El Senado y Cámara de Diputados...

De la suspensión de las Ejecuciones Judiciales.

Artículo 1º: Objeto. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público y tienen por objeto disponer la suspensión por el término de ciento ochenta (180) días hábiles de la tramitación de la totalidad de los procesos judiciales cuyo objeto sea la ejecución de deudas contraídas originalmente en dólares estadounidenses, con anterioridad a la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.561, cualquiera sea la instancia procesal en la que se encuentren, y en particular el acto de subasta y desalojo, en los que el objeto de la ejecución lo constituya la vivienda única del deudor y su familia. Dicha suspensión se hace extensiva a cualquier acción de ejecución por deudas conexas al proceso.

Artículo 2º: Declaración de Oficio. En todos los casos, la suspensión de la tramitación de los procesos judiciales, deberá ser declarada de oficio por el tribunal ante el cual se encuentre tramitando la causa. La resolución que declare la suspensión de la tramitación de la causa no será apelable.

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Considerando que el derecho a la vivienda digna es consagrado por el Art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, así como en los distintos tratados de derechos humanos que forman parte de ella en virtud de su Art. 75 Inc. 22. En este sentido, el Art. 25 de la Declaración Universal establece que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". El Art. 11 del PIDESC refiere que "los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento". En igual sentido, el Art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que "los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (...). Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda".

Que en este sentido, la consagración de la vivienda como un derecho se inscribe en un escenario internacional (el del derecho internacional de los derechos humanos) que despoja a la vivienda de su calidad de simple demanda moral supeditada a la buena y filantrópica voluntad de los poderes públicos, para consagrarla, desde la lógica del derecho, como un mandato vinculante que genera obligaciones jurídicas para los Estados. Es decir, el derecho a la vivienda no surge de bases morales o de simples interpretaciones teóricas; por el contrario, cuenta con un universo importante de normas jurídicas, tanto de derecho internacional como del derecho local, que establecen qué debe entenderse por vivienda y cuáles son las obligaciones de los poderes políticos, en el marco de una gestión responsable. De esta forma, se tornan explícitas las obligaciones del Estado en materia de política habitacional, así como cobran claridad los extremos que definen el déficit habitacional desde una perspectiva que rescata a la vivienda como un derecho.

Que estas previsiones contenidas en nuestra Carta Magna pone sin dudas en cabeza del Estado la responsabilidad de salvaguardar los derechos de la familia entendida como sujeto de protección. Entendemos que amén del diseño de políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda, el mandato constitucional implica la presencia eficaz del Estado para garantizar que a lo largo de la vida familiar el derecho se mantenga vigente.

Que en lo que atañe a la especial y delicada situación de deudores por créditos originalmente contraídos en dólares estadounidenses, luego pesificados por aplicación de la Ley 25.561, ejecutados judicialmente, en los que la garantía de cumplimiento de una eventual sentencia favorable a la pretensión del acreedor lo constituye su única vivienda, la protección constitucional implica invariablemente la adopción de medidas por parte del Estado que permitan arribar a una solución equitativa para aquellos que tienen la intención de pagar su deuda y aquellos que legítimamente pretenden cobrar sus créditos.

Que el Estado debe asumir la obligación que le compete en mérito a que a más de la previsión constitucional, resulta responsable de la crisis económica que azotó a nuestro país a partir del año 2.001, y que continúa hasta la fecha de acuerdo a las disposiciones que emanan de la Ley N° 26.339 (publicada en el B.O. 4/1/2008 y que prorroga la vigencia de la Ley 25.561 - Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, hasta el 31 de diciembre de 2008).

Que en su momento la sanción de la ley 25.798 tuvo como propósito instaurar un sistema que permitiría a los deudores en cuestión el pago de sus deudas y la liberación de las viviendas familiares de subastas y desalojos. Sin embargo, la realidad muestra que la herramienta prevista en la norma citada ha adolecido de eficacia en absoluto, excediendo esta exposición de motivos el análisis de las razones de tan estrepitoso fracaso.

Que es entonces, a casi siete años de la sanción de la Ley 25.561 que pesificó las obligaciones constituidas en dólares estadounidenses; a casi cinco años de la sanción de la ley 25.798 (publicada en el B.O. 7/11/2003), los tribunales argentinos siguen subastando inmuebles y desalojando familias mientras el Estado Nacional permanece impávido, resignado casi a aceptar que la situación es una consecuencia más de la crisis.

Que la presencia de deudores en la comisión de vivienda de esta Honorable Cámara de Diputados y su conmovedor alegato, alienta a los suscriptos a promover la suspensión de las ejecuciones que se trata por el término de ciento ochenta (180) días hábiles para abocarse al estudio exhaustivo y pormenorizado de la situación, caso por caso si fuere menester, y elaborar una propuesta de solución integral que lisa y llanamente permita a quienes tienen voluntad de pago cancelar sus obligaciones y recuperar la tranquilidad espiritual perdida desde hace años.

Que siendo concientes que esta no es la solución final y absoluta de la problemática que acucia a quienes se encuentran en esta situación tan grave, consideramos que es una medida inicial necesaria para evitar en lo inmediato, la privación del goce del uso de la vivienda propia a una gran cantidad de familias argentinas.

Que, finalmente, si bien la suspensión de las ejecuciones repercute en las expectativas de los acreedores, entendemos que resultando la medida necesaria a efectos de buscar y encontrar una solución que a la postre permitirá la satisfacción del crédito, sin recurrir a la instancia dolorosa de la subasta del bien, la misma será entendida y acompañada.

Por todo lo expuesto es que solicito a los Señores Legisladores acompañen este proyecto.