La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por las intervenciones distorsivas y fenómenos de corrupción detectados en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) junto al creciente desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA).

Señor presidente:

Conocidos son los excesos potestativos que le han permitido a la ONCCA instalarse como un robusto ente gubernamental encargado de la intervención en materia de comercio agrícola ganadero.

De este modo se la ha visto desplegar su actividad emitiendo normas reguladoras del comercio exterior, estableciendo, por ejemplo, cupos de exportación para consumo de mercaderías comprendidas en determinadas posiciones arancelarias y topes para la exportación, fijando un encaje exportador diferencial para determinadas posiciones arancelarias, decidiendo sobre la Cuota Hilton, fijando plazos para que el exportador oficialice destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas, reglamentando mecanismos de autorización de exportaciones, fijando el procedimiento para la solicitud de registro de importaciones, suspendiendo temporariamente la recepción y tramitación de solicitudes para operar en el comercio agropecuario, eximiendo a distintos tipos de establecimientos a acompañar constancias documentales respaldatorias de declaraciones juradas, estableciendo y distribuyendo subsidios, resolviendo sobre cartas de porte, entre otras acciones que le asignan mayor poder y por ende, injerencia en diversas áreas.

Diversos analistas jurídicos y entidades de productores advierten sobre ciertos vicios originales que afectan su existencia como ente estatal y validez jurídica de sus decisiones administrativas. Además ahora se suma una serie de situaciones irregulares en el manejo de los fondos públicos gracias a la manipulación administrativa y falta de controles que deterioran el desempeño del ente y deslegitiman aún más la necesidad de contar con órganos de control en el comercio agroalimentario.

Es decir, si desde su origen político y normativo -Decreto 1343 del año 1996- la ONCCA fue incrementando sus funciones y regulaciones y en la realidad actual también presenta y reconoce graves irregularidades en la ejecución de sus políticas, entonces se devela un manejo discrecional de los organismos del Estado por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el cual conjuga el incremento de atribuciones para garantizarse el poder y a su vez, una pérdida acelerada de transparencia e ineficiencia en la gestión pública que explican los escandalosos procesos de corrupción.

Las excesivas funciones e intervenciones distorsivas de la ONCCA, que la ubican como un ente poderoso y paradigmático en la actual institucionalidad agrícola ocurrieron junto a un progresivo debilitamiento de la SAGPYA como organismo principal y legítimo de la actividad agroalimentaria.

A pesar de que la recreación de la ONCCA por Decreto 1067 en el año 2005 modifica su "naturaleza jurídica" porque la convierte en un "organismo descentralizado", "con autarquía económica y financiera y técnico administrativa", y "dotado de personería jurídica", la Oficina no existe para sustituir a la SAGPyA sino para cumplir y hacer cumplir lo que ésta disponga. Queda claro en el artículo 2 del Decreto 1067 cuando se establece, "La ONCCA tendrá a su cargo ejecutar las políticas que la SAGPYA dicte a fin de asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia en materia de comercialización en el sector agroalimentario".

Sin embrago, es indudable cómo se violenta la norma escrita así como son notorias las prácticas burocráticas que envuelven graves perjuicios para el Estado Nacional, todo ello promovido, sea por acción u omisión, por parte del Gobierno Nacional. Entonces resulta urgente que este cuerpo se pronuncie ejerciendo el debido control parlamentario ya que asistimos a cambios estructurales en relación a las competencias y ejercicio de los órganos públicos, sea por modificación, ampliación, creación u otras formas de ingenierías institucionales para la intervención agraria que se están llevando a cabo de manera rápida, unilateral e incomprensible.

Junto al avance de la ONCCA, la Secretaría de Comercio Interior también contribuyó al avasallamiento institucional de la SAGPyA, que se expresa en un desmantelamiento de funciones pertenecientes a ésta última. Asimismo, con la creación de la Secretaría de Integración Nacional, instituida el pasado 20 de agosto por el Decreto 1110/09, sobreviene otro recorte de atribuciones originarias de la SAGPyA porque la nueva dependencia tiene competencias que están, o estaban, a cargo de ésta última.

Estos cambios políticos-institucionales nos preocupan y alertan, así como el modo y ciertas prácticas ejercidos en esos organismos, signados por la irregularidad e inmunidad de acción que manejan y el descontento social que generan. A la vez se permite y acompaña la continuidad de un orden político, económico y social regresivo y cruel para toda la Nación.

Los hechos de corrupción no son nuevos en la Argentina y hasta se tornaron imprescindibles para lograr los cambios que se han producido y se siguen produciendo en la vida social. Como en los años 90, se mantiene la certeza de inmunidad e impunidad del funcionario que trasciende el ámbito del sistema legal-penal y pasa a las instituciones en su conjunto, es decir la conducta corrupta ya es parte de las instituciones del Estado que no se explica sólo por la utilidad económica que representa para el actor sino que esa conducta forma parte de la red de relaciones sociales entretejidas con la vida política.

Entonces no estamos solamente ante actos individuales de corrupción sino que pareciera que se sostiene y retroalimenta una red de relaciones que es capaz de neutralizar el derecho y garantizar las conductas irregulares de los funcionarios públicos. De lo contrario cómo se explica la parálisis del sistema penal frente a los casos de enriquecimiento personal y formas exhibicionistas de funcionarios públicos confiados en su inmunidad.

Debemos enfrentar estos fenómenos de corrupción, afianzar los frenos institucionales, garantizar el debido proceso y juzgamiento, porque no son más que verdaderas amenazas para la legitimación del Estado-Gobierno en la gestión de los bienes públicos y el bienestar general de una sociedad.

Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.