La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su firme apoyo al proceso de transformación política y socio-económica del Gobierno democrático y legítimo de la República de Bolivia liderado por su Presidente Evo Morales, al resguardo de la integridad territorial y unidad nacional del hermano país, y su más enérgico repudio a los actos de violencia ejercidos por grupos minoritarios así como también a la injerencia de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de la nación hermana, contrariando elementales principios del Derecho Internacional.

Señor presidente:

Los tristes y luctuosos hechos que hoy sacuden a la República de Bolivia llegan a nosotros de manera sensible y nos conmueven como hermanos del pueblo boliviano. Concientes más que nunca de la necesidad de una integración regional más estrecha que expanda nuestras posibilidades productivas, socio-económicas, culturales y político- estratégicas, debemos acompañar en este crítico momento al gobierno boliviano, a su Presidente Evo Morales Ayma y a suVicepresidente, Álvaro García Linera.

El último domingo 10 de agosto se llevó a cabo en Bolivia un Referendo Revocatorio de Autoridades, que incluía los cargos del Presidente y Vicepresidente junto a otros funcionarios de primer orden. El mismo, que demuestra la voluntad democrática del gobierno mediante la consulta popular, se dio en un lamentable marco de conflicto y división social. Por más del 64% de votos positivos fueron confirmados Morales y García Linera, reflejando la voluntad de las mayorías que apoyan el actual proceso de transformación socio-política.

Hablamos de una nación especial, con una historia particular. Poseyendo una abrumadora mayoría aborigen y predominando la etnia Quechua y Aymará, en el año 2005 fue consagrado -por primera vez- un presidente surgido de ese contexto originario y ancestral. El proyecto del Movimiento Al Socialismo (MAS), que encabeza Morales, es novedoso en todo sentido: plantea una reforma constitucional para redefinir la estructura del poder político, lleva a cabo con éxito la modificación del aparato productivo nacionalizando recursos estratégicos, desarrolla planes sociales en salud y educación, recupera la cultura ancestral de los pueblos originarios y promueve la integración regional. Todo ello es acompañado por las mayorías legitimando el proceso, que -desde luego- se da en el marco de la ley. Estamos ante una revolución legal, legítima y pacífica.

Pero desde antes del triunfo del socialismo -y previendo ese escenario- los grupos de poder conservadores; la derecha que rigió al país por décadas, comenzó una duro ataque en el campo mediático. Con la llegada de Morales al poder, la oposición se tornó política, social, económica y luego rebalsó hacia la violencia más cruda y repudiable como en estas horas. Sus blancos: el gobierno socialista, los sectores populares, los aborígenes y el campesinado. A esto se suma un repulsivo sentimiento racista y criminal que enarbola la derecha contra los indígenas, identificados en pleno con el Presidente.

En ese contexto fueron surgiendo peligrosas tendencias secesionistas en varias regiones del país, que intentan sustraerse de forma ilegal y violenta a la autoridad central de La Paz. Son las regiones de la llamada "Media Luna" y el oriente boliviano: Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz, principalmente. Las mismas que celebraron referendos a favor de su autonomía y de dictarse sus propias constituciones. En el caso de Santa Cruz y Tarija, dos de las provincias más ricas del país en recursos energéticos y con población aborigen minoritaria, los movimientos separatistas se identifican con grupos reaccionarios de la patronal, el empresariado y los llamados "Comités Cívicos". Entre estos se destacan la Unión Juvenil Cruceñista, la Unión Juvenil Popular, el Comité Pro-Intereses de Tarija y otros, que cuentan con formaciones paramilitares de extrema derecha, ostentando un discurso fascista y racista por demás violento.

Los trágicos hechos que hoy enlutan a la nación hermana parecen ser alentados por las Prefecturas (gobiernos locales) de esas regiones. Ellas promueven la rebelión, sedición, alteración del orden regional y nacional, la violación de la ley, y son conniventes con las bandas paramilitares que por estas horas siembran el terror en sus Departamentos, cebándose en los estratos mas humildes y trabajadores que apoyan al Gobierno. Por estas horas, los muertos, heridos, torturados, desparecidos y hostigados por el terrorismo derechista se cuentan por decenas en las barriadas populares y los campos, como lo reflejan los medios. (1)

Asimismo los terroristas han atacado y destruido representaciones del gobierno central en las Prefecturas de la "Media Luna", como el caso del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Servicio de Impuestos Nacionales, ENTEL, el Canal 7 y la Radio "Patria Nueva", la Dirección de Migración, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), entre otras. También han dañado las redes energéticas que trasportan petróleo y gas. En la fronteriza y sureña Yacuiba interrumpieron el suministro gasífero a nuestro país, intentando generar un conflicto bilateral. La consecuencia es lógica; miles de personas sin acceso al vital recurso, golpeando sobre todo a los mas humildes. Como vemos, el ataque contra el Gobierno se da en todos los niveles y por fuera de la ley.

La denuncia de todos estos hechos fue manifestada por el Vicepresidente García Linera: "Estamos ante una banda de terroristas y de asaltantes que están desplegando un golpe de estado cívico- empresarial; sus objetivos son desconocer la Constitución y para ello ni importa cualquier medio, están dispuestos incluso a matar bolivianos... Se ha robado, se ha saqueado, se ha expropiado a los bolivianos y a las bolivianas en cada una de las entidades que han sido asaltadas criminalmente por bandas, por pandillas de ladrones, de delincuentes financiados y promovidos por los comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, de Tarija, de Pando y de Beni." (2)

Todo esto atenta contra la paz social de Bolivia, que en su mayoría no admite semejantes aberraciones. Estos actos criminales se articulan con los intentos secesionistas para quebrar la unidad nacional e integridad territorial; principio del Derecho Internacional reconocido por las Naciones Unidas.

Distintos organismos internacionales -Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Comunidad Andina de Naciones- han condenado y rechazado la violencia y han instado al diálogo entre los sectores, al cual el Presidente Morales apela desde hace tiempo, reinsistiendo en estas críticas horas. Distintas organizaciones de prensa como la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y organizaciones sindicales de envergadura -como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en nuestro país- también comunicaron su repudio a la violencia y al terrorismo de derecha que sacude al país y jaquea al Gobierno.

En este aciago panorama, debemos señalar un elemento todavía más complejo que puede conducir a una crisis de alcance regional e internacional: la intervención del Embajador de los Estados Unidos de América, Philip Goldberg, en los asuntos internos de Bolivia. El Gobierno considera que ese funcionario y su gestión han fogoneado la crisis actual. Goldberg cumplió funciones en Bosnia durante la década pasada y son conocidas sus maniobras para lograr la independencia de esa región de Serbia, alentando la sedición en el complejo escenario de la ex-Yugoslavia. No es extraño suponer que sus conocimientos en la materia puedan ser útiles a las aspiraciones secesionistas de la "Media Luna". Recientemente el Gobierno boliviano ha declarado al Embajador "persona no grata" dándole 72 hs. de plazo para salir del territorio nacional, acorde lo dispuesto por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas (Artículo 9°).

Según el Gobierno, Goldberg generó "varias susceptibilidades" por las permanentes reuniones que mantenía con los Prefectos opositores de Santa Cruz -la región que se declara abiertamente enemiga de La Paz- y Chuquisaca. El Embajador también tiene fluidos contactos con la gran patronal (CAINCO, Cámara de Industria y Comercio) y la EPB (Empresarios Privados de Bolivia), feroces oponentes a la política socio-económica de Morales. Éste señaló al funcionario estadounidense de "ser el que conspira contra la democracia y sobre todo busca la división de Bolivia." El Presidente recordó la performance de Goldberg en los Balcanes. (3)

Sin embargo, cabe destacar que no hay cese de relaciones bilaterales y que el Ejecutivo boliviano comunicó su voluntad de que Goldberg tenga un reemplazo para normalizar el vínculo con Estados Unidos. La respuesta de Washington llegó pronta y espejada: el Gobierno de Bush expulsó al Embajador de Bolivia en el país, Gustavo Guzmán. Así lo notificó Sean McCormack, vocero del Departamento de Estado. Thomas Shannon, Subsecretario de Asuntos Hemisféricos, se refirió al "gran y lamentable error" de la decisión boliviana.

Como argentinos, sudamericanos y miembros de un Poder del Estado, debemos apoyar sin titubeos ni reservas la institucionalidad y la democracia bolivianas, reafirmando los principios de autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los países hegemónicos en asuntos internos de otros países, el repudio a las oscuras maniobras de agentes foráneos y la violencia organizada de los fascistas y racistas que hoy llenan de muerte a Bolivia. Asimismo recalcamos la vital importancia de la protección de nuestros recursos naturales, tanto nacionales como regionales, hoy amenazados por la voracidad hegemónica.

Además, expresamos satisfacción porque una verdadera revolución pacífica se está dando en el país hermano. Desde la llegada al poder de Morales y García Linera, se fortaleció el rol del Estado en materia económica y social, intentando reparar, con no pocas dificultades, los daños profundos que durante décadas padeció el país convirtiéndolo en uno de los más pobres del hemisferio. Daños que obedecieron a políticas antinacionales y antipopulares en sintonía con la visión excluyente de las elites que gobernaron hasta diciembre de 2005. La intención del gobierno socialista es profundizar el proceso, lo que alarma sobremanera a los reaccionarios. Pero es indudable que la voluntad de las mayorías ha de imponerse mediante formas legales, legítimas y democráticas. Deseamos fervientemente que ello ocurra -plazca o no a esos sectores y sus inconfesables intereses- en la hermana Bolivia.

Señor Presidente, mediante este proyecto declaramos nuestro apoyo al Gobierno de la República de Bolivia, al resguardo de su integridad territorial y unidad nacional, repudiando los salvajes actos de las minorías violentas y la injerencia de poderes extraños y hegemónicos, por completo ajenos a la voluntad del mandato popular en la nación hermana.

De esta forma solicito el acompañamiento del presente proyecto por mis pares legislativos.