La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la no intervención en los asuntos internos de la Provincia de Tucumán y específicamente a aquellos que se vinculan al Poder Judicial de dicha provincia.

Invitar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para que deje sin efecto los actos que hubieren cumplido sus subordinados en violación a la independencia de poderes de la provincia de Tucumán.

Requerir asimismo al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para que en lo sucesivo instruya a sus funcionarios a fin de que no interfieran en la independencia de los poderes provinciales respetando la Constitución de la Nación Argentina y las Constituciones Provinciales.

Señor presidente:

Además de expresar nuestro más enérgico repudio a toda manifestación que intente alterar e interferir en la independencia de los poderes tanto de la nación como de cada una de las provincias de nuestro país, cualquier accionar que intente avasallar el sistema republicano y federal de nuestra nación merecerá de nuestra parte un absoluto rechazo.

Resulta grave la intervención por parte del Ejecutivo Nacional en apoyo al oficialismo de Tucumán, en mérito de obtener un poder sustentado en la ilegitimidad.

En éste sentido, es preocupante que luego del fallo en el expediente "Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable Convención Constituyente de Tucumán s/ Inconstitucionalidad" Expediente 888/2008, donde se resolvió la inconstitucionalidad de la reforma (y cuyo fundamento se cimentó en el voto del Dr. GOANE ), el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Luís Eduardo DUHALDE, contestando un pedido de informes en donde luego de indicar los cargos que desempeño el integrante de la Administración Pública provincial, entre los años 1968 y 1973 y desde el año 1976 a 1983 manifiesta: "que el juez se encuentra "inhabilitado éticamente para el desempeño de cargo de Ministro de la Corte Suprema de la Justicia de la Provincia, más allá de que sea o no probada judicialmente la comisión de desapariciones, homicidios u otros crímenes de lesa humanidad".

Es de extrema gravedad institucional, que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación además de intervenir en cuestiones propias del poder judicial y legislativo de la provincia, haya fulminado en un instante una de las mas caras garantías constitucionales como lo es la "presunción de inocencia" y que este grave episodio esté relacionado directamente con el resultado de un fallo que fue adverso a los intereses del oficialismo, (como ya se expresó) constituye un ataque a todo el sistema democrático y a las garantías constitucionales.

Por otra parte cabe hacer notar que luego del citado fallo, en la Provincia de Tucumán se prevé llevar adelante otros 32 juicios políticos a otros integrantes del Poder Judicial de la provincia.

Ante la situación descripta, el Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, también guarda silencio y nada expresa ante las manifestaciones de un funcionario a su cargo, que tiene como tarea el controlar se respeten los derechos que tan ligeramente ha vulnerado.

Esta conducta oficial, merece cuanto menos esta resolución que, procura además exteriorizar nuestra solidaridad con quienes sin estar involucrados con causales propias que funden legítimamente tamaña desmesura, y que hoy en pleno estado de derecho se ven perseguidos por funcionarios nacionales en el ámbito judicial y territorial de sus provincias.

Es sin lugar a dudas alarmante que luego de éste fallo, la legislatura de la provincia de Tucumán se disponga a efectuar 32 juicios políticos a distintos miembros del poder judicial, pero especialmente el que haya iniciado el juicio político a un ministro de la Corte provincial el Dr. René Mario GOANE que fue quien fundamentó un fallo ajustado a derecho pero, contrario a la voluntad del gobernador y por ende, del oficialismo y que se lo inicie con los argumentos vertidos por el Señor Secretario Dr. DUHALDE, quien expresa que dicho magistrado no puede ser juez porque "esta inhabilitado éticamente" pero nada se haya probado y/o reprochado en lo referente a la conducta del Dr. GOANE, que siembre sospechas sobre el accionar del magistrado.

Ante éste avasallamiento a la democracia y frente a la persecución política, distintas organizaciones de profesionales, colegios de abogados, Federaciones, ONG, etc., han expresado su repudio y han puesto en marcha acciones tendientes a la defensa del sistema republicano adoptado por nuestra nación, es mas, en varios artículos periodísticos se menciona la preocupación del Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Luís LORENZETTI por la situación de persecución política a integrantes del poder judicial de Tucumán y muy especialmente por la circunstancia que atraviesa el Dr. GOANE, también se ha sumado a estos reclamos el Dr. Leandro DESPOUY, quien se desempeña como relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial.

Del mismo modo la F.A.C.A (Federación Argentina de Colegios de Abogados) a denunciado éste episodio en un Comunicado fechado el 19 de Septiembre de 2008 emitido en la provincia de Mendoza, en dicho documento se denuncia esta lamentable situación indicando que el oficialismo de la provincia de Tucumán esta tratando de disciplinar a los jueces, contando con el apoyo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Es un deber insoslayable para cada uno de los argentinos fortalecer la república y sus instituciones, resulta una obligación para nosotros - los legisladores - denunciar los hechos que tiendan a debilitarla, vulnerarla y hasta anularla en razón de vaya a saberse que cuestiones de oportunismo político y/o que oscuros intereses personales.

No se discute en éste proyecto sobre la necesidad de esclarecer los hechos mas oscuros de nuestra historia reciente, mas allá que resulte sobreabundante decir que siempre estaremos apoyando cualquier política de estado destinada a la protección, regulación y mejoramiento de los derechos humanos en general y en particular en la política sobre la desaparición de personas que tan hondamente está enraizada en nuestra historia, pero, no resulta justo involucrar en tan atroces circunstancias a todas las personas que trabajaban en la administración publica o en el poder judicial o en profesiones relacionadas con dichas actividades por aquellos años, de ser así muchos de los funcionarios, legisladores, diplomáticos, representantes gremiales, etc. también estarían bajo sospecha, porque trabajaron en la administración pública o se desempeñaron en áreas relacionadas con los gobiernos de aquellas épocas, un razonamiento de éste tipo constituye francamente una verdadera violación a las garantía fundamentales de nuestra constitución y deviene como una afrenta a la lógica.