El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1°- Declárese el año 2020 como “Año de lucha contra la corrupción”

ARTÍCULO 2°- Dispónese que durante el Año 2020 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, y de los Entes autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar la leyenda “2020 - año de lucha contra la corrupción”

ARTÍCULO 3°- Adhesión. Invitase a los Gobiernos Provinciales, al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios a adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 4°- De forma

Señor presidente:

Siguiendo la definición propuesta por el Banco Mundial al hablar de corrupción hacemos referencia al “abuso de un cargo público o privado para beneficio propio”. Es un fenómeno complejo, multifacético, social, político y económico, que afecta a todos los países, con consecuencias y costos muy graves para el desarrollo sostenible de los mismos. Socava la legitimidad de las instituciones democráticas; paraliza el desarrollo económico, desalienta la inversión y la generación de nuevos puestos de trabajo; genera un deterioro de los ingresos fiscales; corroe la confianza pública, socava el Estado de Derecho y en última instancia, deslegitima la autoridad del Estado.

La lucha contra la corrupción esta íntegramente ligada a la transparencia y al gobierno abierto. En este sentido, desde 2016 se han implementado diversas reformas institucionales orientadas a promover una mayor transparencia, control y rendición de cuentas con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. El Gobierno de Mauricio Macri entendió que era necesario crear una arquitectura institucional, basada en la integridad y la transparencia, que reduzca al mínimo las oportunidades de corrupción y prevea mecanismos para que los futuros actos de corrupción, si ocurrieran, sean descubiertos, denunciados y juzgados rápidamente.

En este sentido y dado que la Corrupción es una problemática global, el Estado Argentino ratificó una serie de convenios con la comunidad internacional: La Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (CICC); La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; y La Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De esta manera y con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas ante la comunidad internacional se promovió una agenda institucional de reformas necesaria y urgentes y se tomaron decisiones importantes para generar nuevas leyes y reglas, modificar otras que generaban opacidad y burocratización excesivas, implementar nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia y la efectividad en el manejo de los recursos públicos (y permitir un adecuado control de su destino) y fortalecer la visibilización de las decisiones públicas a través de sus políticas de gobierno y datos abiertos.

Los avances logrados en materia de transparencia fueron numerosos y de distinta índole. En términos legislativos, se alcanzaron grandes hitos tales como la aprobación de la “Ley de Acceso a la Información Pública” y la conformación de la Agencia de Acceso a la Información”, la modificación del Código Penal conocida como “Ley del Arrepentido para los Casos de Corrupción” (Ley N° 27.304) y la aprobación de la “Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” (Ley N° 27.401).

Por otro lado, se logró el fortalecimiento de los organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General del Estado, devolviéndoles la relevancia y los recursos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo de forma correcta. En el caso de la Sindicatura General de la Nación, el gobierno mediante el decreto 72/2018 logro que cada Unidad de Auditoria Interna estuviera a cargo de un funcionario designado por el Síndico General de la Nación. Históricamente, los auditores eran designados por los ministros o responsables del área que, precisamente, debían auditar. Esta modificación les otorgó a los auditores más libertad e independencia para hacer su trabajo. El decreto también establece que el auditor no gozará de estabilidad en su cargo, podrá ser removido por Resolución del Síndico General de la Nación y deberá ser trasladado a otra auditoría tras cuatro años de gestión. En cuanto a la Oficina Anticorrupción (OA), el Gobierno encontró una Oficina Anticorrupción (OA) en estado vegetativo, que incumplía su rol de control y había sido vaciada de recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos. Así, entre sus avances más destacados encontramos el aumento de las presentaciones de las declaraciones juradas de los funcionarios de altos cargos, que pasaron de 53% de cumplimiento en 2016 a un 81% en 2018. Además, la creación de una “Red de enlaces de integridad” conformada por funcionarios y empleados de organismos estatales, cuya finalidad es conocer y difundir la normativa vigente en materia de integridad y ética pública y los canales y sistemas de denuncias existentes; colaborar activamente en la prevención de actos de corrupción; ser referente de los funcionarios y empleados públicos en el caso de dudas sobre cómo proceder o si cierta conducta constituye o no una infracción o delito; participar de capacitaciones brindadas por la OA. Ya hay alrededor de 60 enlaces en funcionamiento.

Otro gran avance en términos de transparencia está relacionado a la Modernización del Estado y al plan de gobierno abierto. El Ministerio de Modernización fue creado para impulsar las formas de gestión que requiere un Estado moderno; en particular, tecnologías aplicadas a la administración pública que acerquen al ciudadano a la gestión del Gobierno nacional. Fue creado por un decreto presidencial, al igual que el Plan de Modernización del Estado, que reconoce como principio rector del quehacer del Estado el objetivo de que el sector público esté al servicio del ciudadano. En este contexto se dio la creación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que desde 2016, lleva procesados 49,7 millones de documentos, creados por 166.000 usuarios registrados en 132 organismos nacionales, incluidos todos los ministerios. Además, se creó la plataforma de Trámites a distancia (TAD), que facilita la interacción con el Estado a empresas y ciudadanos, y ya procesó más de dos millones de solicitudes de 430.000 usuarios. La plataforma permite hacer 812 trámites. Se hizo un estudio comparativo a partir de 351.000 trámites ya finalizados y los resultados demuestran que TAD permite ahorrar más de la mitad del tiempo respecto del sistema tradicional (presencial y en papel) por mesa de entrada.

Otro camino importante para avanzar hacia un Estado transparente, que promueve la integridad y rinde cuentas sobre sus actividades, fue la recuperación de las estadísticas públicas, muchas de las cuales habían sido manipuladas, ocultadas o abandonadas en años anteriores. La publicación de estadísticas públicas exhaustivas y confiables reduce la asimetría de información entre el Estado y la sociedad civil y obliga al Estado a ponerse a prueba a través de criterios consistentes en el tiempo. El caso del INDEC es el más conocido, pero no el único.

Por otro lado, se logró la implementación de sistemas electrónicos para las contrataciones públicas que permitió un aumento de la competencia y una baja en los precios, se crearon los primeros lineamientos de buen gobierno en las empresas públicas y se lanzó la política de Gobierno Abierto de publicación de información pública. Esto se llevó a cabo a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, denominado COMPR.AR, como medio para llevar a cabo en forma electrónica todos los procedimientos prescritos en el decreto que reglamenta el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional; y CONTRAT.AR, nuevo sistema de gestión de contratos, concesiones de obras y servicios públicos y licencias, sistema que no solo es más eficiente desde el punto de vista económico y de empleo del tiempo, sino que además es una herramienta para la ciudadanía ante la que los funcionarios están obligados a rendir cuentas, ya que se ocupa del proceso de licitación de la obra pública y también del seguimiento del avance de las obras. También, en cuanto a las contrataciones del Estado, se lograron grandes avances gracias a los decretos 201/2017 y 202/17. El Decreto 201/17, prevé que todas las personas que tengan una causa judicial o extrajudicial contra el Estado nacional deberán dejarlo consignado. Las normas incorporan herramientas adicionales de control y transparencia para esos casos. Todos los expedientes deben ser publicados activamente para promover su seguimiento y su consulta por parte de cualquier persona. El Decreto 202/17, determina que toda persona interesada en participar de una contratación, obtener una concesión, una autorización o una habilitación del Estado deberá declarar la existencia o no de alguna vinculación con el Presidente de la Nación, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete, los ministros, demás autoridades de igual rango o titulares de cualquier organismo o entidad del Sector Público Nacional con competencia para contratar.

Además, en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) del Ministerio de Hacienda se fortaleció el sistema de reporte de ejecución de los presupuestos de las empresas. Al inicio de la gestión solo el 39% de las empresas mandaban sus reportes económicos y financieros mensuales a la Oficina Nacional de Presupuesto. Hoy lo hace el 100%.

Por otro lado, en 2017 se creó la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y ejerce un rol de coordinación de los organismos de control y las políticas de transparencia e integridad en el ámbito del Gobierno nacional. Una de las formas en que se manifiesta esa labor coordinada, posiblemente la más importante, es la Mesa de Integridad. La conforman, además de la secretaría, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Procuración del Tesoro, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Empleo Público y la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, y su objetivo es dar seguimiento a la implementación de políticas de transparencia e integridad en ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.

La adopción de todas estas medidas produjo grandes avances para la República Argentina en términos de transparencia e institucionalidad y en su posicionamiento a nivel internacional. En este sentido, logramos ascender del puesto 100° sobre 176 países al puesto 85° en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparency Internacional. Es la primera vez desde que existe este ránking en que la Argentina está en la primera mitad de la tabla. Además, la Argentina ascendió al puesto 17° del Índice Global de Datos Abiertos de la Open Knowledge Foundation, que analiza datos gubernamentales con foco en quince conjuntos considerados esenciales para saber cuán transparente es un Estado. En 2015 el país se encontraba en el puesto 54° de 122.

Además, uno de los hitos durante la gestión del Gobierno de Mauricio Macri ha sido el proceso de evaluación para la candidatura de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de 35 países, en su mayoría desarrollados, comprometidos con la democracia y el progreso. Además de otras métricas, la Argentina está siendo evaluada respecto de varios aspectos vinculados a la integridad pública, la transparencia y el control de la corrupción. Esta evaluación, conocida como Estudio de Integridad, involucró a más de 30 organismos oficiales, con visitas presenciales a la mayoría de ellos. Representantes de la OCDE entrevistaron en los últimos meses a decenas de funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado.

La Argentina también preside, desde diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción del G20. Las prioridades de trabajo de este grupo son las mismas que se ven expuestas a lo largo de estas páginas. En particular, los problemas de conflicto de intereses y de integridad de las empresas con participación estatal. Otros temas concernientes a la actividad de este grupo de trabajo y por lo tanto bajo supervisión directa de la Argentina son integridad y transparencia en el sector privado, sobornos, beneficiarios finales, sectores vulnerables, transparencia y corrupción en el deporte y organizaciones internacionales. En el ámbito de la Organización de Estados Americanos, la Argentina ha sido electa para presidir el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, designación que refleja el reconocimiento del liderazgo regional de nuestro país en la materia. Por último, el año pasado Argentina fue elegida, junto con Francia, Nigeria y Rumania, para liderar la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), una coalición global de funcionarios vinculados a la reforma gubernamental y líderes de la sociedad civil para formular planes de acción que tiendan a volver a los gobiernos más inclusivos respecto de sus ciudadanos, atentos a sus necesidades y listos para responder ante sus demandas. El comité directivo de la OGP se compone de veintidós miembros (once provenientes del sector público y once de la sociedad civil) y es el órgano ejecutivo encargado de desarrollar y promover los valores y los intereses de la coalición.

De esta manera, y por todos los logros mencionados anteriormente, creemos que es de vital importancia que consagremos como política de Estado la transparencia y lucha contra la corrupción. Proponemos que el año 2020 sea el año de la “Lucha contra la Corrupción”, ya que tenemos la convicción de que es una máxima que debe atravesar a todas las órbitas de la administración pública y que es algo en lo que, tanto los servidores públicos como los miembros de la sociedad civil, debemos trabajar mancomunadamente y de manera activa para poder prevenirla y velar por el buen funcionamiento de nuestro país.