La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar preocupación y repudio por la prohibición de tratar temas relacionados con la actividad minera en el ámbito de las escuelas de la Provincia de La Rioja y la persecución de la que son objeto los docentes que participan de Asambleas Ciudadanas de dicha provincia.

Señor presidente:

Desde el año pasado a la fecha varios docentes vienen denunciando que el Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja habría ordenado verbalmente a supervisores y directivos de las escuelas que prohíban a los docentes de las mismas tratar temas relacionados con la actividad minera en sus clases. Ya el 29 de septiembre del 2.008 una nota escrita por Darío Aranda, publicada en el diario Página 12 (

HYPERLINK "http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-112431-2008-09-29.html"

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-112431-2008-09- 29.html

) denunciaba esto.

Las asambleas ciudadanas de las ciudades de La Rioja, Famatina y Chilecito denunciaron al Gobierno y al Ministerio de Educación de la provincia por haber dado instrucciones verbales a los supervisores y directivos de escuelas públicas provinciales para que se prohíba a los profesores y maestros alertar sobre las consecuencias contaminantes de la minería. La medida verbal apuntaría a impedir a los docentes tratar el tema de la minería con los alumnos, se habría prohibido el ingreso de las asambleas a las escuelas provinciales para que realicen charlas explicativas sobre la contaminación ambiental que provocarían esas explotaciones a cielo abierto, y también se habría prohibido colocar carteles con mensajes contrarios a las minas, y los trabajos institucionales sobre esa temática para la Feria de Ciencias.

Los asambleístas también denunciaron que el Ministerio de Educación pidió a los directores de los establecimientos que aporten los nombres de los docentes que militen en las asambleas ambientalistas.

Si bien el Ministerio de Educación desmintió que esas órdenes hayan existido, lo cierto es que esto sigue sucediendo en la provincia, los docentes que integran Asambleas Ciudadanas u otros movimientos son amenazados telefónicamente y temen por su continuidad y seguridad laboral.

Lo denunciado es grave y se da en un contexto de criminalización de la protesta social, particularmente aquella que se manifiesta en contra de proyectos o emprendimientos mineros, que está teniendo lugar en La Rioja.

La persecución laboral por la participación en espacios políticos o sociales nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia, la prohibición de decir, de enseñar, de hablar sobre determinados temas, sobre todo cuando están relacionados con la realidad que viven los alumnos es más que nocivo, aísla a la escuela del contexto social en la que debe estar inmersa. Considero que esta Cámara debe expresarse ante este tipo de situaciones rechazándolas, por lo que solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa.