El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1º.- Reformase el art, 26 del Código Penal de la Nación, ley 11.179 el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 26.- En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esa decisión deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar también la prueba útil a tal efecto.

Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese los tres años de prisión.

No procederá la condenación condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación ni tampoco si la condena hubiese sido impuesta por los delitos previstos en los arts. 84 y 94, cuando la acción punible hubiese sido temeraria".

Señor presidente:

La institución de la condenación condicional, incorporada ya, con alcances similares a los que se le adjudica en la actualidad, al Código Penal de 1921, (y anticipada con similar diseño por la ley de Entre Ríos 2569, del 2 de noviembre de 1918) pretende que en aquellas condenas de prisión breves que usualmente se corresponden con infracciones de menor gravedad en las que resulta, más que conveniente, indispensable, impedir los efectos estigmatizantes de la pena y el deterioro de la personalidad del condenado por efectos del encerramiento, se evite su prisionización. Es decir que ella procura sustraer a los infractores primarios de la ley penal, de los efectos negativos que sobre la "personalidad moral" del condenado, sin ninguna duda habitualmente producen las penas cortas privativas de la libertad.

Así concebida, la condenación constitucional se ha erigido en un valioso y aún lozano instituto que facilita con marcada eficacia la llamada prevención especial la cual se concreta cuando, producto de la imposición o de la ejecución de la condena, el condenado no vuelve a delinquir. Se trata de evitar su reincidencia y en ese sentido ella le permite al Estado concretar el fin principal de toda pena en un sistema político humanista y liberal, que es evitar que el convicto de un delito vuelva a delinquir.

Pero también es relevante la prevención general según la cual la amenaza de la pena y la propia pena impuesta pretenden desmotivar a posibles infractores de la ley penal usando de vehículo el castigo. Asumir que quien delinque es castigado debería hacer desistir del propósito delictivo a quien se le pudiera ocurrir cometer el mismo delito que perpetró el condenado. Obviamente la prevención general no alcanza sus fines cuando alguien delinque. En tal caso, la amenaza del castigo -no importa aquí determinar por que motivos- no ha surtido el esperado efecto inhibitorio del propósito de delinquir. Pero en la imposición de una pena justa, es decir proporcionada a la infracción cometida, nuevamente aparecen los fines de prevención general. De ese modo, en una suerte de acción doble, se amenaza en abstracto con la pena a cualquiera que pudiera ocurrírsele delinquir. Pero además se sanciona al infractor para que en la sociedad se asuma que la amenaza del castigo no es retórica y que quien viole la ley penal no podrá eludir la sanción respectiva.

Por su parte, los delitos culposos ocurridos en el ámbito del tránsito rodado en estos tiempos de riesgos ciudadanos enormes y crecientes que es imposible evitar si se pretende vivir en sociedad, desafían hoy como nunca al legislador. Es que la idea conceptualmente inobjetable de que la acción culposa sólo comporta una elección equivocada de los medios para la obtención de los fines de la persona humana, o en otras palabras, la idea de que el resultado lesivo de la acción culposa no fue buscado, no fue querido por el autor, le pone claros límites a la respuesta punitiva. Es que, si el fundamento racional del castigo finca en el hecho de que el autor, en ejercicio pleno de su libertad, entendida como la facultad de autodeterminarse, pudiendo cumplir la ley eligió violarla, quiso violarla, ¿cómo castigar a quien mató sin haber querido matar?

Sin embargo, también es cierto que el cumplimiento de los deberes de prudencia exigidos por el ámbito de relación, justamente por la importancia que en la evitación de lesiones y daños ellos asumen, hoy debe ser exigido con más rigor que nunca. De allí que el Derecho Penal también castiga los llamados delitos culposos o por imprudencia en los que la razón del reproche no se funda en el propósito del autor de producir un resultado lesivo, sino en el hecho de haberlo causado por un descuido, una programación equivocada de la causalidad debido a lo cual la pena conminada para el hecho es sensiblemente menor. Sin embargo, la lenidad en la sanción de las imprudencias, cuando ellas se revelan como graves, no favorece el cumplimiento responsable de las normas pues es claro que si la respuesta punitiva ante tales hechos es leve, o levísima, la conducta desaprobada por la norma se construirá socialmente casi como una insignificancia, una suerte de consejo sin importancia del que es posible apartarse sin ninguna consecuencia seria, que dolorosamente después se tornará relevante, cuando la conducta imprudente, causando el resultado típico, concrete en daño el peligro que en si misma comporta y que la norma que la impone o la prohíbe pretende evitar.

Asimismo, en aquellos casos mucho mas graves aún, en que la culpa se revela temeraria por la asunción conciente, irrazonable, de peligros inconcebibles por parte del autor del hecho, que demuestran un enorme desprecio por la vida ajena, aparece la víctima con una enorme capacidad de movilizar en la sociedad una tendencia, las más de las veces comprensible, a recusar a la justicia, como poder, como servicio y como valor cuando las penas no alcanzan los niveles draconianos pretendidos, agonal reclamo que sólo el enorme dolor que aquellas sufren hace comprensible. No es necesario presentar ningún caso testigo que sostenga estas afirmaciones pues al respecto es evidente que cuando la imprudencia ha sido grave y el resultado terriblemente doloroso para la víctima y para sus familiares, si el caso es resuelto con las normas pensadas para juzgar los delitos culposos, en general insuficientes a esos fines, es muy posible que el fallo en vez de abonar la paz social sea una fuente accesoria de resentimiento. Ya no será únicamente el autor del hecho que perpetró la ofensa el destinatario del rencor de las personas afectadas. Ahora se sumarán los jueces, los defensores, los legisladores, los gobernantes, los políticos, al grupo de individuos descalificados que se deben desafiar. Y la motivación recusante del sistema se mantendrá firme y lozana a pesar del paso del tiempo pues la pérdida absurda de un familiar muy querido y la pretensión de Justicia respectiva no son circunstancias que el curso de los años pueda desvanecer.

En este contexto la condenación condicional no puede concederse a quien, mas allá de que dogmáticamente pudo haber perpetrado un delito culposo, la gravedad social de su conducta, por haber obrado al irrogar el daño en forma temeraria, con desprecio por el peligro en que ponía la vida y la salud de los demás, al recibir una condena en suspenso habrá de confirmar la idea socialmente nociva de la impunidad. Una pena que no se aplica al autor de un hecho grave y que transcurrido un plazo de cuatro años sin que este cometa un nuevo delito -como establece el art. 27 del Cód. Penal "se tendrá como no pronunciada", equivale a establecer que un delito estremecedor quedará sin condena, después de haber sido juzgado y sentenciado su autor, lo cual pulveriza los efectos de "prevención general" asignados al castigo. Y por supuesto confirma la idea, en si misma antisocial, de que los deberes de prudencia extrema que debe cumplir todo conductor que se incorpora al transito rodado, son simples directivas, que se pueden ignorar sin consecuencias negativas para el infractor. Piénsese el caso de quien alcoholizado y a velocidad excesiva cruzando un semáforo en rojo, embiste y da muerte a una madre con su pequeño hijo que cruzaba la calle por una senda peatonal. De ser condenado a una pena de tres años por su condición de primario, no pasaría un solo día en prisión, una situación verdaderamente indignante para los familiares de las víctimas. En suma, una invitación a la negligencia y al descuido y una provocación a la venganza privada ciega. En estos supuestos en que la imputación, como adscripción de una conducta a un tipo penal, vacila entre considerar el hecho como un delito cometido con dolo eventual, o rotularlo como perpetrado por mediación de culpa con representación, no parece conveniente conceder la condenación condicional porque de ese modo se subvertirían los valiosos fines tenidos en miras por el legislador en 1921 al establecerla.

La profesora de la Universidad de Málaga Elena B. MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS nos recuerda que en la ordenanza penal alemana se permite denegar la suspensión de la condena atendiendo a razones que hacen a la defensa del orden jurídico, a la función de afianzamiento del Derecho que cumple la pena cuando, "la mera declaración de la pena sin ejecución pudiera, en atención a las graves particularidades del caso individual, aparecer como una concesión injustificada ante el delito y por ello afectar la conciencia jurídica de la población".(sic en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS Elena B., "La condenación condicional: un estudio del sistema alemán, francés, italiano y español" en Revista de Derecho Penal Rubinzal- Culzoni, 2009-I/336). Y de igual modo nos enseñan ZAFFARONI - SLOKAR - ALAGIA ("Derecho Penal - Parte general", Ed. Ediar, Bs. As. 2000, p.924) que las imprudencias temerarias están excluidas de la tendencia actual de la doctrina a eliminarlas como injustos penales.

En cuentas resumidas, la reforma propuesta simplemente proyecta, agregarle al último párrafo del art. 26 del Código Penal que expresa: "No procederá la condenación condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación" la siguiente frase: "ni tampoco si la condena hubiese sido impuesta por los delitos previstos en los arts. 84 y 94, cuando la acción punible hubiese sido temeraria". Se destaca entonces que la enmienda no afecta en absoluto todo el complejo entramado normativo que regula la condenación condicional, la caducidad del antecedente y la reincidencia (art. 26, 27 y 51 del Cód. Penal). Sencillamente restringe el universo de casos a los que el instituto se aplica excluyendo de ellos a los supuestos en que la conducta reprochada hubiese sido temeraria, o sea aquellos casos que la doctrina denomina "culpa grave", "culpa con representación" y "dolo eventual", en suma aquellas conductas en las que el autor hubiese obrado con desprecio rotundo por la vida y la salud de las personas, creando peligros inconcebibles para los terceros que finalmente resultaron afectados.

Saludo a V.H. con toda consideración.