El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1°.- Cualquier persona física o jurídica de derecho público o privado puede presentarse, en calidad de asistente oficioso, en toda causa judicial, individual o colectiva, que revista interés público, o en la que se encuentren comprometidos derechos de incidencia colectiva. Su participación se limitará a expresar una opinión fundamentada sobre el tema en debate. La presentación puede realizarse en cualquier instancia judicial con anterioridad al auto del juez que ordena la presentación de alegatos, si correspondiere, o al pase de las actuaciones a sentencia.

ARTÍCULO 2º.- Las opiniones o sugerencias del asistente oficioso tienen por objeto ilustrar al tribunal y no tienen ningún efecto vinculante con relación a éste. El asistente oficioso no reviste calidad de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que corresponden a éstas. Su actuación no devengará honorarios, no está sujeta al pago de costas, tasas u otros gravámenes y no requiere patrocinio jurídico.

ARTÍCULO 3º.- El tribunal interviniente debe dar un único traslado a las partes de las presentaciones de los asistentes oficiosos, como única sustanciación previo al dictado de la sentencia. El traslado suspende el llamamiento de autos para sentencia, en su caso. Las partes pueden contestar el traslado en el término de CINCO (5) días, o en el plazo menor que establezca el juez según las características del proceso. La no contestación no produce efecto jurídico alguno.

ARTÍCULO 4º.- El asistente oficioso debe constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal.

En caso de que se presente un informe especializado, se deberá acompañar un informe detallado que explique la metodología utilizada y la información de respaldo para confeccionar el informe.

ARTÍCULO 5º.- En caso de acreditarse fehacientemente que la presentación de un asistente oficioso tienda a obstaculizar la marcha normal del proceso judicial, el juez puede ordenar sin más trámite y por resolución fundada, el desglose de aquella presentación. Esta resolución podrá ser recurrida por recurso de reposición o apelación. El recurso debe tramitar por incidente que no suspende el curso del proceso principal.

En caso de que se interponga el recurso de apelación o de reposición con apelación en subsidio, éste será concedido con efecto devolutivo y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 incs. 2 y 3 del CPCCN. En ningún caso el expediente podrá ser remitido a la instancia superior.

En caso de que el recurso de apelación sea resuelto con posteridad al dictado de la sentencia en el expediente principal, el traslado previsto en el art. 3 tendrá lugar en la segunda instancia, en caso de que alguna de las partes interponga el recurso de apelación contra la sentencia del expediente principal.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

A través de este proyecto, pretendemos regular y facilitar la presentación de amicus curiae en las causas judiciales que tramitan en cualquier instancia judicial con anterioridad a que las actuaciones pasen a sentencia.

Este proyecto ha sido presentado en el año 2004 (927-D-2004) y en el año 2006 (1801-D-2006). En ambas oportunidades fue discutido y dictaminado conjuntamente con dos proyectos presentados por el Diputado Vanossi (Órdenes del Día 259/2004 y 1948/2006).

La propuesta de este proyecto está basada en los proyectos que he presentado con anterioridad e incorpora algunas de las modificaciones sugeridas y aceptadas por las Comisiones que dictaminaron sobre los proyectos anteriores.

1. El Amicus Curiae

Se llama amicus curiae a una presentación ante el Tribunal donde tramita un litigio realizada por un tercero ajeno a la disputa, que tiene interés en la resolución final del litigio, a fin de ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para la sustanciación del proceso en torno a la materia controvertida.

Esta institución tiene como principal objetivo otorgar la posibilidad de participar a las personas, grupos o asociaciones interesadas en la discusión judicial de cuestiones de interés publico, reforzando de este modo el principio republicano de gobierno. Además, al otorgar la posibilidad de fundar las decisiones judiciales en argumentos públicamente ponderados constituye un factor suplementario de legitimidad de las actuaciones del Poder Judicial.

En este sentido, el amicus curiae tiene una doble función: a) aportar al tribunal bajo cuyo examen se encuentra una disputa judicial de interés publico argumentos u opiniones que puedan servir como elementos de juicio para que aquel tome una decisión ilustrada al respecto; b) brindar carácter publico a los argumentos empleados frente a una cuestión de interés general decidida por el Poder Judicial, identificar claramente la toma de posición de los grupos interesados, y someter a la consideración general las razones que el tribunal tendrá en vista al adoptar y fundar su decisión (conf. Martín Abregú y Christian Courtis, "Perspectivas posibilidades del amicus curiae en el derecho argentino", en La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales locales, Martín Abregú y Christian Courtis compiladores, CELS, Editores del Puerto, 1997).

Según Carlos Nino, el amicus curiae es un instrumento útil para abrir canales de participación y fortalecer la representación de grupos motivados por un interés público en la toma de decisiones judiciales (Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1992).

Es importante tener en cuenta que la presentación no produce perjuicio alguno a las partes, ya que el presentante se limita a manifestar su opinión por escrito. Si los argumentos esgrimidos favorecen a alguna de ellas, nada impide la presentación de otros asistentes con argumentos distintos. Tampoco tiene entidad para demorar o entorpecer el proceso, desde que los jueces no deben expedirse sobre todos los argumentos traídos por el presentante.

Por el contrario, Krislov afirma que este instrumento constituye una "valiosa función subsidiaria mediante la introducción de variaciones sutiles del principal argumento o alegaciones emotivas o aún cuestionables que pueden traducirse en una decisión exitosa pero que son demasiado peligrosa como para ser propuestas por el principal litigante" (The amicus curiae brief: from friendship to advocacy" Yale Law J. T 72 pag. 721).

El principio iura novit curia no constituye un obstáculo para la viabilidad de esta propuesta toda vez que este principio no puede ser visto como una descripción de un estado de cosas, ni tomado como presunción que no admita prueba en contrario. Es difícil sostener que el juez conoce efectivamente todo el derecho. Sobre todo, esta afirmación resulta excesiva en lo referente a la interpretación de los tratados internacionales toda vez que no existe norma alguna que obligue la publicación de los casos y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de ninguno de los organismos.

Se trata entonces de una disposición procesal conforme a la cual el juez puede apartarse del principio dispositivo en materia de fundamentación normativa y sostener una decisión invocando normas jurídicas que no fueron mencionadas por las partes. No se refiere al conocimiento efectivo del derecho por parte de los jueces sino a la posibilidad de acudir a normas distintas a las alegadas por las partes (Martín Abregú y Christian Courtis, ob. cit.).

Por su parte, en el documento denominado "Una Corte para la democracia" -elaborado por distintas organizaciones no gubernamentales-, se identifican algunos de los problemas más graves que afectan el funcionamiento de la Corte Suprema. En el capítulo referido a los obstáculos a la participación de la ciudadanía en la búsqueda de la justicia, se sostiene que "En numerosos casos, las cuestiones en debate no conciernen solamente a las partes involucradas en el proceso, sino que la decisión de la Corte puede afectar el interés público. Por ello, el debate hacia el interior del proceso que busca 'hacer justicia' en el caso particular, debe ser lo más amplio y participativo posible, de modo de aportar al juez la mayor cantidad de perspectivas y argumentos para que forme su convicción. Un proceso que restrinja la participación a las partes directamente involucradas debilita el debate interno del juicio" (participaron en la elaboración del documento citado la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Unión de Usuarios y Consumidores).

Además, en el sentido propiciado en el presente proyecto, se consideró que "Existen diversos mecanismos que brindan la oportunidad a la ciudadanía para aportar su visión sobre el problema en examen y sobre su posible solución jurídica. Uno de estos mecanismos es el amicus curiae, que consiste en la presentación de un documento por parte de un tercero experto ajeno a las partes, que aporta al juez una perspectiva adicional. Esta ampliación de los argumentos jurídicos debatidos en el proceso es un mecanismo de participación ciudadana que vuelve la búsqueda de la justicia una actividad colectiva, no circunscripta a la decisión del juez y a los argumentos de las partes. Además, la oportunidad de agregar estos amici al expediente opera como mecanismo de control al propio tribunal que no podrá pasar por alto argumentos que le fueron acercados por actores de la comunidad, individuos u organizaciones no gubernamentales de reconocido prestigio en la ciudadanía."

En el ámbito internacional, las Cortes Europea e Interamericana reciben amici tanto en el ejercicio de sus respectivas funciones consultivas como en el caso de ejercicio de su función jurisdiccional.

En efecto, el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 62.3 establece que "el Presidente podrá invitar o autorizar a cualquier persona interesada para que presente su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Si la solicitud es de aquéllas a que se refiere el artículo 64.2 de la Convención, lo podrá hacer previa consulta con el Agente."

En nuestro ordenamiento interno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sancionó la Acordada 28/04. En ella, destacó la importancia del amicus curiae como instrumento de participación ciudadana en la administración de justicia.

En la Acordada mencionada, la Corte afirmó "Que como un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia, el Tribunal considera apropiado que, en las causas en tramite ante sus estrados y en que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se autorice a tomar intervención como Amigos del Tribunal a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión del asunto."

La Corte agregó "Que, en efecto, en el marco de las controversias cuya resolución por esta Corte genere un interés que trascienda al de las partes y se proyecte sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático, debe imperar un principio hermenéutico amplio y de apertura frente a instituciones, figuras o metodologías que, por su naturaleza, responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitución Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo."

Por estas razones, la Corte Suprema dispuso "Autorizar la intervención de Amigos del Tribunal. " Como es claro, esta norma tiene un alcance limitado en tanto se aplica sólo a la Corte Suprema.

Por su parte, la ley sobre inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros ante los tribunales argentinos, Nº 24.488 prevé el instituto que aquí se propicia. Establece su artículo 7 que "En el caso de una demanda contra un Estado extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho ante el tribunal interviniente, en su carácter "amigo del tribunal".

La Ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires también regula la intervención de asistentes oficiosos ante el Tribunal Superior. Esta norma que ha sido considerada para elaborar este proyecto de ley.

Además, existen distintas causas en las que se admitió la intervención de asistentes oficiosos en los procesos judiciales. Este instituto fue analizado en la decisión de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en la causa ESMA, del 18 de mayo de 1995. Este Tribunal consideró a la institución del amicus curiae como un aporte del Derecho Internacional de los derechos humanos: "la intervención del 'amicus curiae' se considera comprendida dentro del art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los reglamentos de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Entre otros casos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros organismos de Derechos Humanos de La Plata, en julio de 2001, pidieron a la jueza Servini de Cubría ser tenidos como amicus curiae en el proceso de extradición del represor Alfredo Astiz a Italia, en su carácter de organismos de derechos humanos, con una larga trayectoria en nuestro país y en el exterior, a favor de la realización de una justicia efectiva por los crímenes de lesa humanidad acaecidos durante la última dictadura militar.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.