La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar rechazo y preocupación frente a la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de presentar una medida cautelar para impedir el funcionamiento del Órgano de Revisión de Salud Mental creado ´por la Ley Nacional N° 26.657

Señor presidente:

La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010, creó el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORN) con el objetivo de proteger los Derechos Humanos de los pacientes y monitorear y controlar que se cumplan las metas y disposiciones de la norma en todo el territorio del país. Todos los distritos aceptaron y cooperaron con la iniciativa, menos uno: la Ciudad de Buenos Aires. El Ejecutivo porteño impulsó una medida cautelar para que el ORN no funcione en el ámbito de la Capital Federal, y además pide dejar sin efecto dos de sus recomendaciones: la que demanda que se investiguen las muertes ocurridas en las instituciones de salud mental del país como "dudosas" por ser en ámbitos de encierro; y la que sugiere la prohibición de la aplicación de electroshock, una práctica considerada "obsoleta" y que se encuentra "en proceso de eliminación", según la ORN, que sugiere "modelos de abordaje de la salud mental basados en principios de atención primaria de la salud y enfoques comunitarios de atención, cuyo eje es el respeto de los derechos fundamentales de las personas".

Esta ley responde un avance en materia de derechos humanos y su vigencia, y el respeto por la vida de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres y es reconocida como de vanguardia en América Latina región que requiere de aunar esfuerzos

por la problemática en común del sufrimiento psíquico y la plena vigencia de los derechos humanos.

La acción fue presentada en el juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 a cargo de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez, como respuesta al informe presentado durante los monitoreos realizados por el ORN durante tres visitas a lo largo de 2014 en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano, donde dieron cuenta de "serias irregularidades" como internaciones de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos.

Por todo lo consignado, el ORN le solicitó al gobierno porteño que adecue los servicios evaluados de acuerdo a los estándares impuestos por la Ley nacional, que habla de la apertura de casas de medio camino, de un trabajo interdisciplinario, la búsqueda de hospitales de puertas abiertas, mayor capacitación profesional, entre otros varios puntos.

La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010, y reglamentada en 2013, prevé el reemplazo progresivo de hospitales monovalentes por el tratamiento en hospitales generales que dispongan de un servicio de salud mental y casas de medio camino para que no estén encerrados y aislados. A partir del nuevo Código Civil, las personas con discapacidad psicosocial pueden tomar decisiones, por lo que hasta se pueden revisar sentencias. Con el viejo Código se las estigmatizaba y hasta se cuestionaba su capacidad jurídica.

En una institución neuropsiquiatría toda muerte es una muerte dudosa y por eso el Órgano de Revisión debe monitorear las causas del fallecimiento. Negar los

monitoreos en negar la ley, y negar al ORN es impedir que se investiguen las muertes ocurridas en instituciones públicas y privadas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente Proyecto