La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inc. 11 de la CN para que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros; Ministerio del Interior y Transporte; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y demás organismos competentes en la materia, informen a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre los siguientes puntos a la situación ambiental de las Bahía Encerrada, de Ushuaia y Golondrina y la recuperación costera y frente marítimo de dicha ciudad capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y otras cuestiones conexas.

1.- Describir las obras de saneamiento hidroambiental que se hubieran realizado o se hallen en proceso de ejecución en la zona de los mayores focos de contaminación: Bahía de Ushuaia, Bahía Encerrada y Bahía Golondrina; el turbal de Monte Gallinero, las Barrancas del Pipo y la franja costera debajo del barrio Mirador de los Andes.

2.- Informar si se ha efectuado el estudio de factibilidad para el saneamiento y recuperación ambiental del frente marítimo y espacio acuático de la Bahía Encerrada, tal como fuera acordado en marzo de 2015 mediante la suscripción de un convenio entre el Ministerio del Interior y Transporte y el intendente municipal de Ushuaia.

3.- Aclarar si se han gestionado asistencias crediticias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución de las obras derivadas del estudio consignado.

4.- Especificar la cantidad de transferencias dinerarias que se han remitido desde el Fondo Fiduciario Federal y del Fideicomiso Austral a los gobiernos de Tierra del Fuego y/o Municipalidad de Ushuaia, para ser invertidos en obras de saneamiento ambiental y recuperación costera, como asimismo en las tareas de evaluación de la calidad de los sedimentos en la Bahía Encerrada y la costa de Ushuaia, al igual que la calidad del agua.

5.- Adjuntar copia del plan de obras y acciones de remediación de la contaminación que se han previsto con miras a la superación de la crisis ambiental que padece Ushuaia, describiendo cuáles serán ejecutadas por la Provincia y cuáles por el Municipio local, con indicación de los plazos fijados para su consecución.

6.- Describir los elementos y sustancias altamente contaminantes que se hallaron en el relleno ilegal sobre la costa en el sector industrial de Ushuaia y si en la desembocadura del arroyo Grande un empresario local rellenó las aguas del canal Beagle con materiales no permitidos modificando el curso de las aguas del estuario formado entre las aguas del arroyo Grande y las aguas marinas del Beagle.

7.- Acreditar si se continúa tirando materia fecal sin tratar al canal de Beagle y al arroyo Buena Esperanza y explicar las razones de la demora en el inicio de las acciones de remediación sobre las costas en donde se haya finalizado el volcamiento de líquidos cloacales crudos.

8.- Precisar si se han realizado los estudios semestrales de contaminación de aguas de la cuenca del Río Grande. Acompañar los resultados obtenidos al respecto e identificar los mecanismos de control del daño ecológico que se efectúan periódicamente.

9.- Efectuar un prolijo informe respecto de la ocurrencia de enfermedades ambientales entre la población de Ushuaia y cuáles son las medidas de profilaxis y prevención que se hubieren adoptado tendientes a la protección de la salud de la población y la minimización de los riesgos sanitarios.

10.- Determinar el nivel de contaminación que produce el Horno Pirolítico de Ushuaia y qué medidas se han adoptado o se hallan en estudio a efectos de disminuir su incidencia sobre la calidad del aire en dicha ciudad austral.

11.- Referir si se han evaluado las consecuencias derivadas de la contaminación que provoca el basural a cielo abierto de la localidad de Tolhuin, tanto en la salud de niños que padecen problemas crónicos respiratorios y dermatológicos, como asimismo la afectación de las napas freáticas y los riesgos de inflamabilidad de los residuos atenta la cercanía del gasoducto y de la Ruta 3.

12.- Remitir copia del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que se hubiera realizado con antelación a la a apertura de una nueva línea de producción en la planta de agroquímicos Tecnomyl en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, que genera 40 variedades de productos agroquímicos entre herbicidas, fungicidas e insecticidas.

Señor presidente:

Durante el anterior período legislativo N° 132 del año 2014, propuse el expediente 6427-D-2014, en el cual se solicitaba en los términos del art. 41 de la CN que se coordinara con la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Municipalidad de Ushuaia el inicio de obras de saneamiento y reubicación o urbanización de de asentamientos marginales, con el objetivo de llevar dignidad a los habitantes de esas barriadas y neutralizar la alarmante contaminación hídrica generalizada existente en la ciudad de Ushuaia, costa del canal de Beagle, bahía Golondrina y bahía de Ushuaia.

Sin embargo, de la obtención de informaciones a través de los medios de prensa y de residentes fueguinos que se contactan con esta oficina legislativa, advertimos que la situación ambiental permanece casi inalterable, registrando módicos avances y las consecuencias de la contaminación se han exacerbado durante el último año.

El director ejecutivo de la organización Participación Ciudadana, Guillermo Worman, expresó: "Nosotros iniciamos la acción judicial hace dos años bajo la figura de protección de intereses difusos", dijo focalizando la situación más grave en la bahía Encerrada, "donde han descargado durante años e indiscriminadamente los efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento". Los olores se perciben sobre todo en los días más cálidos paradójicamente en "una de las postales que tiene la capital de Tierra del Fuego", señaló Worman, dado que se siguen volcando líquidos cloacales sin tratamiento.

"El año pasado, luego de inspecciones oculares y audiencias en tribunales, el juez (Alejandro Fernández) dictó sentencia en agosto que quedó firme en octubre. El 25 de marzo de este año, en el marco de esta condena al gobierno, la DPOSS y el Municipio, debían presentar sus planes de acción sobre inversiones, mantenimiento de bombas y plantas de tratamiento y cómo se iba a remediar el frente costero de la ciudad", sintetizó de la demanda. Indicó que la justicia dividió en dos la responsabilidad: "Desde la base naval hacia el río Olivia, es responsabilidad del gobierno provincial; y desde la base hacia parque nacional Lapataia, es responsabilidad del municipio.

El municipio hizo una presentación de la estrategia en el corto y mediano plazo, mientras que la provincia de Tierra del Fuego juntamente con la DPOSS declaró ante el tribunal que está a la espera de la confirmación de fondos nacionales, del FFFR -Fondo Fiduciario- y Fideicomiso Austral, y no presentó un plan de obras", expuso.

Subrayó que como parte de la condena, el juez Fernández "dispuso que el gobierno tenía la responsabilidad de realizar la totalidad de las obras de infraestructura", en tanto compete luego al Municipio el mantenimiento. "Esto es muy preocupante porque no tenemos en claro de qué manera el gobierno va a cumplir con este fallo obligatorio del juez. Por eso Participación Ciudadana hizo una presentación cuestionando la ausencia de definiciones concretas por parte de la provincia".

"Lo que más me preocupa es que además de estar condenado, el gobierno condicione el cumplimiento de la sentencia a que el gobierno nacional le transfiera los fondos. No puede aducir que no va a cumplir las responsabilidades porque el gobierno nacional no ratifica una adenda firmada por fondos federales", cuestionó. Estimó que "la totalidad de la inversión ronda entre 300 y 500 millones de pesos. Implica relocalizar el emisario submarino, es decir el ducto de descarga sobre el canal Beagle, además crear o construir la planta de tratamiento cloacales, para tratar los efluentes antes de tirarlos al mar en crudo", sostuvo sobre obras de gran envergadura, que debieron hacerse paulatinamente, de la mano del crecimiento de la ciudad. "El gobierno condicionó el inicio de las obras a que el gobierno nacional envíe los fondos y, si no se autorizan las partidas, se demoraría la ejecución de estas obras", reiteró.

"Estamos ante una crisis ambiental que no es un accidente, con altísimos niveles de contaminación, por falta de funcionamiento de un servicio elemental que sólo puede prestar el estado. Ninguna empresa particular puede resolver la problemática. Nadie más que el estado tiene capacidad para prestar un servicio de estas características", subrayó. A la falta de cloacas se le suma el estado del casco viejo, con ductos de madera que ya está en mal estado, y malos olores que se filtran en varios puntos del centro de la ciudad".

Worman citó estudios del CADIC que dan cuenta de niveles de contaminación "300 veces sobre el máximo permitido en algunas zonas". "El juez dispuso que el gobierno haga las obras y las transfiera al municipio, pero si no las hace, el municipio no las puede mantener. Y si no dejamos de volcar la cloaca cruda al canal, tampoco se puede remediar", planteó sobre un camino sin salida en tanto el estado provincial no asuma su responsabilidad. "Para nosotros fue una enorme sorpresa enterarnos de que el gobierno no había presentado un plan de obras. Esto no tiene un impacto neutro y, si no se trabaja, la contaminación crece", advirtió.

"En Ushuaia hace ocho años que no se tratan los efluentes cloacales. Imaginen si en ocho años no se recoge la basura y se empieza a acumular. Obviamente la ciudad colapsa. Ushuaia está colapsada y hay un reporte del CADIC que dice que los turbales que tenemos en la ciudad no tienen oxígeno en el agua. Están tan contaminados, que no hay presencia de oxigeno, fundamental para el desarrollo de la vida. El agua tiene carencia de oxígeno al mismo nivel del Riachuelo en Buenos Aires", aseveró en base a informes del centro de investigaciones.

Aparte de la falta de cloacas, Ushuaia padece un pésimo servicio de agua potable, por el que paga las tarifas más altas del país. "En Ushuaia además de tener la tarifa más cara de agua del país no tenemos garantizada una excelente prestación de servicios", apuntó Worman, y atribuyó "parte del problema a que hay personas al frente de áreas estatales que no han demostrado capacidad para gerenciar una responsabilidad tan importante". "De ninguna manera se pude naturalizar que los recursos naturales estén contaminados ni que el estado preste malos servicios", fustigó, e insistió en que "no estamos ante situaciones que no se pueden prever ni evitar, sino ante situaciones de desidia pública y un daño generado por falta de prestación de servicios públicos eficaz", sentenció.

Tal como expresara en el citado expediente 6427-D-2014, "hace 30 años los fueguinos se bañaban en las frías aguas de la bahía Golondrina. Hoy el agua tiene 10 veces más bacterias que las permitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Paradójicamente, la orilla vecina que es territorio chileno fue declarada patrimonio biológico de la Humanidad".

Es notorio que están haciendo falta obras de infraestructura. Se necesita un cronograma con plazos y montos de ejecución. Hay zonas que necesitan de saneamiento específico. Además, será ineludible empezar a medir la calidad del agua en varios sectores de la ciudad para monitorear su calidad y verificar si las obras están produciendo efectos positivos.

Es por ello, que la H. Cámara de Diputados de la Nación no puede permanecer ajena a la gravedad ambiental de Ushuaia y la que aparece incipiente, pero en crecimiento, en Río Grande y Tolhuin y amerita, ante la inacción política u omisión de trabajos necesarios, requerir los informes indicados y simultáneamente hacer saber al Poder Ejecutivo que es menester arbitre medios para la coordinación de las partes y se proceda al inicio inmediato de las imprescindibles y urgentes obras de saneamiento.

Pido por ello el acompañamiento de mis pares con su voto.