La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el 10° Aniversario de la sanción por parte de nuestro Congreso Nacional de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, realizada el 7 de septiembre de 2015.

Señor presidente:

El lunes 7 de septiembre de 2015 se cumplieron los primeros diez años de la sanción de una norma clave para nuestro sistema educativo: la Ley 26.058 de Educación Técnica Profesional, una ley profundamente reparadora, que dotara desde entonces al Estado de las herramientas necesarias para ahondar en la formación de los técnicos que necesitaría el país para su desarrollo.

Pasado el infierno neoliberal, con la llegada al Gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner comenzó a construirse todo un andamiaje normativo reparador del vaciamiento de la educación pública, en una reacción lógica a décadas de ajuste sobre la instituciones educativas, sobre todo las de educación técnico profesional.

El anterior era un proyecto de país excluyente, donde la desaparición de las industrias y de las instituciones formadoras de los técnicos que los formaban no cabían: al desarticularse el tejido industrial, por el resultado combinado de las políticas ya desarrolladas en los años 70, y la brutal aplicación en los años 90 de la convertibilidad, la apertura de la economía, la liberalización y las privatizaciones, la formación técnica en nuestro país- de histórico y extendido prestigio a nivel internacional- comenzaría a desaparecer.

Este nuevo ímpetu propio de las políticas desplegadas en estos últimos doce años es visualizado en el articulado de la Ley de Educación Técnico Profesional, que se propone regular y ordenar esta modalidad en el nivel medio y superior no universitario, así como también la formación profesional en y para el trabajo. Su aplicación es para la Nación en su conjunto - considerando las particularidades propias de las jurisdicciones-, como una política general, integral, con la mirada puesta en jerarquizarla, propender a su consolidación y la promoción de una formación de mayor calidad a través de un vínculo más cercano con los sectores productivos y del mundo del trabajo. Se constituye, entonces, como un verdadero derecho para todos los habitantes.

Como reza su artículo 4°, la ETP promueve en las personas el aprendizaje de "capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría". Capacidades que permitirían a los estudiantes una mejor inserción en el mundo del trabajo.

Son reconocidas como parte de este subsistema las instituciones de nivel medio, de nivel superior no universitario e instituciones de formación profesional propiamente dichas, sea en la educación técnica industrial, artes, agrotécnica, etc. Se promueve el tránsito entre las instituciones de las demás modalidades y las técnico-profesionales y al mismo tiempo se procura estructurar trayectos profesionalizantes y ofertas formativas con reconocimiento en todo el país.

Para dotar de coherencia interna y jerarquía a la ETP, se utilizan desde entonces como referencia las propuestas de ofertas formativas - cuya duración mínima es de 6 años- elaboradas por el Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional, que son luego adoptadas en el marco del Consejo Federal de Educación para el caso de las carreras técnicas de nivel medio y de nivel superior no universitario.

Como lo estableció en su momento la Ley, el Ministerio de Educación de la Nación brinda validez nacional a los títulos obtenidos por los estudiantes y, a través del CFE, concierta la implementación de programas federales de formación continua y de las diferentes modalidades de la ETP, entre otras importantes facultades. A través del INET y con la participación de las jurisdicciones, el Ministerio tiene la obligación de asegurar pisos equitativos de equipamientos para talleres, laboratorios y entornos virtuales de equipamiento.

Este es un punto central de la aplicación de la ley: desde su sanción se invirtieron más de 7.500 millones de pesos en la educación técnica, y contamos con 1530 escuelas técnicas de nuestro país. En mi provincia la suma invertida es de 270 millones de pesos para el reacondicionamiento y equipamiento de las escuelas y para dotar, por ejemplo, a 8.500 estudiantes de mochilas técnicas que incluyen su tablero de dibujo, herramientas, indumentaria reglamentaria para el trabajo, entre otros elementos. Esto ha sido posible gracias al Fondo Nacional para la ETP, creado por esta ley, cuyo financiamiento se establecía con un piso mínimo del 0,2% de los ingresos corrientes para el sector público nacional en el Presupuesto Nacional.

Se habilitan además, convenios con ONGs, empresas, empresas recuperadas (en ambos casos promoviendo prácticas en sus propias instalaciones o en las escuelas, previo convenio), cooperativas, universidades, instituciones gubernamentales de perfil técnico y científico, y lo que constituye la recuperación de un hito histórico: la vinculación con sindicatos.

Se reconstituyen las funciones del INET y de las jurisdicciones, además de que se crean el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción como órgano consultivo y propositivo con la misión de asesorar al Ministerio de Educación de la Nación, así como la Comisión Federal de Educación Técnico Profesional, coordinada por el INET, establecida con el objetivo de asegurar los circuitos de consulta técnica para la formulación y el seguimiento de los programas federales.

Esta más que acertada norma se inserta en el marco de una capitalización creciente del sistema educativo, pero también de la consolidación de la industria y de la ciencia en nuestro país: hablamos de las nuevas leyes sancionadas desde 2003 a la fecha, de las Becas Bicentenario, de las políticas para incentivar la elección por las carreras de ingeniería, la repatriación de científicos, de consolidación del sistema científico- tecnológico, de las políticas de reindustrialización del país, entre otras, en el contexto de un proyecto de país inclusivo, que apuesta a su desarrollo. Como lo señalara la Presidenta de la Nación, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, recientemente durante la celebración del Día de la Industria en Tecnópolis, estamos ante un cuadro alentador observando el objetivo de formación de ingenieros dentro del Plan anunciado en 2012: en el año 2014 se graduaron más de 10.000 ingenieros, se duplicó la matrícula femenina en la modalidad y, por ejemplo, en la UBA por primera vez en 2015 ingresaron más estudiantes en la Facultad de Ingeniería que en la de Ciencias Sociales.

Podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que el Estado ha sido determinante en el diseño e implementación de tamaña empresa de recuperación de la educación técnico profesional en nuestro país, pero que también el pueblo se va apropiando de más derechos y de más herramientas para hacer mayor su calidad de vida, y esto no tiene retorno.

Por todas estas razones es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de resolución.