La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo de la Nación lo siguiente:

1º.- Requerir, del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO informe sobre los términos y motivos de los reclamos que se han formulado al Gobierno de los Estados Unidos por las actuaciones que lleva adelante la Justicia de ese país en la causa que investiga a Franklin Durán, considerándolo agente encubierto de inteligencia sin autorización del gobierno norteamericano.

2º.- Requerir del MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACION un informe que aclare por que se han calificado como "operaciones y manejos mal intencionados o de mala fe" las investigaciones que se llevan a cabo en Miami, referidas en el artículo precedente.

Señor presidente:

Ha tomado estado público la molestia del Poder Ejecutivo Nacional por detalles que anticipa la investigación que lleva a cabo en Florida el Fiscal Thomas Mulvihill ante la Juez Joan Lenard por la actuación de Franklin Durán como presunto agente encubierto.

Según la información periodística, la declaración de testigos confirmaría la versión de que los U$S 800.000 que el 4 de Agosto de 2007 fueran retenidos a Guido Antonini Wilson por la aduana argentina, estaban destinados a la campaña política argentina de ese año.

Este trascendido determinó que la causa judicial fuera calificada por el Poder Ejecutivo como "operación basura" y se promoviera una declaración reprobatoria de la Cámara de Diputados de la Nación.

Evidentemente, estas actitudes demuestran que carecemos de la capacidad de autocrítica y que atribuimos a la Justicia de otros países una intencionalidad y dependencia política que no siempre tienen ni es necesariamente su característica.

Suponemos así que una causa, que busca defender y aplicar las leyes de ese país, se impulsa y desarrolla para perjudicar la imagen de las autoridades locales y de Venezuela cuando aparecen declaraciones que indican cual era el origen y el destino de esos dólares que, además, parecen no haber sido los únicos transportados en el avión contratado por ENARSA.

La actitud de nuestras autoridades recuerda el difundido cuento del marido engañado que, para marcar las diferencias ideológicas por las reacciones que asumen, atribuye al conservador el matar a la traidora y suicidarse; al liberal, resolver la situación con tranquilidad respetando la libertad de opción de la pareja y al populista, canalizar su enojo apedreando la embajada de EEUU.

Nos mostramos así cuestionando, nuevamente, al gobierno de EEUU -aunque meses atrás ponderábamos esas relaciones- considerándolo empeñado en desprestigiarnos, cuando su Justicia investiga una causa que los afecta y donde tangencialmente aparecen estas evidencias que comprometerían a las actuales autoridades locales y a las de Venezuela.

Aunque la representación del Estado esté en la órbita del Poder Ejecutivo, ninguna duda cabe que las relaciones internacionales son, por su trascendencia, una actividad que excede la discrecional y exclusiva de ese poder, teniendo el H. Congreso Nacional incuestionable interés en conocer los fundamentos y el alcance de las manifestaciones de sus voceros y ministros tanto por la función de contralor político de la gestión del Poder Ejecutivo como por sus propias atribuciones en cuanto a la corresponsabilidad que le tiene al respecto como autoridad del Gobierno Federal.

Máxime cuando algunos de los hechos que motivan la causa que tramita en los EEUU -tan duramente calificada por nuestros funcionarios- son también motivo de investigación por la Justicia argentina que ha pedido la extradición de Antonini Wilson acusándole de contrabando y lavado de dinero.

Por lo manifestado, solicito a mis colegas legisladores el apoyo para esta resolución que busca aclarar aspectos esenciales que hacen al equilibrio y responsabilidad en la conducción de nuestras relaciones internacionales.