El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°: Derógase el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 637/2013 del 31 de mayo del 2013.

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Motiva el presente Proyecto de Ley, los fundamentos que a continuación se detallan:

1. Visto lo dispuesto por la Constitución Nacional en su Artículo 99 (Atribuciones presidenciales) inciso 3 (Decretos de necesidad y urgencia):

"Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta Comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso".

Se desprende que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 673/2013 resulta inconstitucional dada la ausencia manifiesta de "circunstancias excepcionales" que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, ya que de los considerandos del Decreto no se desprende la existencia de alguna urgencia acreditada y sustentada en hechos concretos.

2. Además hay que considerar que los afiliados, tanto obligatorios como voluntarios, de las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas (Instituto Obra Social del Ejército, Dirección de Bienestar de la Armada y Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea), quienes son los que realizan puntualmente los aportes, deberían haber tenido oportunidad de emitir previamente su opinión. Hay que tener presente que cuando las decisiones se adoptan por resolución de algún órgano de Poder Ejecutivo Nacional es obligatoria la Audiencia Pública cuando se trata de derechos de consumidores o usuarios, el resultado de dicha audiencia no es vinculante, pero sí es obligación realizarla y que puedan participar quienes se vean afectados. Por lo tanto este proceder inconsulto permite sustentar la opinión que en el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 637/2013 se ha violado el Artículo 42 de la Constitución Nacional (Protección de los consumidores y usuarios) que dispone:

"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, así como los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control".

Por otra parte conviene señalar que se debe ser muy cuidadoso con un sector que por razones de disciplina tiene muy condicionado su derecho de opinión y que carece, además, de la posibilidad de sindicalizarse y defenderse de las eventuales arbitrariedades que puedan cometer los sucesivos gobiernos, por lo cual le cabe, entre otros, a los legisladores comprender esta situación particular y actuar en consecuencia.

3. También resulta oportuno señalar que de los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 637/2013 se puede inferir la existencia de:

a. Un manifiesto desconocimiento tanto de lo que son las Obras Sociales Militares, financiadoras de salud, como de la Sanidad Militar, la que bajo determinadas condiciones actúa como prestadora de salud.

b. Una marcada ignorancia de la situación del IOSE.

c. Una profunda mala fe al citar "la vulnerabilidad recurrente para el financiamiento" cuando el origen de ella es consecuencia directa de la política salarial que para el sector ha implementado desde hace años el Poder Ejecutivo Nacional, violando en forma reiterada lo establecido por la Ley 19101, tal como lo hemos puesto en evidencia en numerosas oportunidades (Proyectos de Resolución: 3738-D-2009, 1705-D-2010, 5251-D-2010, 5290-D-2010, 1185-D-2011 y 6955-D-2012, Proyectos de Ley: 7843-D-2010 y 2934-D-2012) política salarial actualmente vigente. Mala fe puesta en evidencia de manera palmaria en el mismo Decreto ya que en el Artículo 9 -Título III (Del Financiamiento)- establece:

"El porcentaje de aportes y contribuciones establecidos en los incisos anteriores se calcula sobre el sueldo, las asignaciones básicas, adicionales, suplementos generales, suplementos particulares, bonificaciones, incentivos y sueldo anual complementario que perciba el afiliado titular obligatorio, así como cualquier otra asignación o suplemento que por otras disposiciones legales correspondan a ese personal o que en el futuro se creen, con exclusión de las correspondientes a asignaciones familiares y compensaciones por gastos efectivamente realizados" .

Con lo cual se reconoce de manera implícita varias cosas:

1) Que hay una parte "en negro" del haber mensual, conformada por las denominadas asignaciones no remunerativas y no bonificables.

2) Que para una adecuada financiación de la Obra Social creada es necesario considerar al haber total, o sea lo abonado "en blanco" y "en negro".

3) Que el desfinanciamiento de las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas (IOSE, DIBA y DIBPFA) fue una consecuencia del haber pagado durante largos años "en negro" una parte importante del haber mensual y sobre la cual no se realizaban aportes ni contribuciones, con el agravante que las mismas han debido afrontar los constantes incrementos en los costos de la salud.

4) Además resulta manifiestamente contradictorio disponer que el porcentaje de aportes y contribuciones se calcule sobre el haber total, mientras que los aportes jubilatorios se realicen solamente sobre la parte "en blanco" del mismo, con el agravante que la parte "en negro" resulta mucho mayor que la parte "en blanco".

Todo este dislate encuentra su máxima expresión en el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional del aumento salarial correspondiente al año 2012 y prometido por la Señora Presidenta de la Nación en ocasión de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas realizada el 10 de julio de 2012, proceder que muestra con crudeza el trato que recibe el personal en actividad, los jubilados y los pensionados.

Como ya he manifestado en varias oportunidades la política salarial para el sector se ha convertido en un verdadero galimatías y ha tenido un marcado efecto negativo en la situación económico financiera de las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, ahogándolas financieramente al no poder deducirse de esas asignaciones no remunerativas y no bonificables, los aportes que corresponde efectuar de las mismas, lo que ha ocasionado graves perjuicios al personal a consecuencia de las severas restricciones en las prestaciones sanitarias que impuso este torniquete financiero y del que, en algún momento, tendrán que dar explicaciones los funcionarios responsables de su implementación, resulta de la mayor importancia tener muy presente lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), ".... El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.".

4. Además y sobre él IOSE, en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 637/2013 nada se dice sobre qué medidas se adoptarán en relación a:

a. Los activos del mismo, ya que es un ente autárquico, con bienes adquiridos con sus fondos, como ser hoteles, locales, farmacias, Fondo Solidario de Emergencia, etc.

b. El personal propio del Instituto.

c. Sus servicios de bienestar, turismo, etc.

Lo señalado precedentemente pone en evidencia una vez más el grado de improvisación con que es implementada toda la política del sector.

5. En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 637/2013 se invocan los postulados tanto de la Ley 23.554 (Ley de Defensa Nacional) como del Decreto 727/2006 (Decreto de Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional) para justificar la unificación de las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, sin observar que el contenido de las mismas no menciona nada al respecto y que el uso de facilidades e instalaciones, está circunscripto a aquellas que tienen relación con la Sanidad Militar exclusivamente.

Es por todo lo expuesto, Señor Presidente, que solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.