La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Crear en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial Investigadora sobre el origen de los fondos de campaña de la Presidenta tras los casos de Antonini Wilson y el triple crimen de General Rodríguez.

Establecer en doce (12) el número de miembros de esta Comisión, los que serán designados por la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a propuesta de los presidentes de bloques, respetando la composición de la Cámara. Se designará un Presidente y un Secretario. La presidencia de la Comisión Investigadora corresponderá a la oposición.

La Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación proveerá la infraestructura, apoyo técnico y el personal necesario para el desenvolvimiento de sus funciones.

Son funciones de la Comisión, entre otras:

1. Dictar su propio reglamento.

2. Facultad de seguimiento de las causas judiciales que tuvieren relación con el objeto de esta Comisión investigadora, de las que tramitaran en la República como las que tramitaran en el exterior.

3. Solicitar el envío de informes escritos o de documentación correspondiente, a funcionarios gubernamentales u organismos estatales centralizados o descentralizados, de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipios, como también a entidades no gubernamentales y toda persona jurídica de existencia física y/o ideal.

4. Solicitar el envío de informes escritos o documentación correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación respecto a la causa tramitada ante el tribunal de Miami.

5. Solicitar la presentación en el seno de la Comisión a Ministros, Secretarios, Subsecretarios, o cualquier otro funcionario o ex funcionario de la administración pública a fin de informar respecto a los hechos investigados.

6. Solicitar un informe detallado de los aportes de campaña efectuados por empresas y particulares al Frente Por la Victoria en las últimas elecciones, especialmente aquellas empresas del sector salud que hoy se encuentran investigados por supuestos vínculos con actividades ilícitas provenientes del narcotráfico.

7. Investigar la utilización de fondos públicos provenientes del Estado Provincial de Santa Cruz en la campaña presidencial del Frente Para La Victoria.

8. Elevar un informe con sus conclusiones a la Honorable Cámara en un plazo de 100 días, contados desde su conformación.

Señor presidente:

La campaña presidencial del Frente Para la Victoria está siendo objeto de graves cuestionamientos en cuanto a las fuentes de financiamiento utilizadas en la misma. Básicamente las evidencias sobre el presunto financiamiento ilegal de la mencionada campaña apuntan en tres direcciones: el dinero ilegal proveniente del gobierno venezolano, los aportes efectuados por empresas del sector salud ligadas presuntamente al narcotráfico y el dinero del erario público proveniente de aportes ilegales efectuado por el gobierno de la provincia de Santa Cruz.

Con el presidente Hugo Chávez a la cabeza, los gobiernos de Venezuela y Argentina se pusieron de acuerdo para tapar el escándalo de la valija de los $800,000, declaró un testigo de la fiscalía federal, en Miami, en el juicio contra un empresario acusado de actuar como agente secreto de Venezuela. En un esfuerzo por involucrar a Chávez en la conspiración, el FBI envió una carta al mandatario en la que el hombre de la valija, Guido Alejandro Antonini, pidió $2 millones a cambio de su silencio en el escándalo que amenazaba a los dos gobiernos suramericanos.

Enviada en septiembre del año pasado a Chávez y firmada por Antonini, la carta fue preparada por el FBI y traducida del inglés al español por funcionarios de ese organismo, según declaró una traductora peruana de la entidad que la revisó.

Antonini aceptó colaborar con las autoridades federales a fin de encausar a un grupo de cinco individuos contratados por el gobierno de Venezuela para manipular su testimonio, según la acusación, sobre el origen y el destino de una valija con $800,000 que le fue confiscada a su arribo a Argentina en agosto del año pasado. No se reveló si Chávez respondió la carta, pero el abogado venezolano Moisés Maionica, testigo de la fiscalía federal, declaró que el presidente encargó de la operación a su jefe de servicios de inteligencia (DISIP), Henry Rangel Silva.

Maoinica, de 36 años, se declaró culpable de actuar como agente secreto de Venezuela junto con otros dos acusados. El empresario Franklin Durán se declaró inocente de los mismos cargos y afronta un juicio en la corte federal de Miami que arrancó en una colmada sala de audiencias. Un quinto acusado se encuentra prófugo.

La operación binacional de encubrimiento revestía una gran importancia, según lo explicó el fiscal del caso Tom Mulvihill, por cuanto se trataba de ocultar el pago secreto del gobierno de Venezuela de los $800,000 a la campaña de la entonces candidata presidencial y hoy presidente de Argentina, Cristina Fernández. Mulvihill se había cuidado de mencionar la conexión argentina en las audiencias y mociones previas al juicio, aparentemente por la crisis diplomática que suscitó su primera intervención en diciembre del año pasado cuando habló abiertamente de la campaña presidencial.

La presidenta Fernández se refirió entonces a los alegatos de la fiscalía estadounidense como "una basura".

En sus argumentos de apertura, el fiscal mencionó el episodio con el nombre de la presidenta, pero apoyándose, según dijo, en grabaciones secretas tomadas a Durán y en las cuales el empresario explicó el misterio alrededor de la valija de Antonini. Mulvihill dijo que, de acuerdo con Durán, el dinero salió de las arcas de PDVSA. Otras revelaciones durante el primer día del juicio contra Durán, comprometieron en la tapadera al presidente de la petrolera venezolana PDVSA, Rafael Ramírez y al ministro de Interior y Gobierno de Venezuela que tomó el martes posesión de su cargo, Tarek El Aissami. Maionica aseguró que Chávez estaba "molesto'' con la forma como Ramírez manejó el caso de la maleta y prefirió pasárselo al director de la DISIP, quien a su vez le pidió a Maionica, amigo personal suyo, que viajara a Miami a reunirse con Antonini. El 17 de agosto Maionica viajó a Miami y en una reunión, dos o tres días después, en el restaurante Novecentos de Brickell, analizó con Durán el plan inicial de persuasión de Antonini, según declaró. El plan consistía en convencer a Antonini de que nombrara a un abogado en Argentina para evitar su extradición a ese país donde era pedido por contrabando y lavado de dinero. De esa manera los gobiernos de Venezuela y Argentina sacarían al testigo de las manos de la justicia y podrían controlarlo, señaló la fiscalía. También se planeaba buscar una justificación convincente del ingreso de los $800,000 falsificando documentos. En la reunión se hicieron chistes de la manera "tan rudimentaria'' como se envió el dinero a Argentina y Maionica habló de su amistad con el entonces vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez.

"Conversamos [con Durán] de una estrategia para conseguir un abogado en Argentina para Alejandro [Antonini] y una vez tuviera un abogado ambos gobiernos habían acordado que el caso se cerrara para evitar que Antonini pudiera conversar sobre el verdadero destino de los dineros confiscados'', explicó Mainonica. En los argumentos de apertura, Ed Shohat, abogado de Durán, describió a Antonini como un ''extorsionador'' que pedía "intensamente'' los $2 millones, amenazaba a todo el mundo con lo que sabía y se negaba a nombrar al abogado en Argentina para mantener viva la operación encubierta del FBI.

La fiscalía sostiene que Durán se prestó para falsificar facturas en respaldo del ingreso de los $800,000. Pero Ed Shohat aseguró que Durán le aconsejó a su amigo que no era necesario falsificar ningún documento por cuanto existen facturas de un negocio que ambos habían hecho con el gobierno de Venezuela para el suministro de chalecos antibalas con motivo de la Copa América.

El fiscal Thomas Mulvihill utilizó, por primera vez en el juicio, algunos fragmentos de las escuchas que hicieron famoso este episodio. En esas grabaciones pudo escucharse con total claridad que Guido Antonini Wilson sostuvo que Claudio Uberti "le había pedido por favor que llevara la valija". En la misma grabación pudo escucharse que Ledesma, frente a la posibilidad de que el valijero vaya preso, sostiene que un arreglo político entre Kirchner y Chávez impediría esa posibilidad.

Con respecto a las razones por las cuales la valija fue interceptada en Aeroparque, Maionica asegura que el jefe de inteligencia venezolana le dijo que la valija fue incautada en Aeroparque porque el vuelo llegó tres horas tardes y eso impidió que los pasajeros entraran por la rampa militar.

En los últimos días hemos asistido al conmocionante triple crimen de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, vinculados supuestamente en el negocio de los medicamentos adulterados y de los precursores químicos. En las últimas horas hemos conocido que algunos de estos laboratorios aportaron dinero a la campaña proselitista de Fernández de Kirchner.

De acuerdo a la denuncia formulada por los diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui, entre las empresas que mas han aportado, encontramos cinco del rubro salud, a saber: Inter Medicina, Droguería Urbana, Multipharma, Bristol Park y Global Pharmacy. Sobre 104 empresas donantes, 28 están relacionadas con servicios de salud / medicina. Todas estas empresas de salud contratan habitualmente con el Estado Nacional o dependen de regulaciones y autorizaciones oficiales para operar en el mercado. En especial se destacan las prestadoras de servicios asistenciales regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud a cargo de Héctor Capaccioli - tesorero del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires -, y las empresas comercializadoras de precursores químicos, que conforman el Registro Nacional de Precursores Químicos, dependientes de la SEDRONAR.

Resulta insoslayable investigar las contrataciones y procesos adjudicatorios celebrados con anterioridad y posterioridad a la elección, para corroborar o descartar la existencia de posibles beneficios indebidos originados por la participación de las mencionadas empresas del sector como aportantes a la campaña presidencial del Frente para la Victoria.

Con respecto al dinero recibido por parte del gobierno de Santa Cruz, se desafectaron activos financieros de los fondos en el exterior de la provincia de Santa Cruz y fueron ingresados a la Cuenta Única del Tesoro Provincial la suma de $427.772.518 al 31-7-2007.

Seis de estas transferencias se realizaron en Octubre de 2007 por un monto de $69.502.815, con estos fondos se hizo lugar a un descomunal festival de subsidios con los que los gobiernos provincial y nacional encararon la campaña electoral.

Consideramos de vital importancia para el desenvolvimiento institucional republicano, que se aclare una cuestión tan elemental y sencilla como lo es el financiamiento de la campaña electoral de la fuerza política que hoy gobierna el Estado Nacional.