La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1.- En base a qué pericias el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos afirmó que fue un atentado intencional la causa por la cual se detuvo el funcionamiento de una formación de trenes de la empresa concesionaria "Transporte de Buenos Aires" el día viernes 5 de septiembre pasado en las proximidades de la estación "Castelar", dando lugar a los graves hechos que son de domino público. Se requiere que brinde el nombre y calificación del perito y se identifique las actuaciones en las cuales la misma se encuentra.

2.- En base a qué fundamento sostuvo el Sr. Ministro que algunos responsables de esos hechos serían integrantes de Proyecto SUR, requiriéndosele que brinde el nombre de las personas que involucra en esos hechos y el fundamento de la afirmación según la cual las mismas habrían actuado con inspiración política del Movimiento Proyecto Sur o de Fernando "Pino" Solanas.

3.- Remita a esta HCDN copia de las actuaciones de las cuales surge la evaluación que el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos realizara atribuyendo a los daños causados por vagón el costo de un millón de dólares por vagón

4.- Remita a esta HCDN un informe detallado de las acciones realizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en relación a la protección de la integridad, dignidad derechos de los pasajeros que hacen uso del servicio que presta Transporte de Buenos Aires en el área suburbana y en esta Capital.

5.- Remita a esa HCDN las constancias de haber presentado las pruebas de sus afirmación al juzgado federal interviniente, tal como es el deber de todo funcionario público.

Señor presidente:

En día jueves cuatro de septiembre próximo pasado el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, abogado Aníbal Fernández, realizó declaraciones respecto de los hechos de violencia que tuvieron como resultado la quema de vagones del ferrocarril que explota la empresa concesionaria Transportes de Buenos Aires (TBA) y en las cuales imputaba a integrantes de Movimiento Proyecto Sur "de Pino Solanas" (sic) el haber participado con intencionalidad política en esos hechos a la vez que adelantaba la evaluación del costo de reparación de cada vagón incendiado.

Esas declaraciones son de dominio público toda vez que aparecieron en los principales diarios de esta ciudad (Clarín, La Nación, Crítica Página 12 entre otros) fueron larga y ampliamente comentadas por los medios de prensa radal televisivos del país.

No cabe aquí calificarlas en los términos que lo han hecho Ricardo Foster, Jaime Sorín, Edgardo Depetri, Humbero Tumini, Felipe Solá entre otras personas de la cultura de la política, pero sí cabe que esta HCDN se pregunte por el fundamento que las mismas hayan tenido.

Son declaraciones e imputaciones de muy grave contenido que emanando de un Ministro del Poder Ejecutivo Nacional necesitan tener un sólido y comprobable respaldo en los hechos y la documentación que los registre, para no configurar una irresponsable e inaceptable conducta funcional y política por parte de un Ministro.

A su vez esta HCDN , y el diputado que la integra en representación de los electores que votaron al Proyecto Sur por sentirse identificados con sus propuestas de contenido y metodológicas, tienen el derecho y el deber de estar adecuadamente informados sobre el eventual contenido político de actos de esa naturaleza o del grado de responsabilidad de un Ministro que, antes de iniciarse investigación judicial alguna, declara tener conocimiento de responsables, de su identidad política y de la intencionalidad de sus actos.

El Sr. Fernando "Pino" Solanas se dirigió por nota al Sr. Ministro el día 5 de septiembre de 2008 exigiéndole que haga público el fundamento de sus declaraciones y que ponga la documentación que la respalda en conocimiento del Poder Judicial. Esa nota generó la actuación administrativa Nº 52360 la cual fue derivada a la "Oficina de Asesores Unidad Ministro" y, a la fecha ha merecido "la callada por respuesta" a pesar de la urgencia que se invocaba en la misma que surge de la gravedad de los hechos y la gravedad de la imputación, lo cual es impropio de la conducta de un funcionario público, como lo es el Sr. Ministro, en un sistema republicano de gobierno.

Es por ello Sr. Presidente, que proponemos que sea esta H. Cámara de Diputados de la Nación que, en ejercicio de sus facultades constitucionales propias, requiera la información mencionada en este proyecto y que el Ministro tenga la obligación de dar al país, a esta Cámara, al Poder Judicial y a Proyecto Sur.