La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su reconocimiento y distinción al Representante Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas, Embajador Sacha Sergio Llorenti por su destacada labor en favor de la elaboración y aprobación de la Resolución A/RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que establece los "Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana".

Disponer el otorgamiento por parte de la H. Cámara de Diputados de la Nación de un Diploma de Honor al alto funcionario reconocido.

De forma.

Señor presidente:

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó el 10 de septiembre pasado, la Resolución A/RES/69/3194 de la Asamblea de Naciones Unidas, "Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana", que nació de una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y que fue impulsada por el G-77 más China.

Como es de público conocimiento, la norma fue aprobada por una abrumadora mayoría de 135 votos positivos, frente a solamente 42 abstenciones y 6 votos negativos. En términos generales el instrumento ratifica la soberanía de los Estados para fijar su propia agenda de desarrollo, incluida la reestructuración de su deuda; reconoce la necesidad de reformular la actual estructura financiera internacional desalentando los ataques especulativos y preserva el principio de inmunidad de jurisdicción y ejecución, como derechos de los Estados nacionales, ante los tribunales internos extranjeros.

Este documento, que limita el accionar de los denominados fondos buitre en los procesos de reestructuraciones de deuda soberana, lo hace a través de una serie de principios que dan marco a un sistema legal multilateral.

Como todo proceso de negociación de esta naturaleza se ha tratado de un trabajo colectivo de un numeroso conjunto de funcionarios de distintas nacionalidades. Entre ellos consideramos pertinente destacar el rol que cumplieron en particular a dos protagonistas que trabajaron con tenacidad y convicción para obtener este resultado. Nos referimos al Embajador Sacha Sergio Llorenti, Representante del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas y a la Representante Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas, María Cristina Perceval.

En este sentido, es interesante señalar que, antes de llevarse adelante la votación, el embajador de Sudáfrica, Kingsley Mamabolo, presidente actual del G77 + China, presentó el proyecto de resolución y felicitó a su par

boliviano, Sacha Llorenti, por su "liderazgo y conducción" al frente del Comité Especial que elaboró el documento.

En respuesta a la crisis provocada por los denominados "fondos buitre" en la economía argentina y la de otros países del mundo, en 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió conformar el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana. El comité tiene su origen en la Resolución 68, aprobada en la Asamblea General de la ONU del 9 de septiembre de 2014, que subraya la especial importancia de hallar una solución oportuna, eficaz, completa y duradera al problema de la deuda de los países en desarrollo a fin de promover su crecimiento económico inclusivo y su desarrollo.

El mismo Sacha Llorenti, explicó que la nominación de Bolivia para presidir el Comité de la ONU se hizo por etapas. Primero fue sugerida por el bloque de América Latina y el Caribe. Después se propuso la moción entre los miembros de la directiva y luego se puso a consideración del Comité, que eligió a Bolivia por aclamación. Es la primera vez que la ONU crea un Comité de esta naturaleza

Este Comité empezó a trabajar en enero de 2015 y su presidencia fue encomendada a la representación boliviana. Tras meses de labor, el comité aprobó "nueve principios" sobre dicha reestructuración. Para alcanzar este objetivo, resultó fundamental el aporte de Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, quién destacó que "gracias a la Argentina se ha logrado poner como uno de los temas centrales de la agenda internacional la necesidad de cambiar la arquitectura financiera internacional".

Tales principios marcan un momento muy importante en la historia del organismo internacional, pues se trata de la primera vez que desde la ONU se intenta regular el endeudamiento de los países. En cierto sentido, se puede decir que está naciendo uno de los más importantes contrapesos a la actual visión de la deuda, expresada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es necesario destacar que el G-77 más China es el Grupo de estados más numeroso de la Organización de Naciones Unidas. Cuando se fundó contaba con 77 miembros, ahora tiene 134. Esto significa más de dos tercios de los miembros del organismo. La Presidencia del cuerpo político más alto dentro de la estructura organizacional del Grupo de los 77, rota según una base regional (entre África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe) y es ejercida por un año en todos los Capítulos. El Estado Plurinacional de Bolivia ejerció la Presidencia del Grupo de los 77 en Nueva York por el año 2014. En ese marco, la presidencia del G-77 implica la conducción de ese bloque de países. Bolivia representó a 134 países, coordinó sus posiciones, negoció a nombre de ellos. Unas 60 resoluciones de la ONU fueron presentadas por Bolivia a nombre del grupo y fueron negociadas con el resto de los países bajo la conducción de ese país, encabezada por Sacha Llorenti. Todo esto expresa la confianza de los países del Sur en el liderazgo y capacidad de Bolivia para representarlos en los más importantes foros de la diplomacia multilateral.

Claramente se ha consolidado un reconocimiento del grupo que logró desmantelar el discurso y la práctica neoliberales y que va construyendo nuevos paradigmas de desarrollo. Bolivia asumió la presidencia del G-77 en un momento clave, en medio del debate de la nueva agenda de desarrollo del sistema de Naciones Unidas y de las negociaciones sobre Cambio Climático. En esa dinámica, el liderazgo del presidente Evo Morales logró, no cabe duda, relanzar y darle una dimensión protagónica al G-77.

En la Declaración Final del G-77 mas China realizada en el Estado Plurinacional de Bolivia en el 2014, ya había fijado en el ítem N° 17 que "(...) cada país tiene el derecho soberano de decidir sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, teniendo presente que no hay una fórmula que sirva para todos". También señalaban en el apartado 131° que "Afirmamos la necesidad de reformar la estructura financiera internacional, de manera que tengamos un sistema financiero y monetario que refleje las realidades del siglo XXI, incluido un sector financiero internacional debidamente reglamentado que reduzca y desestimule las inversiones especulativas, a fin de que se puedan movilizar los mercados de capital para alcanzar el desarrollo sostenible, y de que esos mercados desempeñen un papel constructivo en la agenda mundial para el desarrollo." Y añadían en el

párrafo N° 128 que " (...) En los últimos tiempos, ha surgido una nueva preocupación relacionada con las actividades de los fondos buitre. Algunos ejemplos recientes de las acciones de los fondos buitre en los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter altamente especulativo. Esos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para los países en desarrollo, como para los países desarrollados. Por consiguiente, reiteramos la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional". El documento de la Cumbre cerraba afirmando que "135 apoyamos el examen de la posibilidad de crear un mecanismo intergubernamental de las Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General, como entidad responsable de supervisar el funcionamiento del sistema económico y financiero mundial de forma integral y sostenible. Es fundamental que este mecanismo supervise el impacto de determinadas corrientes y políticas financieras internacionales que son sistemáticamente importantes para prevenir la propagación de las crisis económicas y financieras entre los países."

Esta fue la repuesta del G-77 mas China en la cumbre de Santa Cruz de la Sierra a la ilegítima arremetida de los fondos buitres que luego tuvo su correlato, bajo el fuerte impulso del Gobierno Argentino y Sacha LLorenti, en el seno de Naciones Unidas.

Muchos países desarrollados se opusieron a tratar este tema en la Asamblea General de la ONU y preferían hacerlo en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ésta interesada estrategia se debe a que en la Asamblea General cada país está en igualdad de condiciones con respecto a cualquier otro, cada Estado tiene un voto; esto no sucede en el FMI, donde los países desarrollados tienen mayor poder de decisión. Pese a eso, el G-77 más China se mantuvo firme y planteó un proyecto de resolución para el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Esta histórica resolución no solo ataca las raíces del problema de la deuda, sino que revitaliza la labor de la

Asamblea General. Los países del Sur hicieron prevalecer sus intereses más allá de las presiones.

Sin embargo, el grupo conducido por Sacha LLorenti, también se pronunció y tuvo participación sobre otros asuntos fundamentales, como es el caso de las Islas Malvinas, a favor de la posición de restablecimiento del diálogo para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía, tal como propone la República Argentina. Bajo el liderazgo del diplomático boliviano, la vitalidad y el trabajo han convertido al Grupo en gestor de una serie de hechos políticos y sociales que se orientan a favor de un sistema internacional más justo y equitativo. Los países miembros de América Latina, África y Asia consideran que es clave. Además se trabaja sobre otros temas necesarios como el posicionamiento en contra del bloqueo a Cuba; se participará de los debates de la ONU sobre la agenda de desarrollo pos 2015, incluyendo el desarrollo sostenible y el cambio climático. El G-77 también ha expresado su repudio, por ejemplo, al espionaje estadounidense. Se trata de una serie de cuestiones que se trabajan conjuntamente desde una perspectiva que busca y contempla hechos diplomáticos, políticos y sociales en el marco de la democratización del sistema internacional en pos de un mundo multilateral.

También el Gobierno argentino, quien lideró políticamente la iniciativa, celebró la aprobación en la ONU de los nueve principios para reestructurar deudas soberanas y subrayó muchas veces que "los gobiernos tienen como obligación principal responder a las necesidades de su pueblo, pero en esta oportunidad Argentina no solamente ha ejercido su responsabilidad con los compatriotas sino que ha ejercido su responsabilidad solidaria con el resto de los pueblos".

Llorenti señaló que el tema de los buitres era vetado en Naciones Unidas, y valoró el esfuerzo realizado por el G-77 de los últimos años por darle a un debate de este tipo de temáticas en el seno de la ONU y otros organismos. Además consideró que la resolución en cuestión "no es meramente declarativa, sino que se está lanzando un proceso para la construcción de un mecanismo legal vinculante, para la reestructuración de deuda soberana, que transformará cómo se organiza en términos financieros el planeta". Esta resolución "tiene que ver con esa toma de conciencia de un vacío legal

global, y de la conciencia colectiva de la mayoría de los Estados, del peligro que representan los fondos buitre no solo a las finanzas, sino al crecimiento, al desarrollo y a los derechos humanos", subrayó Sacha Llorenti. El diplomático boliviano también dijo que Argentina con su lucha contra los Fondos Buitres ha mostrado al mundo que existe la posibilidad de construir conjuntamente una alternativa en la arquitectura financiera mundial.

Siguiendo expresas instrucciones del Gobierno, la embajadora argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Cristina Perceval, realizó una silenciosa pero efectiva tarea diplomática bregando, como facilitadora de estas negociaciones, para alcanzar el mayor número de aliados posibles. No menores fueron las presiones que debió soportar en el juego de intereses que están involucrados en este tipo de proyectos, señalando que "fueron cinco meses de mucho trabajo (desde la presentación del proyecto), pero también de extorsiones y presiones que hemos podido superar, dada la importancia de contar con un marco legal multilateral para orientar la transparencia y equidad de los procesos de reestructuración de deuda soberana y frenar el accionar especulativo y predador de los buitres".

La Embajadora argentina recordó que la Presidenta de la Nación definió claramente el desafío: "no se trata de un problema económico, financiero o jurídico, sino la convalidación de un modelo de negocios a escala global y una forma de dominación mundial en base a la especulación, para poner de rodillas a los países y a los pueblos".

Los siguientes son los nueve puntos que componen los "Principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas", aprobados por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

Un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores.

El principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca de las condiciones de la reestructuración.

El principio de la transparencia debe promoverse para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana.

El principio de la imparcialidad exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción o ambos.

El principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de reestructuración de la deuda soberana.

El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva.

El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana se deben respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración.

El principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos.

La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana.

Finalmente queremos rescatar las palabras de la Presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner cuando, aludiendo a la aprobación de esta Resolución, señalaba, "Compatriotas: muchas veces los gobiernos tienen como obligación principal responder a las necesidades de sus pueblos y así siempre debe ser. Pero en esta oportunidad y con motivo de la resolución que se acaba de aprobar, hoy, en Naciones Unidas, referida a los principios generales, que deben regir - a nivel global - para la reestructuración de las deudas soberanas, Argentina no solamente ha ejercido su responsabilidad frente a sus compatriotas, sino que también la Argentina ha ejercido su responsabilidad solidaria, frente al resto de los pueblos y también de responsabilidad política frente al orden económico global."

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.