La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1-. La más absoluta solidaridad con el gobierno de la hermana República de Bolivia, legítimamente constituido a través de elecciones libres y democráticas en las que expresó su voluntad mayoritaria el pueblo de dicho país.

2-. Su enfática condena a cualquier posible intento de violación de la soberanía nacional de esa Nación y de los restantes países de Latinoamérica.

3-. La ratificación y vocación permanentes sobre el respeto a la Autodeterminación de los Pueblos y la no intromisión en la soberanía y seguridad de un país por terceros países, que pretendan tomar injerencia en los asuntos internos que competan exclusivamente a las decisiones de cada Estado-Nación.

4-. Su aspiración y exhortación al resto de los Parlamentos de cada país latinoamericano, a que se expresen en similar sentido, manifestando su solidaridad con el pueblo de la República de Bolivia y la defensa irrestricta del Estado y Gobierno de dicha Nación en consonancia con los valores democráticos a los que adherimos, representamos y es nuestro deber defender.

5-. La advertencia, en el caso de que prosperen las pretensiones de los sectores autonomistas y divisionistas con supuestos apoyos externos que protagonizan los hechos violentos en el Oriente boliviano y contra el Estado Democrático que encabeza el Presidente Evo Morales, sobre la seria amenaza que se cierne sobre las democracias de nuestra región y la repercusión impredecible de tales hechos en los países latinoamericanos.

Señor presidente:

Los hechos violentos acontecidos en los últimos días en la localidades de Santa Cruz , Beni, Tarija y Pando, en la República de Bolivia, nos demanda la obligación como representantes del pueblo argentino, de expresar nuestra solidaridad y respaldo públicos al Gobierno constitucional de ese país, representado en su máxima investidura por el Presidente Evo Morales.

Constituye una advertencia de suma gravedad que podría atentar contra la continuidad democrática en los países de nuestra región y contra la positiva integración de Sudamérica a la que sensatamente aspiramos, que ciertos sectores que están manifiestamente en contra del proceso de cambio encabezado por la Presidencia de Evo Morales en el marco del Estado de Derecho y el ejercicio de la Democracia, impulsen y protagonicen el ataque a instituciones y organismos que hoy son Patrimonio de todo el pueblo de Bolivia.

Como es de público conocimiento, sectores opositores "autonomistas", entre otras cosas, a la redistribución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos destinados a solventar jubilaciones de la población de la tercera edad.

Con el objeto de presionar sobre la devolución de una renta petrolera que oportunamente el Gobierno redistribuyó para hacer frente al pago de un plan denominado "Dignidad" cuyos beneficiarios son personas mayores de edad que no poseen jubilación, (es decir una pensión para mayores de 60 años), estos sectores integrados por dirigentes y Prefectos (gobernadores) de esas localidades, impulsaron la ocupación de varias instalaciones gasísticas en el sureste boliviano con el objeto de provocar una reducción importante de la provisión energética a Brasil y Argentina, y de ese modo presionar para lograr su cometido.

Si bien las protestas en principio consistieron en corte de carreteras nacionales e internacionales, con el paso de los días se fueron radicalizando con la toma y ocupación de varias instituciones públicas generando disturbios de creciente tensión, que derivaron en enfrentamientos violentos, incendios, saqueos, destrucción de bienes públicos, averías en los gasoductos, etc. lo que hasta ahora arrojó un lamentable saldo de más de una decena de víctimas fatales, en su mayoría campesinos.

El Gobierno de Bolivia ha denunciado públicamente que con este accionar los "sectores autonomistas" y los "terratenientes" del oriente boliviano, "están perpetrando un atípico golpe de Estado civil contra la democracia".

En cuanto a la intransigencia desestabilizadora de estos sectores, el Presidente Evo Morales afirmó que "tras estos hechos se esconden pretensiones desmedidas de autonomías regionales y una férrea oposición a la nueva constitución" que el mandatario impulsa para su sanción antes de fin de año, decisión sometida a un Plebiscito convocado por ley para aprobar o no las modificaciones a la Constitución Nacional de 1.895, efectuadas por la Asamblea Constituyente.

A su vez el primer mandatario acusó al Embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, de haber instigado las protestas y acciones de violencia contra el Gobierno de Bolivia, razón por la cual el Presidente Evo Morales lo declaró "Persona no Grata". En respuesta a estas afirmaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos, decidió la expulsión del Embajador de Bolivia en Washington, Guzmán.

Este ataque interno y minoritario contra Bolivia, que conlleva un pretensión secesionista (la zona rica en recursos), con supuestos lazos en el exterior de consecuencias impredecibles., configuran un escenario amenazante, a pesar de que hace un mes, Evo Morales obtuvo una arrasadora victoria en el referéndum revocatorio con más del 60% de los votos a su favor, y de las anteriores elecciones indudablemente limpias que lo condujeron a la Presidencia.

Es preciso entonces que esta H. Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara Alta que constituyen el H. Congreso de la Nación Argentina, declare su solidaridad y respaldo irrestricto al Gobierno Constitucional de la República de Bolivia y al pueblo boliviano sojuzgado durante siglos, la defensa de la integridad territorial, ratificando las normas generales de respeto a los procesos democráticos de cada Nación, y condenando cualquier intento de intromisión de otros países en los asuntos internos de cada Nación.

Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, solicitamos la urgente aprobación del presente Proyecto.