La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rechazar el autoritario proyecto de concentración de poder, expuesto por el Gobernador de Tucumán al proponer - por medio de legisladores oficialistas- la reforma total de la Constitución de la Provincia; y el juicio político a integrantes de la Corte Provincial con argumentos que no se ajustan a las exigencias constitucionales, como resulta de las expresiones vertidas públicamente.

Señor presidente:

Ha tomado estado público la crisis en que ha colocado el Gobernador de Tucumán José Alperovich a la Justicia de esa provincia.

La conducta autoritaria del gobernador asombra. Quien con sospechosa contemporaneidad, a un fallo de la Corte que ratificó la inconstitucionalidad de dos institutos incorporados en la reforma constitucional del 2006, le ha seguido el pedido de juicio político a uno de sus integrantes ampliado luego a otro, por vinculaciones de los jueces con los gobiernos de facto, lo que no es causal de remoción.

Al mismo tiempo, tuvo entrada en la Legislatura un proyecto de legisladores oficialistas de reforma total de la Constitución provincial.

Aunque este proyecto parece haber sido desechado -según reciente aunque no confirmada información- no deja de advertirse el claro e inequívoco propósito del P.E. provincial de avanzar sobre el Poder Judicial, con propósito de destituir a miembros de la Corte para designar allí a complacientes integrantes que le aseguren la hegemonía que desembozadamente busca.

Preocupa la in disimulada vocación de concentración de poder que viene exhibiendo desde que se hiciera cargo del gobierno, oportunidad en la que dejó sin efecto el Consejo Asesor de la Magistratura, órgano creado por el Poder Ejecutivo 12 años antes en una muestra razonable de auto limitación en la tarea de designar magistrados judiciales.

Desde entonces, ha buscado la forma de ocupar y controlar ese sector del poder que equilibra el sistema democrático, impulsando -en la reforma de 2006- un singular Consejo de la Magistratura a conformar, a gusto y complacencia, por el Poder Ejecutivo que ejerce, integrándolo -mediante decreto, también descalificado en el pronunciamiento judicial- con mayoría de sus funcionarios dependientes.

Esta situación importa un grave retroceso en el camino institucional que viene recorriendo el país -con algunos lamentables desvíos- desde el 10 de Diciembre de 1983 estando próximo a celebrar los 25 años de la restablecida democracia argentina.

Por ello es que esta crisis, resultado de no comprender el republicano principio de división de poderes y el necesario respeto por la independencia del Poder Judicial, nos mueve a presentar este proyecto que rechaza esta nueva y abusiva exhibición de desmesura del gobernador que actúa en este caso entre bambalinas y por interpósitas personas, abusando de la mayoría legislativa como lo hiciera en oportunidad de la digitada reforma constitucional dirigida, sin disimulo, desde la Casa de Gobierno y hasta desde su domicilio particular, lugar donde reunía a los convencionales adictos para impartirles sus ordenes.

La crisis suscitada, que alcanza al mecanismo de designación de los magistrados, no es -como sostiene y quiere el gobernador hacer aparecer- el resultado del cuestionamiento judicial del Colegio de Abogados a la reforma pretendida, sino de la abusiva pretensión de conseguir la suma del poder público, propósito que ha impedido la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en decisión recientemente ratificada por la Corte Provincial.