expuesto queremos dejar sentado nuestro repudio al avasallamiento de derechos humanos como la libertad de expresión. El Estado Nacional deber ser garante de los mismos y promover su cumplimiento. La idea persecutoria, con fines políticos, que se intenta instalar en la sociedad lesiona las instituciones, avasalla los derechos y desmantela los avances y logros históricos de los luchadores, idealistas y ciudadanos de nuestro país.

Por los motivos señalados, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto.