PROYECTO DE TP
Expediente 5110-D-2008
Sumario: DECLARAR DE INTERES DE LA H CAMARA EL IX ENCUENTRO ANUAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, "NO NOS ACOSTUMBREMOS A CONVIVIR CON LA INJUSTICIA. QUE DE NUESTRO OBRAR BROTE LA ESPERANZA", A REALIZARSE EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Fecha: 16/09/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 123
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Declarar de interés de esta
Honorable Cámara de Diputados de la Nación el IX Encuentro Anual de Niñez y
Adolescencia, "No nos acostumbremos a convivir con la injusticia. Que de nuestro obrar
brote la esperanza", organizado por la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del
Arzobispado de Buenos Aires, que se realizará el 9 de Octubre de 2008.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de Octubre se
realizará el IX ENCUENTRO ANUAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, cuyo lema será "No
nos acostumbremos a convivir con la injusticia. Que de nuestro obrar brote la
esperanza".
Los objetivos del Encuentro organizado por
la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires
son:
- Analizar aquellas situaciones de injusticia
que nos deberían interpelar como ciudadanos y reflexionar sobre las distintas formas
de naturalización de la injusticia.
- Explorar e identificar políticas públicas y
sociales orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos.
- Identificar mecanismos de evaluación y
monitoreo de la asignación del gasto destinado a la infancia y adolescencia.
- Examinar respuestas institucionales y
personales que contribuyan al fortalecimiento de conductas sociales más solidarias y
comprometidas con la justicia.
- Identificar experiencias de participación
juvenil en la construcción de ciudadanía y defensa de sus derechos.
El Encuentro, totalmente gratuito, está
destinado a todos aquellos actores sociales interesados en la problemática de la niñez y
adolescencia en riesgo en especial docentes, trabajadores en instituciones dedicadas a
la niñez y adolescencia, y responsables del diseño y aplicación de políticas sobre el
tema.
A continuación transcribimos los temas a
tratar en cada uno de los tres paneles:
PRIMER
PANEL ¿Políticas Públicas con enfoque de derechos del Niño? Adecuación de las
instituciones a la Ley 26.061.
Debemos asumir el mandato que tenemos
como ciudadanos de construir el bien común, evitando la progresiva naturalización de la
injusticia con la cual convivimos diariamente.
El objetivo de este panel es primeramente
realizar un diagnóstico de la realidad e identificar situaciones de vulneración de
derechos. En segundo lugar se busca examinar si las leyes de protección de derechos
que rigen actualmente se implementan fehacientemente.
Buscamos debatir respecto de la
adecuación de las diversas instituciones a la ley de Protección Integral de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley. 26.061) y analizar porqué a pesar de haber
aumentado en términos absolutos el gasto público dirigido a la niñez desde el año 2001
a la actualidad, esta asignación no se ha traducido en mejoras efectivas en la situación
de nuestros niños en las instituciones y en la sociedad. Creemos que es importante
considerar no sólo las partidas presupuestarias destinadas a este segmento de la
población sino también monitorear y evaluar cuán eficiente ha sido esta asignación en
términos de cambios en las condiciones de vida de los niños.
Es importante en este punto tener una
mirada crítica sobre los garantes de derechos, los titulares de obligaciones, o sea el
Estado que muchas veces por acción o inacción abandona a su suerte a miles de
familias.
Esta realidad de injusticia y desigualdad
que desarticula al cuerpo social, nos interpela y reclama de las políticas públicas la
asignación necesaria, eficiente y transparente de recursos para su implementación.
Observando que si bien es importante el
reconocimiento y la legitimidad de los derechos en materia jurídica y que el efectivo y
pleno cumplimiento de los mismos es aún parcial, avanzaron sobre el diagnóstico de las
condiciones sociales y materiales de vida en Argentina. Evidenciaron que estas
condiciones presentaban características deficitarias en términos de acceso a la salud,
condiciones de subsistencia, habitabilidad y que los niños y adolescentes experimentan
grandes desigualdades en los procesos de crianza, socialización y formación.
La perspectiva que se utiliza tiene como
concepto de base al desarrollo humano definido en términos de capacidades y
realizaciones. Las privaciones al desarrollo se definen como la imposibilidad de realizar
"una vida digna". Se necesita de una sinergia entre condiciones económicas, sociales,
políticas y culturales para el logro de tal fin.
Entre los
derechos humanos y los problemas a los que hace referencia el desarrollo
existe una estrecha relación. Cuando alguno de los miembros de una sociedad es
privado o impedido de acceso a recursos, condiciones u oportunidades esto constituye
una trasgresión a los derechos humanos. En este caso podemos hablar de "deuda
social" en el plano de las insatisfacción de las necesidades esenciales del desarrollo
humano por parte de los titulares de obligaciones, aquellos que deben garantizar el
cumplimiento de los derechos a sus titulares. La deuda social es definida como "la
acumulación de privaciones y carencias en distintas dimensiones que hacen a la
satisfacción de las necesidades de desarrollo humano y social, es decir, como una
violación al derecho a desarrollar una vida plena, activa y digna en un contexto de
libertad, igualdad de oportunidades y progreso social". (Tami & Salvia: 2005)
El desarrollo involucra no sólo el
crecimiento económico, sino el equitativo acceso y distribución de oportunidades de
bienestar, el mejoramiento de las capacidades de las personas y la ampliación de sus
oportunidades para alcanzar una vida digna.
Con nuestra infancia y adolescencia
también tenemos una deuda interna ya que constantemente se ven expuestos a
situaciones de subsistencia deficitarias que condicionan su desarrollo.
Más allá que el lenguaje de los derechos
tiene de por si un valor ético y político, y puede fortalecer las demandas sociales frente
a situaciones de inequidad, no nos interesa quedarnos simplemente en una retórica de
los mismos.
Si bien el avance
experimentado por nuestro país en materia normativa es significativo, el
mismo no encontró su correlato en políticas públicas satisfactorias que hayan
posibilitado revertir las desfavorables condiciones de la infancia.
En este marco interrogaremos a los
titulares de obligaciones en el plano del Gobierno de la Ciudad y en el plano del
Gobierno Nacional a fin de conocer las políticas públicas que se están implementando
para garantizar que los derechos enunciados en la Convención de los Derechos del Niño,
y particularmente en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes que con igual filosofía sancionó el Congreso en el año 2005,
realmente se garanticen.
Si hablamos de políticas públicas con
enfoque de derechos entendemos que el objetivo de las mismas es dar cumplimiento
al deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y que sus
titulares pueden exigir tal respeto, protección y realización. Se toma como punto de
partida a sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas y no
a sectores con necesidades insatisfechas que deben ser asistidas. Las acciones que se
emprendan en este campo no son consideradas sólo como el cumplimiento de mandatos
morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones
jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos.
Los derechos demandan obligaciones y las
obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento. Para
que los mismos no sean solamente aspiraciones programáticas es necesario contemplar
los medios idóneos para hacerlos exigibles y las formas específicas en las que el Estado
está obligado a atenderlos. Es necesario contar con medios adecuados para la
evaluación del desempeño de las políticas, su desempeño, los resultados que genera y
el cumplimiento de metas y objetivos.
Uno de los indicadores para evaluar el
cumplimiento de los derechos es aquel que permite identificar los esfuerzos financieros
que realiza el Estado para propiciar el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la infancia y la adolescencia.
En este sentido debemos destacar que el
presupuesto es mucho más que un ejercicio contable, es un instrumento de gestión
donde se evidencian las prioridades de un país y como este asignan sus recursos. Es
una herramienta fundamental para vincular la dimensión formal de los derechos con su
efectivo cumplimento.
Una mayor y más equitativa inversión
social es un instrumento clave para la implementación de derechos y, por tanto, de
equidad. Una inversión social y un desarrollo humano sostenidos son capaces de
ensanchar las oportunidades para sectores cada vez más amplios de la población,
construyendo canales de movilidad y ascenso social y generando procesos estables de
integración social.
Según el informe "Gasto Público dirigido a
la niñez en la Argentina" realizado en conjunto por UNICEF y el Ministerio de Economía
y Producción, el Gasto Público Nacional dirigido a la Niñez para el período 1995-2005
representa en promedio el 8,4% del total del Gasto Público Total y el 13% del Gasto
Público Social. Cabe destacar que en dicho período, en términos del Gasto Público Total
y Social Nacional, se observa un incremento de 53,8% y 61,9% respectivamente.
Finalmente, el Gasto Público Nacional dirigido a la Niñez como porcentaje del PIB es en
promedio de 1,5%, para el período analizado. Entre 1995 y 2005, el Gasto Público
Nacional pasa de 1,3% a 2% del PIB, mostrando que la proporción del total de recursos
que produce la economía que se destina a atender a la niñez aumenta durante el
período. (MECON -UNICEF: 2006).
A pesar de este incremento en términos
presupuestarios muchos de nuestros niños y adolescentes siguen viendo sus derechos
vulnerados. Hace falta que la inversión social se transforme en políticas y programas
eficientes, participativos y orientados hacia el cumplimiento de derechos. Es necesario
promover buenas prácticas de gestión que aseguren que las inversiones sociales tengan
impactos positivos en la vida de los niños, niñas y adolescentes.
SEGUNDO
PANEL: Nuestro compromiso frente a la injusticia - ¿Qué mecanismos tenemos para
luchar contra ella?
En un segundo momento nos enfocaremos
a trabajar sobre los titulares de responsabilidades - la familia, las Organizaciones de
la Sociedad Civil, los ciudadanos en general. Todos somos responsables ante las
situaciones de vulneración de derechos a las cuales se ven sometidos muchos niños y
adolescentes.
Pareciera existir una tensión creciente
entre la enunciación de actitudes de solidaridad y la consolidación de conductas autistas
que de hecho promueven un desentendimiento para con las situaciones de injusticia. Se
hace necesario apoyar y fortalecer los esfuerzos que desde la sociedad, las instituciones
y las familias surgen para generar respuestas y conductas solidarias e identificar campos
de acción prioritarios e intervenciones idóneas, a efectos de dar continuidad e impacto a
las iniciativas.
En la situación actual, desentenderse del
prójimo es condenarlo al exterminio (real o moral). La verdadera solidaridad comienza
con un reconocimiento del valor igual del otro y se realiza cuando pongo mi vida al
servicio de los demás.
Esta solidaridad hay que convertirla en
virtud social y compromiso cotidiano. Es decir abrir el corazón y conmoverse con la
desigualdad y acoger al otro como hermano. Esta fraternidad hace que nadie sea
indiferente frente a las necesidades del otro, hace que no se excluya a nadie de la
positiva construcción de la historia. (Malfa Carlos: 2008)
Creemos que no es tiempo de evasiones, ni
voluntarismos, ni fatalismos. Nuestra crisis es también nuestra. Todos, en distinto
grado, somos responsables de lo que nos pasa. No podemos ser "solidarios" con
sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y opresoras desigualdades, sin
poner en acto un plan efectivo para remediar las condiciones insoportables de
inferioridad que frecuentemente sufre la población vulnerada.
El compromiso se produce en dos niveles.
Por un lado en la denuncia y concientización respecto de las situaciones de vulneración
y la consecuente búsqueda de exigibilidad de los derechos lesionados y por el otro en
las obras y acciones concretas que las comunidades, con sus diferentes carismas, vienen
realizando Estas estrategias destinadas a lograr el cumplimiento de los derechos del
niño implican no sólo caminos coyunturales sino también estructurales ya que las
desigualdades y lentitudes en el cumplimiento de los mismos surgen como resultado de
la autorreproducción de las grandes disparidades e inequidades que caracterizan la vida
social, económica y política de nuestros países.
La CEPAL afirmó que "La inequidad es el
reflejo de estructuras económicas, sociales, étnicas y de género altamente
segmentadas, que se reproducen de una generación a la siguiente..." "Por lo tanto, el
eje del esfuerzo a realizar debe ser, precisamente, el romper los canales de
reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, incluidas las barreras de
la discriminación por género y por etnia, que agravan sus efectos. (CEPAL: 2001).
Necesitamos recuperar como nación capacidad de decisión sobre las formas
organización política, de la explotación y distribución de los recursos y riquezas
naturales, de su cultura, historia y tradición.
Tenemos el deber de reclamar políticas
macro a los titulares de obligaciones y de demandar la existencia de mecanismos para
hacer exigibles los derechos. El sistema social debe proveer y habilitar los medios
necesarios para garantizar el acceso, el mantenimiento y la no afectación arbitraria de
su goce, tres tramos constitutivos de la vigencia efectiva de los Derechos Humanos.
Hablamos no sólo de los sistemas de administración de justicia sino también a
procedimientos administrativos de revisión de decisiones y de fiscalización ciudadana de
las políticas, espacios de reclamo para usuarios y consumidores, instancias
parlamentarias de fiscalización política y a instituciones especializadas que resguardan
derechos fundamentales (defensorías del pueblo, oficinas de protección de
consumidores y defensa de la competencia, etc.). También se consideran
particularmente los sistemas de protección de derechos que funcionan a nivel
internacional, como el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los
Derechos Humanos y los comités y relatorías temáticas de las Naciones Unidas, entre
otros.
Es claro que la idoneidad de los diversos
mecanismos para fiscalizar políticas públicas y exigir que estas respeten derechos
depende no solo de sus características institucionales, sino también de su apropiación
por las organizaciones sociales y de la existencia en la sociedad civil de actores con
vocación y recursos para utilizarlos.
TERCER PANEL
"La participación juvenil y adolescente para el fortalecimiento y democratización de las
instituciones ciudadanas".
El Dr. Liwski coordinará el panel del cual
participarán adolescentes provenientes de diversas organizaciones de la comunidad.
El derecho a la participación es uno de los
principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño. Las políticas públicas
suelen hacer del enunciado de este derecho un lugar común, sin embargo, su aplicación
está sujeta a situaciones de parcialidad cuando no de improvisación.
Nos hace falta crecer en la experiencia de
participación para que esta no se transforme en respuestas meramente formales o
distorsionadas. Por esto nos parece importante rescatar experiencias positivas a efectos
de consolidar el cumplimiento de este derecho e introducirlo en la cotidiano accionar de
las instituciones.
El objetivo de este panel es generar un
espacio para que los adolescentes puedan intercambiar y compartir sus experiencias y
realizar recomendaciones a partir de esas experiencias. Es importante que puedan
examinar, opinar y proponer a partir de la visión que cada uno traiga tomando como
base sus particulares prácticas y vivencias. Intentamos proporcionar un ámbito donde
los adolescentes no sean sólo destinatarios sino que puedan convertirse en
protagonistas de las medidas y acciones que referidas a ellos se ejecuten.
Creemos que la participación implica
diversos niveles. Primeramente el plano de la información, lectura de material
informativo crítico y analítico que permita la discusión y el debate, en un segundo nivel
la participación grupos de iguales donde los chicos aprenden a relacionarse con sus
iguales y adquieren el sentido del respeto, la tolerancia y la capacidad de negociación,
en tercer lugar la participación en diversas instituciones sociales donde pueden
desarrollar su compromiso con los demás y la responsabilidad social.
El Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas en su día de Debate General del año 2006 también ha destacado la
necesidad que los niños y adolescentes sean incluidos en la planificación, diseño,
implementación y evaluación de los planes nacionales de acción de infancia en
reconocimiento de los mismos como parte central interesada en el proceso.
Participar les permite ser reconocidos como
sujetos con derechos a y convertirse en protagonistas de sus proyectos de vida y
desarrollo. Significa ser parte de un proyecto común y colectivo.
Es necesario a la hora de fomentar la
participación enfatizar en las potenciales y recursos de los adolescentes e inculcar el
sentido de pertenencia, en el compromiso, en la responsabilidad, en el sentido crítico y
en la organización colectiva. Es importante que la participación juvenil constituya a los
jóvenes como sujetos plenos y autónomos y que se piense desde las prácticas y códigos
culturales de los jóvenes, desde sus necesidades y deseos y no sólo a partir del modelo
de adultos.
Citando al Dr. Norberto Liwski concluimos
diciendo que "el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la fuerza de los
movimientos sociales, incluyendo muy especialmente las organizaciones de niños, niñas
y adolescentes, y el desarrollo de nuevos espacios participativos de construcción de
derechos, conforman la plataforma básica desde la que debemos continuar y
profundizar la tarea emprendida por la plena vigencia de los derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes" (Liwski:2003)
Por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ACUÑA, HUGO RODOLFO | NEUQUEN | MOV POP NEUQUINO |
| BRILLO, JOSE RICARDO | NEUQUEN | MOV POP NEUQUINO |
| COMELLI, ALICIA MARCELA | NEUQUEN | MOV POP NEUQUINO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Primera Competencia) |