La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos pertinentes, en relación a la explotación de trabajadores extranjeros, se sirva informar a este cuerpo:

1- ¿Si han recibido denuncias de 2005 a la actualidad sobre trabajadores extranjeros indocumentados? En caso afirmativo se indique cual es la cantidad y cual es su nacionalidad.

2- ¿Que cantidad denuncias se recibieron sobre talleres clandestinos con trabajadores extranjeros del 2005 a la actualidad?

3- ¿Si en virtud de esas denuncias, se enviaron cuerpo de inspectores para la verificación y control de los mismos?

4- ¿Que cantidad de establecimientos fueron inspeccionados de 2005 a la actualidad?

5- ¿Que cantidad de los mismos estaban en contravención?

6- ¿Cuantos están debidamente habilitados?

7- ¿En que condiciones de seguridad e higiene fueron encontrados los talleres inspeccionados?

8- ¿Si en ellos se respetaron los derechos humanos explicitados en el Protocolo de Palermo? En caso de que la respuesta fuera negativa, que pena le correspondió al comercio o industria inspeccionada.

9- En función de los hechos acaecidos, teniendo victimas fatales como consecuencia del estado de servidumbre en que se trabajan, si se ha pensado en un Programa de Asistencia a las Victimas? en caso de que la respuesta fuera afirmativa, como y cuando se implemento o se implementara.

10- En caso de que la respuesta fuera negativa, que medidas se han tomado y se tomaran al respecto.

Señor presidente:

Para comprender el motivo que origina la solicitud del presente pedido de informes, analizaremos la situación de la industria textil que es donde se nota estadísticamente el meollo de la cuestión de explotación laboral.

El 80 por ciento de la ropa que se extiende por las vidrieras de las principales avenidas porteñas y que las empresas producen a través de talleres intermedios se produce en las condiciones de servidumbre vivenciadas por esta familia de inmigrantes o en el marco de formas de contratación en las que los derechos laborales y sociales son la variable de ajuste.

Así lo reveló una investigación denominada "Quién es quién en la cadena de valor del sector de indumentaria textil., intentando arribar a una solución conjunta del sector", presentada y debatida ayer por diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales que luchan contra el trabajo esclavo.

El estudio agrega dos números más para marcar la magnitud del problema: entre 100 mil y 130 mil inmigrantes, son víctimas de trata de personas en el país con fines de explotación laboral. Los pocos ingresos que ganan por la tarea representan el 20 por ciento del PBI boliviano que vuelve al país en forma de remesas.

Estos datos, sumado al hechos como el taller de la calle Luis Viale, en el barrio porteño de Caballito, donde murieron niños y adultos que trabajaban en malas condiciones de seguridad e higiene son los algunos de los tantos elementos citados por el estudio para denunciar el sistema de producción imperante, que proveer a empresas-marcas importantes, basándose en la explotación de inmigrantes vinculados al tráfico de personas de países limítrofes como de argentinos desempleados sometidas al mismo trato.

Este estudio, realizado en forma conjunta entre la Fundación El Otro y la organización Interrupción, está focalizado en la ciudad de Buenos Aires y está basado en entrevistas realizadas a actores de los diversos sectores vinculadas a la indumentaria, como la Cámara Industrial Argentina, la Asociación de Obreros Textil, el Sindicato de Trabajadores talleristas, la Defensoría del Pueblo de la ciudad y la Unión de Trabajadores Costureros.

El reclutamiento de personas para trabajar en talleres textiles es la forma más conocida de explotación laboral: así lo certifican las miles de denuncias presentadas por la Unión de Trabajadores Costureros y la seguidilla de allanamientos realizados en los últimos meses para intentar desbaratar estas redes., que también es importante destacar que a tal grado llega la necesidad, que algunos de estos trabajadores defendían esta fuente anormal de trabajo.

Teniendo en cuenta que la mayoría de quienes trabajan en los talleres son de nacionalidad boliviana, las denuncias de la Defensoría del Pueblo porteña dan cuenta también de la existencia de argentinos sometidos a las mismas modalidades de trabajo infrahumano.

El trabajo informal es otra de las irregularidades que se esconden en el mundo de la indumentaria. Según detalla la investigación, el empleo informal "afecta a un mayor número de personas que el desempleo, afecta en mayor medida a mujeres y jóvenes, y más de la mitad se registra en 10 ocupaciones". La construcción, transporte, comercio, producción industrial y el servicio doméstico lideran el ranking.

"Esta reapiadad que nos azota requiere de un abordaje integral en el que participen tanto autoridades nacionales y locales, el sector empresarial y sindical.

Varios son los factores que derivaron en esta problemática

-El alto grado de informalidad del sector de la indumentaria,

-la precarización del mercado laboral característico de la década del '90,

-la irresponsabilidad de las principales empresas de la moda respecto de la calidad de su cadena de valor

y por ultimo la falta de decisión política en los distintos niveles de gobierno a la hora de ejecutar un sistema adecuado de verificación y control del trabajo en los talleres así como en la creación de un programa nacional de asistencia a las víctimas de tráfico de personas.

Luego de incorporar la opinión de los diferentes actores involucrados en la producción y comercialización de ropa sobre la explotación laboral, los investigadores cierran el estudio con siete desafíos estratégicos para cambiar la realidad: "Reducir el nivel de informalidad del sector, implementar un programa focalizado de documentación para inmigrantes,, realizar inspecciones y clausuras de talleres clandestinos, promover mecanismos de certificación de las marcas, y sensibilizar a los consumidores sobre la situación, son algunas de las propuestas que se ofreció para tratar de resolver esta dolorosa problemática.

Este trabajo se presenta en el marco de constatación de tráfico ilegal de indocumentados, de reducción a servidumbre y otras graves violaciones que involucran el derecho a la libertad, a la dignidad y a no ser objeto de explotación, cometidos en talleres textiles clandestinos distribuidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Estos acontecimientos en Buenos Aires, de los cuales es protagonista la comunidad boliviana, nos remite nuevamente a la cuestión migratoria. Y por lo tanto es necesario recordar las causas de los desplazamientos de millones de personas que dejan atrás su tierra, sus gentes, sus formas de vida. La miseria, la marginación, la falta de acceso a la educación y a la sanidad, o la desocupación, son algunos de los flagelos constantes que castigan grandes sectores de población. Y no constituyen una fatalidad irremediable. Suelen ser consecuencia de sistemas socio- económicos asentados sobre una injusticia estructural. Esa es la cuestión fundamental, de la que nadie, o casi nadie quiere hacerse cargo en los países "desarrollados". El proceso de "globalización" ha evolucionado dentro de las líneas y conveniencias de quienes detentan el poder económico y político en el planeta. Eso significa una permanente transferencia de riqueza hacia las metrópolis y un creciente empobrecimiento de gran parte de la población mundial.

Mientras la injusticia sea la forma dominante de la globalización, solo cabe esperar más miseria y más violencia. Y en la medida que aumenta la pobreza y disminuyen las posibilidades de trabajo y de una vida digna, hombres y mujeres seguirán emigrando buscando en otras tierras el futuro que no tienen en la suya.

Volviendo al tema de publico conocimiento que fue el incendio ocurrido el 30 de marzo de 2006 en el taller ilegal de Luis Viale, en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires, donde murieron 2 costureros y 4 niños, fue el detonante para que tomaran un mayor estado público los reclamos que venían realizando durante los últimos años organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores Costureros, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras, en relación al trabajo esclavo en el sector de indumentaria

La situación también profundizó sus matices a partir de las denuncias presentadas durante 2006 por la Unión de Trabajadores Costureros, que involucraron a más de 70 marcas de reconocido nombre en el mercado local, donde se comprobó la existencia de talleres textiles clandestinos con violaciones a la dignidad de los trabajadores: extensas jornadas de trabajo, pago a destajo y por prenda, pago en negro, reclutamiento bajo engaños, retención de los documentos de identidad, explotación abusando de las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes, situaciones de semi encierro o reducción a la servidumbre, exposición a enfermedades como la tuberculosis, alimentación precaria e intimidaciones a los trabajadores.

La cadena de valor de la industria de indumentaria es compleja y de difícil fiscalización. La mayoría de la producción se encuentra tercerizada fuera de las empresas, generalmente en más de un taller. La masa crítica de talleres efectivos donde las empresas-marcas tercerizan su producción es incalculable, en parte, debido a la informalidad característica del sector y su atomización, y al terror impuesto por la coerción de los dueños de talleres clandestinos donde existe trabajo esclavo. Por otro lado, la normativa específica que regula las relaciones entre los talleristas y las empresas-marcas dadoras de trabajo, no fue aplicada como correspondía durante un largo período, debido a desinteligencias en materia de competencias jurisdiccionales y a la falta de decisión política. Se estima que el 80% de la confección de prendas tercerizadas en talleres se realiza bajo condiciones informales o violando los derechos humanos básicos.

A lo largo de la investigación comprobamos que talleres como el de Luis Viale, donde los trabajadores encontraron la muerte riesgo por las malas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, no son hechos aislados: son el reflejo de un sistema de producción que provee a empresas- marcas importantes, basado principalmente en la explotación de inmigrantes vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral, así como de argentinos desempleados sometidos al mismo trato. Paralelamente, la gran mayoría del resto del sector de indumentaria, si bien no está vinculada a proveedores en estas condiciones de trabajo, es provista por talleres informales donde los trabajadores no están registrados.

Según las entrevistas de campo realizadas, se pone en evidencia que a raíz de la movilización social de las organizaciones vinculadas a las víctimas y al posicionamiento de la problemática en los medios, los distintos actores comienzan a manifestar mayor sensibilización frente al tema y, consecuentemente, mayor acción. En el ámbito nacional, la recuperación de las facultades por parte del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social en materia de supervisión del trabajo en las jurisdicciones locales permitirá, a través del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, reestablecer el foco en la disminución del trabajo no registrado y combatir la in documentación de los inmigrantes a través del Plan Patria Grande.

Mientras que en el ámbito local, la Subsecretaría de Empleo, Producción y Desarrollo Profesional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha hace un tiempo todo lo referente a la regulación del trabajo en su jurisdicción (como la policía de trabajo) y próximamente tendrá la competencia de la Ley de Trabajo a Domicilio, la cual data de 1941. Desde esta autoridad se intenta abordar la problemática de una manera integral: sensibilizando a las víctimas para que denuncien a los talleres, articulando con actores sociales para la reinserción laboral de los trabajadores, promoviendo inspecciones preventivas en talleres para que regularicen su situación y difundiendo el programa de certificación de la cadena de valor para las empresas del sector diseñado por el INTI, entre otras.

Herramientas como la Certificación de Comportamiento Socialmente Responsable, diseñada y puesta en marcha por el INTI, son fundamentales para el sector ya que permiten darle visibilidad a aquellas empresas- marcas que quieren diferenciarse por tener una cadena de proveedores limpia de trabajo esclavo, generando incentivos positivos en el sector para revertir esta tendencia. En cuanto al sector sindical, existe pleno conocimiento de la problemática. El interés principal está puesto en lograr el mayor registro de sus trabajadores por parte de las empresas (garantizando el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo) así como en la sensibilización de los trabajadores en materia sindical. Los sindicatos deberían oficiar de canales fértiles para abordar la problemática de la informalidad en el rubro. En cuanto al sector privado, la presión por parte de los "stakeholders" o grupos de interés de las empresas resulta fundamental para que éstas asuman cada vez más responsabilidad respecto a su cadena de valor. Para que esta demanda sea equitativa y no genere distorsiones dentro del sector, es necesario diferenciar por tipo y tamaño de empresa: no todas están en las mismas condiciones y no todas tienen la misma responsabilidad. Resulta fundamental analizar el segmento del mercado de cada grupo y el nivel de ocupación que presenta para determinar las medidas que comulgan con los objetivos. La necesaria formalización del sector trae aparejado el incremento de los costos; de no existir mecanismos específicos para determinar la composición más justa y equitativa del precio establecido en cada eslabón de la cadena, este incremento inicial será directamente trasladado al precio final que pagará el consumidor.

La ciudadanía también debe intervenir con su poder de presión a través del consumo de aquellos productos que provengan de cadenas de valor responsables, donde esté garantizada la calidad no sólo de la prenda sino también del tipo de trabajo que esta conlleva. A la luz de lo expuesto, el problema parecería estar resuelto, pero nos preguntamos si es esto suficiente para combatir el trabajo informal y el trabajo ilegal.

Los escenarios posibles de acción conjunta entre los actores son factibles en la medida en que exista diálogo entre el sector estatal, privado y sindical. Es en este ámbito donde se debería dar la discusión necesaria para diseñar políticas, tomar medidas realistas y equitativas en el sector, generando los incentivos económicos y políticos necesarios para que trabajar con una cadena de valor bajo condiciones de esclavitud ya no sea rentable para nadie.

Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.