El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1° - Deróguese la Ley N° 26.841, mediante la cual se autorizó la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad, como también personal destinado a actividades de ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social y de infraestructura, para que participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) por el plazo de dos (2) años a partir del 1° de julio de 2012.

ARTÍCULO 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene como objetivo la derogación de la Ley 26.841 -sancionada el 19 de diciembre de 2012- por medio de la cual se autorizó la salida de la República Argentina de medios, personal militar y de seguridad para la participación en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) por un plazo de dos (2) años a partir del 1° de julio de 2012 hasta mediados de 2014.

La situación de Haití configura una grave anomalía a la luz del derecho internacional público, ya que bajo el ropaje de la legalidad internacional dada por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU -que desde 2004 hasta la actualidad han prorrogado los alcances de la presencia militar en territorio haitiano para asegurar la paz, la seguridad y la estabilidad institucional luego de la crisis política que terminó con la caída del entonces Presidente René Preval-, se han producido una serie de hechos preocupantes que han vulnerado la soberanía, integridad territorial y la garantía y tutelaje de los derechos humanos fundamentales de la población haitiana.

La crisis descrita se ha agravado aún más en el último trienio 2010-2012, a partir del trágico terremoto y las desastrosas consecuencias políticas, sociales y económicas del mismo, lo cual terminó por configurar una política de doble standard a través de un tipo de intervención neocolonial monitoreada en los hechos por los Estados Unidos.

Asimismo, es importante mencionar que a partir de la "normalización institucional" haitiana -con el proceso electoral de 2011 pero bajo la férula de la MINUSTAH- el Senado de aquel país se pronunció unánimemente reclamando el retiro gradual de las fuerzas de la misión de la ONU y el establecimiento de reparaciones e investigaciones concretas de los múltiples abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de la misión contra población civil haitiana. Además, las desastrosas consecuencias de la epidemia de cólera que desde 2010 ha asolado al pueblo haitiano, configuró otro grave episodio aún no debidamente esclarecido, ya que distintas investigaciones encaradas con posterioridad atribuyeron la directa responsabilidad por este desastre sanitario a las autoridades de la misión de estabilización.

Muchas organizaciones políticas y sociales de América Latina, se han expresado con contundencia en los últimos años, denunciando la continuidad de una misión internacional que se ha convertido en el velo legalista detrás del cual se asienta la ocupación del territorio y la destrucción de la soberanía nacional haitiana.

En tal sentido, es importante recordar que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 30 de abril de 2004, mediante la Resolución 1542 y por un período de seis (6) meses, prorrogable por tres (3) períodos de igual plazo, lo cual implicaba que su mandato podría extenderse como máximo por dos años. En este plazo, y en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas que pauta las denominadas operaciones de mantenimiento de la paz, se establecían una serie de objetivos políticos, estratégicos y operativos que la Misión de Estabilización debía desarrollar a los efectos de coadyuvar a la consolidación del Gobierno de Transición, al que le cabía la responsabilidad de conducir el proceso de normalización político- institucional haitiano mediante la convocatoria a elecciones para conformar un nuevo gobierno que fuera expresión legítima de la voluntad popular de todos los ciudadanos haitianos.

Sin embargo, a pesar de lo que se establecía en la mencionada Resolución, las Naciones Unidas -con el apoyo explícito de buena parte de los países americanos- prorrogaron desde 2006 en adelante el mandato de la Misión de Estabilización declamando los mismos objetivos iniciales y pretextando la continuidad de la grave crisis político- institucional, social y económica como los fundamentos a partir de los cuales era necesario extender el período y alcances de la misión de estabilización.

En ese marco, la República Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros países de la región -con las notables excepciones de Cuba y Venezuela- han aprobado en reiteradas ocasiones la renovación de la participación a través del envío de personal militar, de seguridad, medios y logística para la misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), a pesar de las múltiples voces que en la misma región comenzaban a alertar sobre las consecuencias de la perpetuación de una misión de estas características.

Como expresábamos anteriormente, a partir del trágico terremoto de 2010 y los subsiguientes hechos vinculados a violaciones de los derechos humanos perpetradas por personal afectado a la misión de las Naciones Unidas y las deplorables consecuencias sanitarias causadas por el cólera y otras enfermedades, se produjo un serio deterioro de la situación política, social y económica del país, que fue virtualmente ocupado por los Estados Unidos bajo el pretexto de la necesidad de atender la grave crisis humanitaria y los estragos de todo tipo causados por el terremoto.

Simultáneamente, la Misión de Estabilización y el Gobierno de Transición avanzaron con un controvertido proceso de normalización democrática a través de la convocatoria a elecciones que se realizaron entre noviembre de 2010 y marzo de 2011. En efecto, luego de una dificultosa primera vuelta electoral plagada de irregularidades y violencia política, en marzo de 2011 se realizó la segunda vuelta electoral de resultas de la cual fue electo el hoy Presidente Michel Martelly, cuya legitimidad se vio seriamente comprometida a partir de las irregularidades denunciadas.

Asimismo, a fines de 2012 el gobierno haitiano y el Parlamento anunciaron un acuerdo para la conformación de un tribunal electoral a los efectos de encarar el demorado proceso de elecciones distritales y comunales durante el transcurso de 2013. Todo este proceso ha sido reiteradamente denunciado por sectores de la oposición política y por movimientos sociales, tal como lo ha corroborado el Senador Jean Charles Moise, quien participó de una Audiencia Pública en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pasado 23 de abril de 2013.

El constante deterioro de la situación política, sumada a la referida solicitud del Senado haitiano para el retiro gradual de las tropas ocupantes de la Misión de Estabilización, han sido virtualmente desconocidas por el actual Presidente, ahondando aún más la crisis de legitimidad, cuya causa estructural se asienta en la perpetuación de una ocupación que ha avalado en los hechos las mencionadas decisiones.

El saldo de esta inadmisible situación es claro: más de 350.000 haitianos muertos en el sismo de 2010, alrededor de 10.000 fallecidos por el cólera y otras enfermedades y 1,5 millones de ciudadanos que perdieron todo en los últimos tres años, son la espantosa contracara que nos habla de un país históricamente saqueado por el colonialismo y las élites locales que han sido funcionales a los intereses foráneos en los últimos 200 años.

A partir de estos hechos, y ante el agravamiento de la situación político-institucional haitiana, sólo queda apoyar decididamente todos los esfuerzos en la región de cara a que nuestros países latinoamericanos dejen de ser socios en la continuidad de un esquema de ocupación bajo el disfraz de la misión de estabilización llevada adelante por la ONU en Haití. En ese sentido, es importante que tanto la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) -expresión de una institucionalidad naciente en la región- asuman el urgente tratamiento de esta grave crisis política, social y económica que vulnera la soberanía, la integridad territorial y los derechos humanos del pueblo haitiano.

Finalmente, no debe dejar de señalarse que la mencionada Ley 26.841 -que prorroga por dos (2) años la participación de la Argentina en la misión y cuya derogación se solicita en el presente proyecto de ley- ha sido sancionada en un trámite veloz sin debate alguno en diciembre de 2012 durante las Sesiones Extraordinarias, seis meses más tarde del vencimiento del plazo estipulado a la misión anterior, lo cual deja en evidencia la inadmisible falta del Poder Ejecutivo Nacional que, según marca nuestra Constitución, debe requerir en tiempo y forma el debido permiso del Honorable Congreso Nacional para la autorización de la salida de personal militar y de seguridad para su participación en este tipo de misiones.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los señores diputados que acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.