La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la situación suscitada en la redacción del diario Castellanos de Rafaela, provincia de Santa Fe, en oportunidad de realizarse una inspección por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe el 14 de junio de 2010, en la que delegados de la Asociación de Prensa de Santa Fe denuncian agresiones por parte del propietario del medio; propiciado la inmediata investigación para el esclarecimiento de la situación.

Señor presidente:

El 14 de junio de 2010, en oportunidad de acompañar a las autoridades Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, los delegados provinciales de la Asociación de Prensa, Pablo Jiménez y Alejandro Briítos, concurrieron al diario Castellanos, con el objeto de conocer las condiciones laborales de los trabajadores del mismo.

En dicha oportunidad Jiménez denunció que el dueño del diario Pablo Visconti, se dirigió hacia ambos con una actitud violenta e insultos. Refiriendo que "... me tomó del cuello, de los brazos, me lastimó, me sacudió e intentó pegarme. Me agarró y trató de llevarme hacia el sector de las rotativas. En medio de estos forcejeos, también fue empujada una inspectora del Ministerio de Trabajo que nos acompañaba".

El hecho fue denunciado por los periodistas y produjo la intervención del Juzgado Penal correccional de Rafaela provincia de Santa Fe, a cargo del juez Osvaldo Oscar Carlos.

En tanto Pablo Visconti desmintió y relativizó los acontecimientos, sosteniendo que "... no hubo agresión física, sí una discusión muy fuerte (..) no le pegué cachetazos a Brittos".

Diversas agrupaciones se hicieron eco de lo acontecido, entre ellos El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), quien repudia lo sucedido, y "... reclama a su dueño, Pablo Visconti, que permita la presencia de los delegados sindicales que intentan verificar las condiciones de trabajo de los profesionales que allí se desempeñan".

Por su parte, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Carlos Rodríguez, dijo a través de un comunicado, que lo acontecido son "...actitudes condenables, fundamentalmente para quien dirige un espacio que debe ser para la información y formación de la población".

De confirmarse estas agresiones, estaríamos frente a una situación de suma gravedad que no solo condiciona el derecho a la representación legítima, sino también el de libertad de expresión, toda vez que la existencia de irregularidades en la relación laboral con los trabajadores de prensa, lejos está de garantizarlo.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con este proyecto.