El Senado y Cámara de Diputados...

MODIFICACIÓN DE LA CARTA ORGANICA DEL BCRA

Articulo 1º- Modifícase el artículo 18º inciso g) del Capítulo V de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley 24.144 y modificatorias, siendo reemplazado por el siguiente texto:

Artículo 18º inciso g): Establecer políticas financieras orientadas a los sectores productivos, a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales, por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales, en consonancia a las políticas de estímulo establecidas por el Estado Nacional;

Articulo 2º- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Señor presidente:

La limitación de la "misión primaria y fundamental" del Banco Central a la consecución del objetivo de "preservar el valor de la moneda" fue establecida en la reforma de su Carta Orgánica del año o 1992 (en el artículo 3º del capítulo I), como consecuencia de un diseño institucional que las autoridades estimaron entonces consistente con la adopción, un año antes, del régimen de convertibilidad (1991-2001).

Este régimen de política económica prohibió al Banco Central todo financiamiento de las actividades estatales y privó al sistema bancario de su rol tradicional como prestamista de última instancia. Resulta una paradoja entonces el hecho de que, para el cumplimiento de la tarea de "preservar el valor de la moneda", el Banco Central quedase privado -en tal contexto de política económica- de la mayor parte de los instrumentos usuales de política, más allá de los asociados a su rol de superintendencia de bancos en orden a preservar la salud del sistema financiero.

En el mismo contexto de ideas y régimen de política económica, la independencia respecto del Poder Ejecutivo nacional fue definida en la referida reforma de la Carta Orgánica (1992) de un modo tan extremo que excluyó toda consideración de las funciones de coordinación siempre necesarias entre la autoridad monetaria y los responsables del rumbo económico nacional. También es necesario destacar que tan radical autonomía - definida en el cuarto párrafo del artículo 3º, capitulo I, de su Carta Or- gánica- sólo pudo ser garantizada durante el breve período de la década del 90 en que el Banco Central fue privado, tal como ya se señaló, de la mayor parte de sus tradicionales instrumentos de política.

Con la caída del régimen de convertibilidad el Banco Central recuperó -dentro de limites restrin- gidos- tanto la facultad de prestar al gobierno como la de financiar al sistema bancario, además de la responsabilidad de intervenir en materia cambiaria bajo un esquema de flotación administrada del tipo de cambio. Estos relevantes cambios demandaron sendas reformas de su Carta Orgánica durante los años 2002 y 2003, que impusieron -en los hechos- tanto una visión más comprensiva de la "misión" del BCRA cuanto la necesidad de la coordinación de su accionar con las autoridades económicas nacionales.

La coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central en el desarrollo de las políticas de este último, tiene tal importancia que está legalmente especificada en diversos países de América Latina, muchas veces en la propia Constitución. Tales por ejemplo, son los casos de Colombia (artículo 371), Honduras (articulo 342), Paraguay (artículo 285) y Venezuela (artículo 318).

En otras naciones, la coordinación está asegurada por diferentes vías. Así por ejemplo, en Brasil el Banco Central depende de una junta o consejo monetario formado por el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda y el de Planeamiento. En Guatemala, la junta está compuesta por el presidente del Banco Central (Banco de Guatemala), los ministros del área económica y también representantes del sector privado y un miem- bro electo por el Congreso.

Podría pensarse que dicha coordinación no es de aplicación cuando el Banco Central goza legal- mente de autonomía, sin embargo no es así. Colombia ejemplifica el caso en que a la par de la exigencia constitucional de coordinación, la misma Carta Magna por otro lado le reconoce al Banco de la República (Banco Central) "autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio" (articulo 371). Para reputados tratadistas de ese país, la exigencia de coordinación con el ejecutivo implica que en Colombia si bien no hay independencia plena de la banca central, ello no supone subordinación al gobierno (Hernández 1997).

Por otra parte Guatemala ejemplifica el caso en que la Constitución que reconoce al Banco de Guatemala como "entidad autónoma con patrimonio propio que se rige por su ley orgánica y la ley monetaria (artículo 132), a la vez lo hace depender de una junta monetaria. La autonomía del banco es pues una autonomía operativa.

Por último, el Banco Central del Brasil ejemplifica el caso de una institución que si bien no es autónoma "de iure", si lo es "de facto", como está am- pliamente reconocido, al punto que la política monetaria de ese país está basada en objetivos de inflación (inflation targeting). Empero la meta de la política monetaria (la banda de inflación), la fija el consejo monetario.

Debe destacarse, por último, que los objetivos de política de la mayor autoridad monetaria del presente, la del Sistema de la Reserva Federal de los EE.UU., obligan a sus autoridades a "mantener el crecimiento sostenido de los agregados monetarios y crediticios de un modo consistente con el potencial de crecimiento de la economía, así como para promover efectivamente los objetivos de pleno empleo, estabilidad de precios y moderadas tasas de interés de largo plazo" ("Federal Reserve Act", Section 2 A, Monetary Policy Objectives).

Las precedentes consideraciones explican la necesidad de esta reforma, mínima y puntual, de la Carta Orgánica del Banco Central, que apunta -en definitiva- a normar con eficacia y claridad lo que, en los hechos, ha venido sucediendo de un modo imperfecto durante los últimos años. Su adopción y su coherente instrumentación serán además de gran utilidad para vertebrar de modo más transparente y eficaz los diversos campos de la política económica y social en función de la atención a los objetivos más críticos: la creación de empleo y el abatimiento de la pobreza y la indigencia.