La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupación por la denuncia realizada por la Coordinadora de Trabajo Carcelario de la ciudad de Rosario, Santa Fe, el 16 de octubre de 2009 en relación a los hechos de tortura y tratos inhumanos que sufrieran personas privadas de la libertad en el pabellón B de la Alcaidía de Rosario. 2. Expresar su profunda preocupación por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en cuanto a la creación de un mecanismo nacional e independiente de control y monitoreo de la situación carcelaria.

Señor presidente:

El pasado 16 de octubre la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunció prácticas de torturas y tratos inhumanos en el pabellón B de la alcaidía de Rosario luego de que un grupo de mujeres de los presos alojados allí se comunicaran para advertirles de la alarmante situación en la que encontraron a sus maridos cuando asistieron a la visita que les correspondía el día jueves 15 del corriente mes. Tal como insiste la CTC, organización de la sociedad civil que trabaja en la defensa de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en la provincia de Santa Fe desde el año 1995, las prácticas de torturas y malos tratos son frecuentes no sólo en esa alcaidía sino en tantas otras cárceles argentinas. Algunos presos y sus familias denuncian estar sometidos a todo tipo de vejaciones tales como la falta de comida, de agua, de luz, de asistencia médica y en muchas ocasiones por miedo a represalias directamente no realizan las denuncias.

Carmen Maidagan, integrante y abogada de la CTC expuso ante la opinión pública que "cuando algunas mujeres llegaron la tarde del jueves para visitar a sus familiares presos en el pabellón B de la alcaidía, comprobaron que la mayoría de los muchachos estaban golpeados, con fuertes marcas en sus espaldas, y por eso resolvieron permanecer autodetenidas junto a ellos para reclamar un traslado y resguardar la integridad física de los hombres". Maidagan también pudo constar personalmente que "los detenidos se encontraban todos encerrados, desde el día anterior a las 6 de la tarde sin poder salir. En una celda, para dos personas, había nueve, siete detenidos y dos mujeres. El patio central, cubierto de un espeso polvo blanco, producto de los gases lacrimógenos que los detenidos nos refirieron les tiraron entre la noche y la mañana de este día. También tiraron un escopetazo. A través de los pasa platos nos llamaban desde las celdas oscuras, ya que tenían la luz cortada. No sólo los siete que estaban con las mujeres y pedían el traslado urgente estaban golpeados sino que una gran mayoría denunció golpizas por la guardia armada y una de las guardias del pabellón, y además otro tipos de tormentos, como hacerlos correr desnudos por el patio, mientras les pegan". En los próximos días presentarán las fotografías ante el juzgado de turno y ante la oficina de control que dirige el Dr. Armas, quien presente en el lugar, pudo constatar la situación. Los tormentos que los detenidos y en algunos casos sus familiares sufren en la alcaidía han sido denunciados en varias oportunidades ante instancias administrativas y judiciales por la CTC sin respuesta. Carmen Maidagan recordó la presentación de un hábeas corpus a la Justicia y una nota al ministro de Seguridad de la provincia, Daniel Cuenca, por los mismos motivos este mismo año.

Por otro lado, cabe recordar que a fines de 2004 nuestro país ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el que entró en vigencia en junio de 2006. Esta circunstancia obliga al Estado argentino a establecer o designar -en el plazo de un año- el o los mecanismos nacionales independientes para el control y monitoreo de los lugares de encierro.

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece un sistema de visitas regulares a todo lugar de detención con el objeto de prevenir la tortura y los malos tratos. Esta perspectiva se basa en la idea de que cuanto más abiertos y transparentes sean los lugares de detención, menores será los abusos que allí se cometan. Las personas privadas de la libertad se encuentran en una alarmante situación de vulnerabilidad y de indefensión ante los abusos de toda índole de los que pueden ser objetos. Abrir estos lugares al sistema de control externo, tal como lo establece el Protocolo, constituye sin dudas uno de los medios más eficaces para combatir la tortura y mejorar las condiciones de detención.

La preocupación por la existencia de torturas y malos tratos en los lugares de encierro -cárceles, institutos de menores, alcaldías, hospitales psiquiátricos etc.- es común a todas las organizaciones que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos. Permanentemente se conocen denuncias de aquellos que ven vulnerados sus derechos y no encuentran un mecanismo de defensa de los mismos. La inexistencia de vías de derecho para poder prevenir y sancionar estas prácticas o para obtener reparación y compensación frente a estos abusos ha permitido que el uso de la tortura y los malos tratos en el encierro se convirtieran en prácticas naturalizadas. La impunidad de quienes ejecutan estas prácticas aberrantes en los lugares de detención ha sido el resultado de la falta de controles que posibiliten la prevención y la sanción de la misma. Por las razones expuestas y en la necesidad de requerir el urgente cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.