La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

A 25 años de la constitución de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), expresar su reconocimiento por la labor desempeñada, a sus integrantes Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernandez Long, Carlos Gattinoni, Horacio Huarte, Gregorio Klimovsky, Santiago López, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Hugo Piucill, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú y Ernesto Sábato, mediante la colocación de una placa conmemorativa en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

3. Entregar a los miembros mencionados -o sus familiares directos- y a Raúl Aragón, Graciela Fernández Meijide, Alberto Mansur, Daniel Salvador y Leopoldo Silgueira, en su calidad de Secretarios de dicha Comisión, un presente recordatorio en sesión especial a realizarse el 15 de Diciembre de 2008, o en su defecto en fecha a determinar por la Presidencia, en el presente período legislativo.

4. Impútense los gastos provocados por la presente resolución a las cuentas generales del Presupuesto de gastos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Señor presidente:

El 10 de Diciembre de 1983 los argentinos veían concretarse en los hechos con la asunción de las autoridades constitucionales electas el 30 de octubre de aquel año, el retorno a la vida democrática después de la larga y sangrienta noche de la dictadura iniciada en 1976.

Coherente con el fuerte compromiso con los derechos humanos asumido durante la campaña electoral, el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín a pocas horas de haber asumido, más precisamente el 13 de diciembre, convocó al Congreso a sesiones extraordinarias y envió un conjunto de leyes vinculadas a esa cuestión:

- Derogación de la ley de autoamnistía (22.924) dictada por los militares, consagrando la impunidad para los represores.

- Equiparación de la tortura al homicidio.

- Modificación del Código de Justicia Militar limitando la competencia de los tribunales militares, estableciendo apelación ante la Cámara Federal.

- Defensa del orden constitucional y de la vida democrática.

- Ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

- Reducción de pena a los detenidos durante el gobierno de facto.

- Modificación del Código de Procedimiento en materia Penal estableciendo que los fallos de los tribunales militares puedan ser apelados ante la justicia civil.

- Modificación del Código Penal en materia de condena condicional y reincidencia, derogando normas inconciliables con el orden constitucional.

- Modificación del Código de Procedimiento en materia Penal sobre excarcelación.

Simultáneamente, por el Decreto 158/83 se sometió a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares y por el Decreto 157/83 se dio instrucciones al Procurador General de la Nación para que investigue y ejerza la acción pública por los delitos penales cometidos por siete dirigentes de grupos guerrilleros.

El 15 de diciembre, por el Decreto 187/83 el Presidente Raúl Alfonsín constituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para que investigara y esclareciera los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país y para que determinara la ubicación de niños sustraídos.

Las funciones de la Conadep fueron recibir denuncias y pruebas sobre esos hechos, remitirlas inmediatamente a la justicia y denunciar posibles ocultamientos de elementos probatorios. Y emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados. La Comisión no fue facultada para emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial. El plazo otorgado fue de seis meses, extendido luego a nueve meses. La Comisión se debía integrar con miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres parlamentarios designados por la Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Senadores de la Nación.

Los diez miembros elegidos y designados por el Poder Ejecutivo por su celo en la defensa de los derechos humanos y por su prestigio en la vida pública del país fueron: Ricardo Colombres (jurista, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), René Favaloro (eminente cardiocirujano), Hilario Fernandez Long (ingeniero, Rector de la Universidad de Buenos Aires destituido por el golpe militar de 1966), Carlos Gattinoni (obispo metodista), Gregorio Klimovsky (filósofo, profesor universitario renunciante a sus cátedras con motivo del golpe de 1966), Marshall Meyer (rabino), Jaime de Nevares (obispo católico), Eduardo Rabossi (filósofo, jurista, también renunciante a sus cátedras con motivo del golpe de 1966), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Ernesto Sábato (escritor).

Puesta a consideración en la H. Cámara de Diputados de la Nación la invitación presidencial a integrar la Comisión, diferencias de criterios respecto a las características de la Comisión a conformar, hicieron que solo fueran nominados representantes del oficialismo, recayendo las designaciones en los diputados Santiago López, Hugo Piucill y Horacio Huarte. Tampoco el H. Senado de la Nación postuló representantes para la integración.

En su primera reunión se designó Presidente de la Conadep a Ernesto Sábato. Luego se decidió la creación de cinco secretarías: de Recepción de Denuncias (a cargo de Graciela Fernández Meijide), de Documentación y Procesamiento de Datos (Daniel Salvador), de Procedimientos (Raúl Aragón), de Asuntos Legales (Alberto Mansur) y Administrativa (Leopoldo Silgueira).

El personal -unas cien personas- provino en general de las ONGs. Los miembros de la Comisión trabajaron ad honorem. Solamente los secretarios y el personal cobraron sueldos equiparados al de los jueces y empleados de primera instancia del Poder Judicial. El Ministerio del Interior brindó el apoyo administrativo, logístico y financiero. El apoyo fue eficaz y estuvo exento de toda intención o presión política. La Conadep funcionó en dependencias del Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos Aires.

Resulta interesante para conocer un poco más sobre el funcionamiento y tarea de la Conadep, reproducir algunos párrafos de un informe elaborado por el Dr. Eduardo Rabossi, quien fuera uno de sus integrantes:

"La recepción y el procesamiento de las denuncias fue uno de los problemas importantes que enfrentó la Comisión. Se elaboró un formulario (en esto, como en otros temas, fueron importantes las experiencias de las fact-finding commissions de la OEA) que además de los datos de filiación de las personas involucradas, requería de los denunciantes una descripción pormenorizada de los hechos (seguimientos, amenazas, secuestro, detención), la posible información sobre la situación posterior de la víctima y todas las referencias adicionales que pudieran ayudar a determinar su suerte. El formulario también incluía una sección para los datos eventualmente utilizables por médicos forenses."

"El flujo de familiares y amigos de las personas desaparecidas fue impresionante. Sus relatos desgarradores fueron consignados minuciosamente por los encargados de recibir las denuncias. La tarea fue difícil y dolorosa."

"Las denuncias de las personas detenidas-desaparecidas que habían sido liberadas, jugaron un papel crucial. Sus declaraciones, no sólo permitieron ubicar los lugares de detención de muchos detenidos-desaparecidos, sino la descripción y posible ubicación de los centros clandestinos de detención. Dada la extensión del país y ante la certeza de que hubiera casos no denunciados, la Conadep instaló en la ciudad de Córdoba una sede y autorizó a que en las ciudades de Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca personas allegadas a ONGs y a asociaciones locales de abogados, recibieran denuncias. Asimismo, se enviaron al interior del país grupos formados por secretarios y empleados de la Conadep para recibir denuncias."

"La Conadep recibió 7.380 denuncias de desapariciones. La nómina completa, publicada en el Anexo al Informe, incluye los datos de casi 9.000 personas desaparecidas. La diferencia numérica estriba en que con ayuda de ONGs y de organismos nacionales, extranjeros e internacionales, se procesaron e incluyeron las denuncias formuladas ante ellos y no formalizadas ante la Conadep. Al dictarse leyes de reparación pecuniaria durante los gobiernos del Presidente Alfonsín y del Presidente Carlos Menem, aparecieron nuevos casos."

"El planeamiento y la realización de procedimientos para ubicar documentos y testigos y, sobre todo, relevar la infraestructura operativa del terrorismo de estado, fue otro problema importante. Se libraron unos 1.300 oficios de los cuales casi el 50 % correspondieron de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Las respuestas, en los casos en que se dieron, siempre fueron reticentes. Además, el General Bignone (el último de los presidentes de facto) había emitido un decreto ordenando la destrucción de toda la documentación que tuviera que ver con la represión. Pese a las numerosas diligencias practicadas, nunca se pudo encontrar una documentación cierta sobre los operativos, el personal interviniente y las personas detenidas-desaparecidas."

"Pese a esos intentos de ocultar lo ocurrido, logramos reconstruir el modus operandi del terrorismo de estado y relevar su infraestructura. Ellos están descriptos en el Capítulo I del Informe. Se identificaron en el país unos 380 centros clandestinos de detención, de los que el Informe ofrece descripciones detalladas. La expresión centro clandestino de detención se usó de una manera genérica. Una categorización más fina debería distinguir entre los lugares (comisarías, cuarteles, oficinas de inteligencia, casas) en los que se retenía por un tiempo a detenidos-desaparecidos, sometiéndolos a interrogatorios, mal trato y tortura (propongo denominarlos centros de detención clandestina), de los campos de concentración de detenidos- desaparecidos (centros clandestinos de detención) en los que equipos de expertos torturaban, violaban, destruían psicológicamente a sus víctimas, iniciaban en algunos casos los llamados procesos de recuperación y ordenaban, para la gran mayoría, el trágico traslado, es decir, la culminación fatal del periplo. Son ejemplos paradigmáticos de esos campos la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Olimpo, Automotores Orletti, la Perla, la Ribera, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Quinta Seré. Hay, por cierto, otros."

"Una tarea adicional de la Conadep fue elevar a la Justicia las denuncias recibidas. No puedo entrar en las minucias jurídicas que hubo que resolver ni la masa de documentación que hubo que procesar. Señalaré que se adoptó el criterio de no presentar casos aislados (en la medida de lo posible), sino reunir los casos que tenían como elemento común la detención del detenido-desaparecido en alguno de los centros clandestinos. La Conadep elevó a la justicia casi 1.100 casos. A mediados de 1985, la Subsecretaría de Derechos Humanos completó la presentación de la totalidad de las denuncias recibidas."

"El 20 de septiembre de 1984 la Conadep entregó su Informe al Presidente de la Nación. En la Plaza de Mayo reinaba un clima atípico. Casi sesenta mil personas esperaban ese momento simbólico. No había pancartas de partidos políticos, no se oían cánticos, no se coreaban consignas. Se hacía realidad lo que el Decreto de creación había afirmado y previsto en sus considerandos: la cuestión de los derechos humanos trasciende los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional con relación a la sociedad civil, debe satisfacerse [su] interés legítimo de intervenir activamente en el esclarecimiento de los trágicos episodios en los que desaparecieron miles de personas. Los millones de televidentes, la multitud en la Plaza, los miembros de la Conadep personificamos entonces a la sociedad civil, encarnamos su renacimiento e hicimos oír su voz."

"La creación de la CONADEP no fue un hecho aislado. Formó parte de la política de estado decidida por el Presidente Alfonsín para revisar y juzgar el pasado violento de la Argentina. Al asumir la presidencia el 10 de diciembre de 1983 Alfonsín anunció en el Mensaje a la Asamblea Legislativa que se pondría en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad y que el Gobierno se empeñaría en esclarecer la situación de las personas desaparecidas."

"Traigo a cuento la Política de Estado instaurada por el gobierno democrático, inédita en la manera de encarar la herencia del pasado en las situaciones de transición democrática, porque fue el marco en el que la CONADEP desarrolló su tarea. El aporte que hizo, en ese sentido, fue sumamente importante. El caudal de información que reunió resultó decisivo para que la Fiscalía pudiera elaborar y formular en un lapso breve su acusación en el juicio a las Juntas Militares (Causa 13, Cámara Federal de Apelación en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, Abril 1985). También sirvió para las acusaciones en otros juicios iniciados contra el personal de seguridad y militar involucrado. Sin embargo, ese rol no afectó el funcionamiento de la CONADEP como una comisión de la verdad. Influyó, en cambio, en la amplitud de su cometido. No tuvo, como la Comisión de Verdad y Reconciliación chilena, la misión de contribuir al esclarecimiento de la verdad global sobre las más graves violaciones a los derechos humanos. (Artículo Primero del Decreto Supremo N° 355/90), sino la de esclarecer dos temas específicos: averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas y determinar la ubicación de los niños sustraídos."

"La Conadep cumplió su misión con seriedad. No sufrió condicionamientos políticos. No se autocensuró. No practicó el protagonismo mediático. No se propulsó ofrecer interpretaciones sesgadas de lo ocurrido. Condenó la violencia y execró el terrorismo de estado. Informó con ascetismo lo que constató ("No usen adjetivos", nos recomendó Sábato a quienes teníamos a cargo la elaboración del Informe). Ninguno de sus miembros pretendió utilizarla para atesorar méritos personales Quizá por todo eso la Conadep y "Nunca más" siguen siendo intocables en el turbulento escenario que generó y sigue generando la herencia del pasado violento en la República Argentina."

A 25 años de aquella acertada decisión de constituir la Conadep, y en reconocimiento a la tarea que sus integrantes desarrollaran, solicitamos la aprobación del presente proyecto por parte de ésta H. Cámara de Diputados de la Nación.-