La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informe respecto de:

a. La cantidad de muertes de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las comunidades originarias de todo el país en los últimos 5 años, con explicitación de sus causas.

b. La accesibilidad de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades originarias a los servicios de salud.

c. Las políticas implementadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de las comunidades originarias.

d. Las condiciones de vida y entornos de cuidado de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a las comunidades originarias.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto exigir al Poder Ejecutivo Nacional que informe respecto de diversas cuestiones relacionadas con la situación actual de los niños pertenecientes a comunidades originarias a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El día 9 de septiembre de 2015, se ha conocido la muerte de un niño qom de 14 años en la provincia de Chaco. La causa del fallecimiento tuvo que ver con un cuadro de tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace tiempo. Esta muerte, se suma a tantas otras, siendo sólo algunas de ellas registradas por los medios de comunicación.

Nos preocupa profundamente esta situación. "La mortalidad en los primeros años de vida es un indicador fundamental de las condiciones de vida de una comunidad, nación o pueblo, y su reducción es una prioridad de salud en todos los países del mundo." (1)

La desprotección y la ausencia del Estado en la problemática de las comunidades originarias se traduce en pobreza, exclusión, enfermedad y, en el peor de los casos, en muertes. Según la CEPAL, "a pesar del importante descenso que se ha logrado en los niveles de mortalidad en América Latina, los resultados de este estudio muestran una sistemática sobre-mortalidad de los menores indígenas respecto del resto de la población." (2)

En un informe de 2013 del Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC) (3) sobre la violencia contra la niñez en 17 países de la región, se ha dejado en claro que la infancia sigue siendo una de las poblaciones más vulnerables. Según los datos reportados, la niñez indígena es la más expuesta a la violencia, y las niñas y las adolescentes continúan siendo las principales víctimas de la violencia sexual. En dicho informe, se reconoce asimismo que América del Sur y América Central carecen de sistemas de información y reporte de violencia contra niños y niñas.

Las constantes vulneraciones de derechos que sufren las comunidades originarias evidencia que su protección nunca estuvo entre las prioridades del Estado. Tal como lo afirma Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina "el Estado reconoce en la actualidad la existencia de al menos 955 mil personas pertenecientes a más de treinta pueblos originarios. Y el mismo Estado admite que se trata de un "subregistro" y que son muchos más. Aun así, un discurso recurrente se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que está viva y presente en la actualidad."

La información es el primer paso hacia la protección de la niñez de los pueblos originarios. Sin ella, no es posible lograr un diagnóstico profundo ni exhaustivo de su situación, y en consecuencia no es posible avanzar en el diseño de leyes y políticas públicas que la protejan. Es por eso que se torna imperioso que los organismos especializados en la materia brinden información exhaustiva, detallada y veraz sobre esta problemática.

Queda así fundamentado el presente proyecto y a consideración de los diputados y diputadas para su sanción.