La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse a la Jefatura de Gabinete, para que a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos respecto a los Planes: "Jefes de Hogar" e "Ingreso social más trabajo"

- ¿Cuál es el monto planificado para este plan por el Gobierno Nacional?

- ¿Cuál será el criterio de selección de sus beneficiarios?

- ¿Cuál ha sido el criterio con el que el Gobierno Nacional bajó a los Municipios del G.B.A. que días atrás anotaron potenciales beneficiarios? (Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, J.C. Paz entre otros)

- ¿Cuál fue la modalidad, los horarios, la publicidad previa que se le dio a la inscripción de los aspirantes?

- ¿Qué área del Ministerio de Desarrollo Social estaría a cargo de la ejecución de este Programa?

- ¿Cuál sería el organismo que monitoreará tanto la distribución del beneficio, las asignaciones familiares como así también las obras o acciones que realicen las cooperativas?

- ¿Cuáles son los proyectos que desarrollarán esas cooperativas?

- ¿Dónde se registra la información sobre estas actividades?

- ¿Qué organismo se hará cargo de aportar los componentes materiales, maquinarias o herramientas para estos proyectos?

- ¿Qué planificación de proyectos, obras y cooperativas han elevado los municipios para ser beneficiarios de este plan?

- ¿Cuál es el criterio de distribución del Gobierno Nacional en cuanto a la cantidad de cooperativas o beneficiarios por municipio?

- ¿Cuál es la exigencia del Gobierno Nacional en cuanto a la rendición de cuentas, transparencia y realización de padrones?

- ¿Dentro de la inscripción de los potenciales beneficiarios se desagrega por mano de obra calificada de acuerdo al proyecto o no?

Se solicita información acerca de:

Cantidad de beneficiarios del Plan Familia

Organismo responsable, organismo de monitoreo

Distritos donde habitan los beneficiarios, detallando en cada uno de ellos quien ha sido el organismo estatal u organización social, que se encargó de la distribución.

14. Todo otro dato que pueda contribuir a esta problemática.-

Señor presidente:

Los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) acerca del destino de los fondos que el Gobierno Nacional destina a la ayuda social muestran la discrecionalidad y la irregularidad en la entrega de partidas sociales tal como lo muestra el informe del diario La Nación del Domingo 25 de Octubre de 2009.

Por definición las políticas sociales intentan dar respuesta a aquellos sectores sociales que se encuentran excluidos del sistema para posibilitar su inclusión plena. Pero, esta implementación de recursos debe contar con la transparencia necesaria para el acceso igualitario a los beneficios de los mismos. La información transparente garantiza la posibilidad de acceso a los beneficios sociales de los legítimos destinatarios de dichos planes, mediante los controles institucionales, judiciales, políticos, etc. De allí que tal trasparencia resulta una necesidad imprescindible de la misma legitimidad de su otorgamiento.

Según la ley de presupuesto, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para el 2010 es de $14.000 millones para atender a 2 millones de familias y a 3,73 millones de niños.

Sin entrar a discutir lo pertinente de dicha asignación es imprescindible enfatizar las dificultades que se evidencian en el reparto legítimo de esos fondos, toda vez que entran en juego un complejo de intereses que podrían incluso desvirtuar su finalidad. Así, es innegable y de público conocimiento la existencia de grupos de acción política con diversas metodologías como los grupos piqueteros y la existencia de múltiples intereses locales. Esta puja por el control y manejo de los mismos desvirtúa de hecho la finalidad primordial de la ayuda financiera socavando incluso la institucionalidad republicana eje de nuestro sistema de gobierno. De allí que resulta imprescindible limitar la discrecionalidad de su otorgamiento, y evitar al máximo la posibilidad de su utilización con fines clientelares. Es que la implementación de estas políticas sociales en forma focalizada y sin la debida publicidad resultan coherentes con las prácticas mencionadas.

Por el contrario, la implementación de políticas universales, cómo el Ingreso Ciudadano a la niñez aseguran el acceso a las mismas de los sectores de la población que requieren dicha inclusión, combatiendo de plano la posibilidad de su utilización clientelar.

Actualmente, la potencialidad de transparencia que podría brindar la tecnología informática se ve anulada. La ausencia de una base de datos unificada, confiable y accesible para dar un grado satisfactorio de publicidad y control resulta coherente con una ausencia de voluntad política al respecto, más que con cuestiones operativas. Según la AGN no existe una base de datos única en cuanto a "la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social, por lo que resulta dificultoso el seguimiento de la ayuda brindada por la misma, a fin de evitar la superposición de subsidios a una familia o comunidad".(Resolución: Nº72 AGN)

Asimismo, otras irregularidades evidenciadas en los informes de la Sigen respecto a los planes sociales son:

falta de rendición de cuentas: informes realizados en Río Negro: sobre el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (Informe de Auditoría Nº 02/2009), Salta (Informe de Auditoría Nº 01/09) donde queda demostrado que los municipios no rinden cuentas de los fondos girados.

ausencia de padrones: no existen padrones que den cuenta de la población asistida o por asistir en relación con la entrega de vales alimentarios. Provincia de Buenos Aires (Informe de Auditoria Nº 2.)

Según el diario "La Nación" en un artículo periodístico del 25 de Octubre del corriente año el lanzamiento del Plan "Argentina Trabaja", con la intención de crear 100.000 puestos de trabajo para los cooperativistas evidenció un manejo discrecional de fondos entre intendentes y dirigentes de cooperativas. Los intendentes se encontrarían por un lado condicionados por el Ministerio de Desarrollo Social y por el otro por los grupos piqueteros que les exigen paquetes cerrados de planes, bajo amenaza de conmocionar los distritos. Los montos a abonar a los cooperativistas son inciertos ya que el Gobierno anunció que llegará a $1500 por mes mientras que distintos intendentes oscilan cifras de $1300 - $1200 (Lomas de Zamora, José C. Paz, Almirante Brown) Los jefes comunales no han recibido aún datos respecto al monitoreo del programa que promete el Ministerio de Desarrollo Social.

Por otro lado el diario Clarín también del 25 de Octubre de 2009 hace referencia a la queja pronunciada por aquellos piqueteros que se encuentran fuera de la órbita oficialista referida a los repartos discrecionales de los fondos destinados al plan antes mencionado.

En este marco de descreimiento de la aplicación de políticas sociales, es que consideramos necesario la aclaración de los puntos antes mencionados.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Resolución.