La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1) Expresar en forma decidida su solidaridad con el derecho a dar forma institucional a los reclamos de la mayoría popular del país hermano de Bolivia, expresados en la voluntad legítima y legal del Presidente Evo Morales.

2) Advertir a quienes desconocen la voluntad mayoritaria de Bolivia, que su conexión con el odio racial, la violencia ilegal y la actitud de desconocimiento autoritario del proceso de cambio que hoy vive la república hermana, que nuestro pueblo mantendrá una atenta vigilancia para concretar su solidaridad en el marco constitucional y de pleno respeto a las relaciones interestatales.

3) Declarar que los procesos de autonomía que viven los pueblos latinoamericanos, no son para beneficio de minorías ni de particulares intereses económicos o políticos, sino para el desarrollo de cada país en el marco de la gran unidad en la región.

4) Señalar que la protección de los bienes hoy administrados por el Estado boliviano es un derecho correspondiente al ejercicio del poder constitucionalmente habilitado por la voluntad mayoritaria.

5) Condenar a todo sabotaje, acto terrorista contra los bienes públicos estatales y violencia que ha cobrado víctimas en el propio pueblo hermano.

6) Adherir simbólicamente a las acciones que llevan a cabo los miembros de la Coordinadora Interinstitucional por los DDHH en Santa Cruz, representada por organizaciones no gubernamentales que desean la paz, el trabajo y la dignidad de los bolivianos.

7) Levantar el pluralismo étnico y el constitucionalismo de unidad que hoy expresa el Presidente Evo Morales, como un ejemplo de recuperación para una democracia latinoamericana enraizada en nuestra propia historia.

Señor presidente:

En pocos días ha cobrado vuelo en la República hermana de Bolivia, la acción violenta de grupos decididamente volcados a desconocer la voluntad constitucional del Presidente Evo Morales. Un extremo de ello aconteció la semana anterior, cuando un grupo identificado por su odio racial inició saqueos, ataques y destrozos de oficinas públicas, comercios populares, medios de comunicación y entidades protectoras del ejercicio legal y pleno respeto de los DDHH en Santa Cruz.

No podemos olvidar el espíritu separatista que señala a nuestro país, la Argentina, como destino de sus facciosas pretensiones, ocultando con ellas el interés particular por privilegios que se prolongan desde épocas coloniales. Nuestro país no puede albergar el resultado del odio y la facción, y mucho menos alentar la separación que nos vincule a un espíritu imperial u hegemónico aprovechándose de relativas debilidades o circunstancias históricas.

Lo que ocultan esas acciones que repudiamos se patentiza en el rechazo al impuesto definido por las autoridades nacionales bolivianas sobre los hidrocarburos, precisamente cuando con sus resultados se busca mejorar la condición de los ancianos, inactivos en la economía del país. No obstante se sabe que el peso de esas retenciones son veinte veces menos que lo recepcionado por los gobiernos locales, o prefecturas, por lo que resulta a todas luces injustificable su oposición desde aquellas minorías separatistas, violentas y antiestatales. Que una autoridad local, enfrentada con el gobierno nacional, acuda a la expresión "terrorismo de estado" para indicar el tenor de las acciones institucionales del gobierno nacional, es una verdadera desmesura. Aún más, ignorante de la importancia de este concepto en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional que caracterizó a todas las dictaduras del cono sur, precisamente las que eliminaron las oposiciones democráticas de sus países.

Todos sabemos que en la región oriental de Bolivia se concentra gran parte de la riqueza vinculada a los hidrocarburos y otras actividades no menos rentables, por lo que nos alerta como se impulsó desde estos poderes locales la interrupción de la provisión del flujo gasífero a la Argentina. Ese ataque no fue solamente a Bolivia, sino también a la Argentina. Esa violencia antiestatal está usando de todos los recursos, incluyendo el boicot y los atentados a los medios de comunicación para impedir que se vinculen los campesinos que forman gran parte de la mayoría del país hermano.

Debemos ratificar nuestra solidaridad, como ya lo están haciendo los países de la región, con el derecho del Presidente Evo Morales para llevar a cabo un gobierno que responde a la voluntad expresada en actos legales reconocidos por todos los observadores extranjeros que visitaran en ocasión de los comicios presidenciales últimos. La misma OEA lo ha marcado claramente, al manifestar en contra de la violencia ejercida por aquellas minorías y deslindar el problema de las autonomías que debe ser resuelto internamente en el marco de la plena legalidad de Bolivia.

Por último, cabe que señalemos el carácter pluralista que tiene hoy la democracia boliviana, en una magnitud desconocida por la región de mayorías de pueblos originarios. Por ello fueron atacados los Centros de Investigación, de promoción, de cuestiones jurídicas, de federaciones indígenas y de coordinación étnica, lugares que dan lugar a la voz que se quiere mantener desde aquellas minorías interesadas en el silencio y la invisibilidad. Señor Presidente, es por todo esto y por lo señalado precedentemente que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.