La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través del organismo que corresponda informe a esta Cámara respecto de la importación de gas y combustibles líquidos y los subsidios destinados al sector energético, detallando datos específicos sobre:

Monto global de los subsidios erogados por el Poder Ejecutivo Nacional para la importación de gas natural, gas natural licuado (GNL) y combustibles líquidos en el período 2009-2012;

Monto global de los subsidios destinados por el Poder Ejecutivo Nacional a la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) para la financiación de la importación de gas natural por redes proveniente de Bolivia durante el período 2009-2012;

Monto global de los subsidios destinados por el Poder Ejecutivo Nacional a la empresa Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad Sociedad Anónima (CAMMESA) para la financiación de la importación de combustibles líquidos durante el período 2009- 2012;

Monto global de los subsidios destinados por el Poder Ejecutivo Nacional a la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) para la financiación de la importación de gas natural licuado durante el período 2009-2012;

Monto de los subsidios previstos en el Presupuesto General Anual de la Administración Pública en el año 2013 para atender las necesidades de importación de gas natural, gas natural licuado (GNL) y combustibles líquidos y niveles de ejecución alcanzados en el cuatrimestre enero- abril de 2013;

En lo que respecta a las operaciones de importación de gas natural licuado (GNL) a través de las terminales portuarias de Ingeniero White y Escobar, informe sobre:

Cantidad de operaciones de buques metaneros licitadas entre 2009 y 2012;

Detalle de las empresas con las que se han contratado cargas en las licitaciones efectuadas entre 2009 y 2012;

Detalle de las empresas con las que se han contratado servicios de operaciones marítimas en relación a las cargas de gas natural licuado en la terminal portuaria de Ingeniero White entre 2009 y 2012;

Detalle de las empresas con las que se han contratado servicios de operaciones marítimas en relación a las cargas de gas natural licuado en la terminal portuaria de Escobar entre 2011 y 2012;

Detalle de los costos erogados por Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en todo lo relacionado con las operaciones de servicios marítimos en la terminal portuaria de Ingeniero White entre 2009 y 2012;

Detalle de los costos erogados por Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en todo lo relacionado con las operaciones de servicios marítimos en la terminal portuaria de Escobar entre 2011 y 2012;

Cantidad de operaciones de buques metaneros licitadas para el año 2013;

Detalle de las empresas con las que se han contratado cargas en las licitaciones efectuadas en 2013;

Detalle de las empresas con las que se han contratado servicios de operaciones marítimas en relación a las cargas de gas natural licuado en la terminal portuaria de Ingeniero White en 2013;

Detalle de las empresas con las que se han contratado servicios de operaciones marítimas en relación a las cargas de gas natural licuado en la terminal portuaria de Escobar en 2013;

Detalle de los costos previstos por Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en todo lo relacionado con las operaciones de servicios marítimos en la terminal portuaria de Ingeniero White en 2013; y

Detalle de los costos previstos por Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en todo lo relacionado con las operaciones de servicios marítimos en la terminal portuaria de Escobar entre 2011 y 2012

Participación de YPF S.A en lo que respecta a la operatoria de contratación de gas natural licuado realizada por ENARSA para el año 2013; y

Participación de YPF S.A. en lo que respecta a la operatoria de contratación de gas natural por redes proveniente de Bolivia realizada por ENARSA para el año 2013.

Señor presidente:

La República Argentina ha basado sus políticas energéticas en los últimos 20 años en la maximización de la extracción de hidrocarburos, con escasa o nula reposición de reservas, a lo cual se ha sumado que nos transformamos en país exportador de petróleo y gas. Las consecuencias han sido nefastas, ya que, de tener unos 30 años de reservas de gas y unos 25 de petróleo en 1990, hoy tenemos reservas para 8 y 10 años respectivamente.

A lo cual se debe agregar que en 1998 alcanzamos el pico de extracción petrolera y en el 2004 de extracción gasífera y desde ese momento, no han habido procesos de inversiones suficientes para recuperar las reservas necesarias para no poner en peligro nuestro abastecimiento. En definitiva, hemos perdido la autosuficiencia y en materia de gas hoy debemos importar el 25% de las necesidades diarias del fluido.

Asimismo, persisten en el sector hidrocarburífero y eléctrico problemas estructurales de falta de inversión que se han acumulado; en materia de energía eléctrica hoy es muy claro con una fuerte desinversión en redes de distribución, mientras que, entre 2008 y 2012, fue el Estado y no los privados, el que encaró ampliaciones de transporte eléctrico que se necesitaban con urgencia en la red (unos 10.000 km de líneas de extra y alta tensión se construyeron en los últimos años).

Ciertamente, el hecho que el Estado se haya visto forzado a encarar inversiones más que necesarias en el sector transporte de electricidad, contrasta con la opacidad y falta de transparencia del esquema normativo regulador heredado en materia de electricidad que, en lo concreto, erosionó la capacidad de planificación e intervención del Estado en la materia y la puso a disposición del incremento de la rentabilidad de los operadores privados.

Por otra parte, a un año de la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A.- que estaban en manos de Repsol- , la situación operativa de la compañía sigue siendo crítica en términos de desempeño en extracción de gas y petróleo y en el balance general de utilidades, situación que ha sido motivo de un proyecto de resolución de pedido de informes que se ha presentado en trámite separado.

Simultáneamente a esta situación de estancamiento en la que se encuentra la empresa, se han producido dos hechos que han agravado aún más la traumática coyuntura.

Por un lado, la seria afectación operativa de la refinería de Ensenada, provocada por las inundaciones de comienzos de abril de 2013, cuya intensidad desbordó la capacidad de contención y canalización de fluidos del sistema de seguridad, a resultas de lo cual se produjo el incendio en una de las principales estructuras de destilación de la planta. Piénsese que esta refinería es responsable por el 25% del total de combustibles líquidos que se vuelcan al mercado y representa casi el 50% de la capacidad de producción de YPF. Actualmente, se estima que el proceso para recuperar la capacidad de refino al 80% aproximadamente, demandará no menos de 60 días, con la necesidad entonces de adoptar medidas de contingencia para superar esta situación crítica.

Por otro lado, y como consecuencia de la anterior situación, YPF debería importar por lo menos 50% más de combustibles líquidos en relación al año 2012. Durante el año pasado, la empresa importó aproximadamente el 10% de su producción, lo cual le insumió alrededor de $1.000 millones de dólares, a lo que habría que sumar unos $800 millones para el año en curso. En este sentido, es importante señalar que YPF es responsable por la mitad del total de las importaciones de combustibles líquidos realizadas en 2012, que totalizaron unos $2.200 millones de dólares. (1)

Asimismo, se encararán otras medidas adicionales, como la compra de combustibles líquidos a otras operadoras (posiblemente Oil, Petrobras y Axion), la exportación de variedades de crudo más pesados (como el tipo Escalante de la cuenca del Golfo San Jorge) y la maximización productiva de las operaciones en las refinerías de Luján de Cuyo y Plaza Huincul. Nótese que, luego de casi cinco años, y por una cuestión coyuntural crítica, se decide exportar crudo al sólo efecto de tratar de recomponer caja. De esta manera, la excepcionalidad como norma de formulación y ejecución de decisiones se emparenta con la arbitrariedad y la falta de una mirada integral y sistémica del problema, ya que lo que hay que hacer- siempre- es resolver el apuro que plantea la coyuntura a partir de la agudización de la crisis.

En este contexto, y al son de la intensidad de las pujas interministeriales sobre el rumbo de la política energética nacional, continúa en forma persistente el deterioro del déficit comercial energético. Si tomamos en cuenta que 2011 cerró con una brecha comercial- diferencia entre exportaciones e importaciones de energéticos- en torno a los 2.900 millones de dólares, la situación siguió deteriorándose en 2012, con un déficit de la balanza comercial energética que orilló los 3.000 millones de dólares. Ello marca claramente que la problemática de dependencia de los mercados externos para el abastecimiento de combustibles líquidos se ha tornado estructural. (2)

Por su parte, los pronósticos para 2013 no son nada alagueños, ya que se estima un déficit total que estaría entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares (3) , lo cual es la consecuencia directa del mayor drenaje de fondos públicos destinados a la cobertura de las crecientes importaciones de combustibles líquidos, gas natural y gas natural licuado (GNL), cuyas necesidades son la contracara perfecta de la agudización y cronicidad de la pérdida de autoabastecimiento energético, que se perfilaba como amenaza cierta hacia 2009, se comenzó a concretar en 2011 y no deja de crecer en el último bienio con proyecciones de aumento de la brecha alarmantes.

Un reciente informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre la ejecución del gasto y el monto de los subsidios económicos erogados por el Estado nacional para la cobertura de adquisiciones de insumos, bienes y servicios de un conjunto de sectores claves de nuestra economía, muestra que, en el primer trimestre del año 2013, se ha registrado un aumento del orden del 38,3% en el total de subsidios económicos en relación al mismo período de 2012 (4) .

Sin embargo, lo más relevante de esa cifra es que el 58 % de los recursos erogados en el primer trimestre- unos 12.044 millones de pesos sobre un total de 20.732 millones- corresponden al sector energético, que no para de crecer, ya que ese valor representa casi un 60% más que el registrado en el primer trimestre de 2012. (5)

Este último dato es relevante si se tiene en cuenta que, hacia fines de 2012, el Gobierno nacional parecía retomar la senda de la baja gradual de subsidios a los servicios eléctricos y de gas domiciliario a partir de la decisión de aumentar los montos de los cargos fijos de las facturas de ambos servicios a los efectos de destinar ese aumento a un Fondo Fiduciario para obras de infraestructura.

Por el contrario, los datos del primer trimestre de 2013, muestran que los montos volcados a la empresa CAMMESA para financiar las importaciones de combustibles líquidos destinadas a las centrales termoeléctricas para la producción de electricidad, aumentaron un 69,3% en relación a 2012, totalizando unos 6.546 millones de pesos. Por su parte, la cifra destinada a ENARSA para financiar la importación de gas natural proveniente de Bolivia y de gas natural licuado (GNL) por barcos, creció un 79% en relación a 2012, totalizando unos 3.586 millones de pesos. (6)

Otro aspecto interesante de estos datos, es que durante 2013 la Administración nacional está aumentando los niveles relativos de ejecución presupuestaria de los subsidios en relación a 2012. Esta situación se aprecia en la comparación interanual del primer trimestre. En efecto, mientras que en el primer trimestre de 2012, se había ejecutado un 17,9% de los subsidios económicos destinados al sector energético, en 2013, el nivel de ejecución se ubica en el 28,5%, lo que significa una variación interanual del 59,3%. (7)

Finalmente, la situación de deterioro global del sector energético queda aún más expuesta si se tiene en cuenta que, mientras buena parte de los subsidios económicos destinados a distintos sectores de la economía suben por la escalera en el comienzo de 2013, los flujos de fondos para el área energético lo siguen haciendo por ascensor. Nótese que, en el área de transporte público- el otro gran sector aspiradora de fondos-, se ha ralentizado el ritmo de crecimiento de los subsidios destinados a Aerolíneas Argentinas y a los servicios de trenes y subtes, mientras que se ha registrado una brusca baja de más del 30% en los montos destinados a infraestructura de transporte. (8)

En este contexto, y sumado al preocupante escenario de aumento incesante de recursos públicos destinados al sistema energético, se han conocido informaciones diversas vinculadas al manejo por parte del Gobierno nacional de las operaciones de licitaciones para la contratación de las cargas de gas natural licuado (GNL) que provienen del exterior a través de buques metaneros que descargan el producto en las terminales portuarias de Ingeniero White, en Bahía Blanca y en Escobar.

En efecto, las referidas informaciones tienen que ver con dos cuestiones puntuales que son cruciales en toda la ingeniería de la operatoria de provisión de gas natural licuado.

Una de ellas está vinculada al rol de ENARSA en la estructuración y management de la operatoria importadora; es de público conocimiento, que el pago de los fondos destinados a la cobertura de estas operaciones de importación se realiza a través de la mencionada empresa creada en noviembre de 2004 por iniciativa del entonces Presidente Néstor Kirchner. No obstante ello, hacia fines de 2012, autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura e Ingresos Públicos y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, informaron que, a partir de 2013, YPF S.A.- conducida por Miguel Galuccio- sería la empresa responsable por la contratación- a cuenta y orden de ENARSA- de las cargas de gas natural licuado (GNL) y de la realización de las licitaciones para la cobertura de las mismas durante el año 2013. (9) En ese marco, las contrataciones de combustibles en el exterior, del gas natural proveniente de Bolivia y del gas natural licuado (GNL) por barcos, estarían ya bajo la órbita del Director de Comercio Internacional y Transporte de YPF, Alejandro Luccheta, muy cercano al Director de Refinación de la compañía, Carlos Alfonsi. (10) Desde allí, entonces, deberían encararse las licitaciones para la contratación de las cargas de GNL, aunque no hay precisiones ni sobre la integración de estos equipos técnicos ni tampoco en relación a las modalidades de contrataciones que se estudian.

La otra cuestión, está referida a toda la operatoria de servicios marítimos portuarios y de logística en las terminales de Ingeniero White y Escobar, ya que en los últimos meses han trascendido preocupantes informaciones sobre la supuesta existencia de sobreprecios (11) en la prestación de los mencionados servicios en las operaciones de importación de gas natural licuado (GNL). Esta situación ha trascendido tanto de fuentes de la misma empresa YPF S.A., como de ENARSA, cuyo Presidente- Exequiel Espinosa- renunció el 10 de mayo del corriente año en forma muy sugestiva y en simultáneo al conocimiento público de estas informaciones. En este sentido, es aún más preocupante que estos rumores se originen del seno de la Subgerencia General de la empresa, a cargo del Dr. Juan José Carbajales, muy cercano al Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof.

Ligado a todo ello, ya a comienzos de 2012, habían comenzado a producirse relevos importantes en distintas áreas de la empresa ENARSA, lo cual podría estar vinculado a la puja de espacios de poder y de intereses concretos en relación al manejo de esta millonaria operación crucial en la presente coyuntura para garantizar el suministro de gas en el mercado interno. (12) En concreto, el mencionado Carbajales fue designado en ENARSA en enero de 2012 y, durante el transcurso del año, se produjeron salidas de funcionarios de confianza del Presidente de la compañía, Exequiel Espinosa- de reconocida cercanía al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido- que han sido reemplazados por otros supuestamente vinculados a Axel Kicillof. Así, en junio de 2012, el que fuera Gerente de Administración de la compañía, Ricardo Cabrera, fue reemplazado por el sociólogo Gastón Ghioni, encolumnado en La Cámpora y ligado al Viceministro de Economía. Al compás de estas pujas de poder, quien hasta hace poco fue Presidente de Enarsa, Espinosa, habría creado una infraestructura ad hoc llamada Enarsa Servicios (13) para vehiculizar el control de un conjunto de operaciones y proyectos no vinculados a las licitaciones de gas natural licuado y de gas natural proveniente de Bolivia, como una respuesta a las decisiones tomadas por Carbajales. Todo ello, como se aprecia, es de una gravísima opacidad institucional y, por cierto, reafirma un tipo de gestión que es lesiva a los intereses públicos y de la Nación, amén que deben investigarse hasta sus últimas consecuencias las prácticas administrativas, de compras y de contrataciones de Enarsa que acumularía importantes retrasos en pagos de liquidaciones a una cantidad importante de proveedores por diversos servicios prestados.

En el marco de estas sospechosas desprolijidades, veamos algunas cuestiones puntuales que están directamente relacionadas con las decisiones que se adoptan en lo atinente a la importación de gas y que estimamos merecen una perentoria explicación del Poder Ejecutivo Nacional.

En lo que respecta a la operatoria de las licitaciones de gas natural licuado (GNL), un aspecto no muy visibilizado de la gestión de la crisis energética, ha sido la decisión del gobierno nacional, a fines de 2012, de contratar unas 30 cargas de gas natural licuado (GNL) por un monto de 1.500 millones de dólares- de las más de 80 previstas para 2013 en orden a paliar el déficit en el suministro de gas- con la empresa Gas Natural Fenosa (14) , que tiene a Repsol como uno de sus principales accionistas y al mismísimo Antonio Brufau, CEO de Repsol, como su actual Vicepresidente. Ello, de no revisarse, supondría encarar una transacción comercial con una compañía que tiene, entre sus accionistas, a la empresa que hoy está en abierta disputa con la Argentina a partir de la expropiación. ¿ Puede sostenerse esta decisión, aún desde la política permanente de la improvisación y el corto plazo para morigerar los efectos de la crisis energética? Más aún, este tipo de decisiones nos obligan a preguntarnos si, efectivamente, no se está abonando el terreno para un posible acuerdo con España para concluir con el conflicto por YPF. Pero como todos estos aspectos nunca pasan por el tamiz de la transparente comunicación pública por parte del Gobierno nacional, nos parece prioritario exigir una rendición de cuentas sobre todo lo actuado.

Otro aspecto de las operatorias mencionadas, tiene que ver con el tipo de contratos y con las empresas proveedoras del gas como de aquellas que son responsables por la logística de las operaciones marítimas y portuarias.

En relación a los contratos, la Argentina realiza las importaciones de gas natural licuado (GNL) a través de licitaciones que son lanzadas en plazos muy perentorios, lo cual hace que se terminen contratando cargas en el mercado spot, es decir, a precios regulados por la oferta y demanda del producto en el momento en que se realiza la transacción. Esto es relevante, ya que, si la Argentina lograra cerrar contratos de provisión de gas natural licuado (GNL) de mediano y largo plazo- como ocurre con otras naciones del mundo como España o Japón- ello redundaría en precios más accesibles. De hecho, en las condiciones casi ruinosas en las que se realizan las transacciones en la actualidad, nuestro país paga entre 17 y 20 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica de medida), mientras que, bajo contratos de más largo aliento, podría pagar sustancialmente menos, entre 8 y 10 dólares por millón de BTU. (15)

En lo que respecta a las empresas con las que Argentina realiza las operaciones, hay dos tipos de situaciones muy complejas que deben abordarse. Por un lado, el vínculo que nuestro país tiene con la empresa de origen texano, Excelerate Energy (16) , que es la responsable por la operación de los buques metaneros que transportan las cargas hacia las terminales de Ingeniero White y Escobar. Ante la gravedad de la crisis de suministro y dado que no se pueden dilatar los tiempos cuando se contratan operatorias de gas natural licuado (GNL) por barcos, la Argentina decidió, desde el año 2012, que el barco regasificador contratado a la mencionada empresa, quedara amarrado durante el invierno a los efectos de acelerar los tiempos de carga y descarga del producto. Esta onerosa y particular operación, le demandaría al Estado argentino alrededor de 130.000 dólares por día para asegurar el amarre y la cobertura de todo el procedimiento de descarga, transformación y reinyección del gas que se hace a través de los dos barcos regasificadores que están en Bahía Blanca y Escobar. Es decir, que el mantenimiento en puerto de cada barco demanda unos 60.000 dólares por día. Asimismo, y ligado a este procedimiento- a todas luces ruinoso desde el punto de vista financiero- nos preguntamos por el adecuado cumplimiento de las condiciones de seguridad operativa de estas estructuras móviles, como así también los riesgos involucrados para la seguridad medioambiental y física de las zonas portuarias concernidas y de las áreas urbanas cercanas. (17)

Por el otro, se debe poner el foco en las operaciones marírimas de alije, seguros y logística de las embarcaciones, que, hasta fines de 2012 y simultáneamente al conocimiento de supuestos sobreprecios en toda la operatoria, eran realizadas por Maítima Meridian S.A (18) .

Esta agencia marítima, propiedad de la familia Samarin, realiza las operaciones de entrada a puerto de las embarcaciones y cobraría aproximadamente unos 80.000 dólares por cada barco con GNL, monto que sería erogado en partes iguales por las empresas vendedoras y por Enarsa. Ello se suma, ciertamente, a los montos arriba mencionados, por lo cual sería fundamental conocer los costos globales asociados al manejo de un proceso integral de recepción, carga, descarga, transformación y reinyección de gas, más aún teniendo en cuenta que la Argentina sigue operando con este tipo de estructuras móviles, sin contratos a mediano o largo plazo y en un marco de falta absoluta de transparencia.

En concreto, si se toman en cuenta tanto los costos de las operaciones de los buques regasificadores como de las maniobras de servicios marítimos y logística portuaria, la Argentina estaría erogando entre 450.000 y 550.000 dólares por día por todo concepto en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, mientras que, según consta en la información que estudia la propia YPF bajo la conducción de Galuccio, en países como Brasil esos mismos costos no superan los 250.000 dólares por día de operación, mientras que en Europa se manejan, incluso, costos más bajos. (19)

Es por ello que, en conocimiento de esta situación, desde la misma YPF se habría decidido encargar al Ingeniero David Tezanos- Gerente de Comercialización de Gas de la compañía- la confección de un concurso para modificar radicalmente las actuales condiciones de comercialización y la ingeniería financiera y logística de la importación de gas natural licuado (GNL). Es decir que, el reconocimiento oficioso de la "denuncia velada" sobre la existencia de sobreprecios, se traduciría en el cambio de la agencia marítima responsable de la logística de los buques metaneros y de los dos barcos regasificadores. (20)

Téngase en cuenta que, sólo en 2012, nuestro país ha desembolsado más de 2.665 millones de dólares (21) para la cobertura de esta operatoria de importación de gas natural licuado (GNL), mientras que, para el 2013, se realizará- como informamos anteriormente- una contratación récord de 83 cargas, lo cual implicará que los montos erogados sean todavía mayores. Estas cifras son alarmantes, más si se tiene en cuenta que durante 2012, el país importó gas y combustibles líquidos por un monto cercano a los 9.266 millones de dólares (22) , lo que significa que casi un 30% de esa erogación se destinó al gas natural licuado (GNL) y a toda la estructura necesaria para su procesamiento. (23)

Finalmente, durante 2013, la importación total de gas y combustibles líquidos podría demandar entre 13.000 y 15.000 millones de dólares, de los cuales, unos 4.000 millones- casi el 30%- podrían destinarse al financiamiento del gas natural licuado (GNL) y toda la estructura de procesamiento. (24)

Por todo ello, y en referencia a la importación de gas y combustibles líquidos y a los subsidios destinados al sector energético, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.