La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal que arbitre las medidas necesarias a efecto de garantizar que las requisas se realicen - en conformidad con el artículo 163 de la Ley 24.660- mediante la utilización de sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces.

Señor presidente:

El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional establece con claridad que: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice".

Esta manda constitucional se acoge a la premisa fundamental que establece que la finalidad de las penas, y en particular las privativas de la libertad no se subsumen de modo absoluto a la idea de castigo frente al daño causado a un bien jurídico protegido. Las teorías absolutas fueron siendo dejadas de lado por las teorías relativas, siendo estas últimas aquellas que entienden que las sanciones penales deben tender a prevenir, resocializar y reinsertar al individuo en la sociedad.

En consecuencia los establecimientos penitenciarios deben tender a ser ambitos en donde aquellas personas que por diferentes motivos hayan incurrido en el delito tengan la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. La idea es que el individuo comprenda el delito que ha cometido, se dé cuenta que ha causado un daño a la sociedad que debe reparar, y entienda que luego de cumplir con su pena puede llegar a tener una vida sin incurrir nuevamente en el delito.

La realidad lamentablemente nos muestra lo contrario. Las cárceles de nuestro país lejos de alcanzar los objetivos antedichos son lugares que deshumanizan a las personas. Los presos generalmente se encuentran alojados en espacios totalmente precarios e indignos. En muchas oportunidades en situaciones de hacinamiento, y sin posibilidad alguna de contar con un espacio de intimidad. Las cárceles tienen un efecto desocializador que tiende a des-personificar a los reos.

En consecuencia, deben buscarse mecanismos y prácticas que busquen revertir dichos efectos. Una de dichas prácticas son las denominadas visitas íntimas. Las visitas resultan sumamente beneficiosas para los detenidos, ya que permiten que los mismos mantengan y conserven la conexión con su grupo de pertenencia. Las mismas se encuentran reguladas en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 24.660).

Cabe decir que para poder concretar una visita, tanto los detenidos como sus parejas, deben pasar por un procedimiento que muchas veces resulta complejo tanto por los plazos como por las inspecciones a que deben someterse.

El objetivo primordial de la presente iniciativa es evitar que aquellas personas que decidan visitar a un detenido deban verse sometidas a requisas manuales que en muchas oportunidades resultan vejatorias.

Los avances tecnológicos permiten contar con elementos e instrumentos eficaces a la hora de evitar que un visitante ingresar con elementos prohibidos.

Lamentablemente pese a que el artículo 163 de la Ley 24.660 previo dicha situación, la realidad nos demuestra que al día de la fecha todas las requisas se realizan manualmente. Por tal motivo, resulta oportuno que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal arbitre todos los medios que tenga a su alcance para lograr que las inspecciones a las visitas se realicen mediante la utilización de sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.