El Senado y Cámara de Diputados...

Otórgase Jerarquía Constitucional a la Convención Interamericana contra la Corrupción

Artículo 1°.- Otórgase jerarquía constitucional en los términos del artículo 75°, inciso 22° de la Constitución Nacional, a la "Convención Interamericana contra la Corrupción", firmada en la Tercera Sesión Plenaria de la Organización de Estados Americanos celebrada el 29 de Marzo de 1996 en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, y ratificada por nuestro país mediante Ley N° 24.759

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Señor presidente:

Señor Presidente:

Nuestra Constitución Nacional, tras su reforma parcial en 1994, ha facultado a este H. Congreso de la Nación, por imperio del artículo 75°, inciso 22°, para aprobar o desechar tratados concluidos con otras naciones, organismos internacionales o concordatos con la Santa Sede y además, ha viabilizado la posibilidad que otros tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, puedan gozar de jerarquía constitucional , debiendo contar para ello con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

En tal sentido, el constituyente ha querido imponer mayorías más que calificadas para que determinados asuntos o temas adquieran rango constitucional, mayorías que implican galvanizar la voluntad de todo el arco político argentino, en torno a temas vertebrales de la Nación.

Y a título personal, estimo que luego del decurso de más de treinta años de la plena vigencia de la Constitución y del derecho, existe en nuestra sociedad la percepción generalizada de la corrupción, como una práctica endémica al interior del Estado Argentino, y de los estados subnacionales, tanto provinciales como municipales, cuestión que debemos rescatar de la agenda social y colocarla como prioridad en la agenda política.

Algunas mediciones internacionales así lo confirman: Argentina ha obtenido 34 puntos en el "Índice de Percepción de la Corrupción 2014" que publica la organización Transparencia Internacional. Con esa puntuación Argentina empeora su situación hasta la posición número 107, de los 174 del ranking de corrupción gubernamental, puesto que sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público.

Este índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes.

Y lo peor está en orden al deterioro que la Argentina registra en dicho indicador, si tomamos por caso como año base 1995, es decir hace veinte años atrás

Todos sabemos que el incremento de la corrupción y la percepción de la ciudadanía en torno a la clase política que se ve arrastrada por hechos de corrupción, se erigen en una cápitis diminutio para el sistema democrático mismo, y por ende, en un estado de impunidad creciente, en perjuicio de la calidad de vida de los ciudadanos, si es que no existen señales claras del propio sistema político, para poner un freno a ese estado de cosas.

De allí que sin entrar de lleno en el análisis acerca del funcionamiento de los diversos estamentos y organismos que debieran actuar decididamente en la materia -Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas o la propia Defensoría del Pueblo, cargo que se encuentra vacante desde 2009- , compartimos en primera instancia que "la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos", tal como lo expresa en sus considerandos la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Argentina mediante Ley N° 24.759, y cuyo texto proponemos elevar a rango constitucional merced al presente proyecto de ley, pues nadie puede discutir que la impunidad y la corrupción afectan los derechos humanos de millones de ciudadanos que ven menguados sus derechos, en orden al usufructo de unos pocos, sobre los bienes públicos destinados al servicio de todos.

Sin ánimo de entrar en el debate acerca de la situación sobre la materia en la última década -sobre lo que podría explayarme largamente-, que nos llevaría a una disputa inconducente a partir de las irreductibilidad de las posiciones de quienes celebran el "modelo", y de los millones de argentinos que padecen la consecuencia del mismo -incluyendo las alarmantes señales de corrupción en diversos estamentos del Estado en todos sus niveles, incluso en la esfera electoral, como hemos visto en los casos de Buenos Aires, Tucumán, Catamarca y otros-; creo que el abordaje de esta problemática y la sanción de una norma como la que propongo por vía de ésta iniciativa, ante la gravedad del problema, exige además, vertebrar por cuerda separa canales que habiliten la decidida participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción, ante organismos públicos inoficiosos como he señalado precedentemente, que han sido invisibilizados por la actual gestión del Gobierno Nacional

Y de igual modo abordar la cuestión de la corrupción, exige una renovación de posiciones y un decidida actitud por parte del Poder Judicial argentino, tanto federal, como de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que deje de declamar autonomía e independencia respecto de los otros poderes, y actúe en consecuencia de las responsabilidades que han sido puestas en cabeza de dicho Poder, tanto por la Constitución Nacional como por las constituciones de los estados subnacionales.

Por los motivos expuestos, y otros que expondré al tiempo de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.