La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos para que, a través de los organismos que corresponda, proceda a informar a ésta Cámara sobre los temas que se detallarán a continuación:

1. Si de conformidad a lo establecido por la ley 25. 764 y sus decretos reglamentarios, la Dirección del Programa de Protección Nacional de Protección a Testigos e Imputados se encuentra en condiciones de llevar adelante el cuidado y protección de testigos.

2. Si el organismo de Protección Nacional de Protección a Testigos e Imputados, a cargo de brindar la protección indicada en el punto 1 esta en condiciones de proteger a testigos que pueden ser amedrentados por carteles internacionales del narcotráfico, o grupos nacionales de apoyo a éstas mafias del narcotráfico.

3. Si existe dentro del Programa de Protección la seguridad, para con sus propios integrantes, para llevar adelante acciones de cuidado en ciudadanos o extranjeros con alto riesgo de su seguridad.

4. Si para mejorar el funcionamiento del Programa de Protección Nacional de Protección a Testigos e Imputados se requiere de instrumentos legales que pueda brindar éste Parlamento.

Señor presidente:

De los hechos acaecidos en los últimos días, observamos con asombro que distintos grupos de narcotraficantes nacionales e internacionales invaden nuestro territorio con un manejo impune, hasta hoy, de actividades delictivas de diversa índole y gravedad.

Es de público conocimiento que las muertes ocurridas en Unicenter de los ciudadanos colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quintero Gartner; los homicidios en Gral. Rodríguez de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, y el suicidio en el barrio de Boedo de la Ciudad de Buenos Aires de Ariel Vilan, nos deben poner en alerta a todos para librarnos de este tipo de delitos y también de sus autores, a través de la ley y la justicia.

No queremos señalar los errores o la equivocada actuación luego de ocurrida, queremos participar en apoyo a la legalidad y al buen manejo de instituciones gestadas en leyes con algo más que buenas intenciones.

Necesitamos tener la certeza que nuestras instituciones están en condiciones de llevar adelante la protección adecuada y segura de personas que en virtud de los hechos que se están sucediendo en los últimos cuarenta días puedan llegar a poner en riesgo su integridad física, familiar, laboral, etc.

La desaparición de Jorge Julio López, nos muestra a las claras, la facilidad que tienen los delincuentes de hacer que testigos de gran importancia, por el aporte que su conocimiento de hechos delictivos puedan brindar a la justicia, se vean en un peligro cierto y concreto.

Por lo manifestado queremos que el Poder Ejecutivo sepa también que en estos legisladores está la firme voluntad de elaborar los instrumentos legales que sean necesarios para cuidar y proteger a nuestros representados, por ello solicitamos que se nos informe si es necesario que elaboremos las leyes que fueran menester, dentro de la racionalidad y constitucionalidad debidas, para colaborar en mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y con ello promover al bienestar de nuestros representados.