La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio por la brutal represión que tuvo lugar el 11 de junio del corriente año frente a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, contra manifestantes que expresaban su rechazo a la ley de ambiente que dicho cuerpo sancionó ese día y que tuvo como saldo 26 detenidos y varios heridos.

Señor presidente:

En febrero de este año el poder ejecutivo de la Provincia de Córdoba envió a la Legislatura una propuesta de ley ambiental, que deroga la ley 7.343, vigente en la materia y comenzó a tratarse en marzo.

El texto enviado por el Gobierno provincial fue objetado en varios puntos por especialistas y organizaciones ambientales. Muchos sostienen que dicha iniciativa tiene como fin ponerle fin al conflicto que ha generado la instalación de una planta de semillas de maíz genéticamente modificado de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, que fue autorizada sin evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana.

El emprendimiento que Monsanto quiere desarrollar en Malvinas Argentinas se emplazaría sobre la ruta E88. La planta produciría una variedad de maíz modificado genéticamente, llamado Intacta, con una perspectiva de 50 mil toneladas anuales. La obra tiene características inéditas, sería la más grande en Sudamérica. No se prevé la alimentación humana como destino final de la producción, sino la animal -que luego será exportada a países europeos y a China- y el biocombustible.

Cuando la población de Malvinas Argentinas supo de la llegada de Monsanto, comenzó un proceso de organización y nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Desde septiembre de 2.013 la asamblea y los vecinos autoconvocados mantienen bloqueada la entrada al predio para evitar la construcción y funcionamiento de la planta, solicitando a las autoridades ser escuchados, información y participación.

Los vecinos ya han sufrido varias represiones, amenazas, intimidaciones que no modificaron la decisión de rechazar la instalación de Monsanto. Hubo marchas, jornadas informativas y también se optó por la vía judicial. Es así que a principio de año la justicia cordobesa ordenó detener las obras hasta que esté aprobada la evaluación de impacto ambiental y se concrete la audiencia o consulta pública correspondientes.

En ese contexto, arribó a la Legislatura provincial el proyecto de ley ambiental que lejos de profundizar los instrumentos de gestión de la ley 25.675, delega en la autoridad de aplicación la determinación de las actividades que requerirán estudios de impacto ambiental y cuando se convocará a audiencia pública o consulta. No se establecen herramientas de participación obligatorias. Lo cierto es que la propuesta no regula concretamente casi nada, dejando todo supeditado a un futuro decreto reglamentario.

A partir de la sanción de la ley nacional 25.675, general del ambiente (2.002), las provincias tienen que adecuar su legislación a esta, teniendo la facultad de complementarla haciéndola más exigente pero nunca más laxa. En caso de contradicción siempre prevalece la ley nacional.

En las audiencias que se convocaron en la Legislatura para recibir opiniones sobre el proyecto de ley, se oyeron muchas voces en contra, a modo de ejemplo, el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, expresó que "la norma propuesta es más débil que lo que establece la Ley General de Ambiente y delega todo en el arbitrio de la autoridad de aplicación. Por otro lado establece auditorías privadas, dejando parte del control fuera del ámbito del estado."

Por el temor a que con la nueva ley Monsanto pueda construir la planta sin evaluación de impacto ambiental y sin consulta popular es que distintas organizaciones y vecinos marcharon ayer para manifestar su rechazo al proyecto. Y la respuesta fue una brutal represión, varios heridos, 26 detenidos y la sanción de la norma.

No pueden dictarse leyes a espalda del pueblo. No pueden sancionarse leyes dentro de recintos vallados, con la policía reprimiendo afuera a los que reclaman participar de la discusión que se está dando dentro de las legislaturas.

Cuando el pueblo está notoriamente en contra de lo que los gobiernos municipales, provinciales, nacional quieren aprobar o promover no se habilitan las instancias de participación que existen, débiles pero existen. No se deja otra opción que salir a la calle a manifestar el rechazo. Y allí los gobiernos ordenan reprimir, los tildan de violentos, fundamentalistas. A pesar de eso, la resistencia no cede, y el estado responde con más represión y con propuestas legislativas claramente destinadas a cercenar derechos, a impedir la protesta, a allanar el camino de las empresas...

Nos solidarizamos con las organizaciones y vecinos que se manifestaron pacíficamente y fueron brutalmente reprimidos y exigimos la liberación de los que aún se encuentran privados de la libertad.

Debemos encontrar la manera institucional de decidir con la gente, cuando esas decisiones afectan directamente su forma de vida. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa.