La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al acto convocado por las organizaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia para el día de hoy, 18 de septiembre de 2009, con motivo del tercer aniversario de la desaparición forzada de Jorge Julio López, reclamando justicia y castigo a los responsables y su inmediata aparición con vida.

Señor presidente:

Han transcurrido tres años desde la desaparición forzada de Jorge Julio López, sin que se haya producido el mínimo avance en la investigación para el esclarecimiento de los hechos, tanto respecto de su paradero como de los responsables materiales o intelectuales de su desaparición.

Aquella mañana del 18 de septiembre de 2006 en el barrio Los Hornos, Ciudad de La Plata, no solo hicieron desaparecer a quien fue el testigo fundamental para que el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz fuera condenado a prisión perpetua, sino a quien se aprestaba a comparecer como testigo en otras tres causas ante la Justicia Bonaerense por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trata de los crímenes perpetrados en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario y en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría 5 de la ciudad de La Plata y en el sitio conocido como Arana.

La desaparición de López, además de un "castigo" por haber prestado testimonio, constituye una amenaza a otros testigos y querellantes que pudieran atreverse a romper el mandato de silencio que los represores quisieron imponer a sus víctimas, como también un modo de echar un nuevo manto de impunidad en las causas venideras contra los responsables de los crímenes durante el terrorismo de estado. Impunidad de la que es responsable el propio estado argentino ante el mantenimiento del aparato represivo de la dictadura militar -que continúa ejerciendo las prácticas de los años del terrorismo estatal-, la desprotección de los testigos y la indiferencia ante la impunidad.

Hay sobradas pruebas que constatan que la investigación acerca del secuestro y desaparición de Jorge Julio López ha tomado un rumbo incierto, debido a que ha estado plagada de negligencias, irregularidades y maniobras dilatorias y de encubrimiento por parte de la fuerza de seguridad actuante, en el marco de una causa que se ha traducido en una inactividad absoluta a raíz de las sucesivas delegaciones y excusaciones de jueces y fiscales que aducen su incompetencia para dirigir la investigación.

Recién en abril del año 2008 la Cámara Criminal y Correccional Federal de La Plata dispuso la recalificación del hecho como presunta desaparición forzada de persona, el apartamiento de la investigación de la Policía Bonaerense y la formación de una unidad especial conformada por integrantes de la fuerza de seguridad nacional destinada exclusivamente a la búsqueda de López.

La resolución del 17 de abril de 2008, que desplazó a la Policía Bonaerense enunciaba: "el personal policial, cuanto menos, fue ineficaz en su función. Los errores por negligencia manifiesta que ha cometido la Policía de la Provincia de Buenos Aires en sus distintas etapas investigativas debe culminar con su apartamiento en el rol de investigadora, ya que no ha demostrado un desempeño convictivo, eficiente y profesional en este proceso".

En noviembre de ese mismo año la secretaría especial para delitos de lesa humanidad asumió la investigación, produciéndose los primeros avances en enero de 2009, cuando se siguieron las líneas de investigación que involucraban al círculo íntimo de Miguel Etchecolatz, más precisamente a miembros de fuerzas de seguridad y militares; incluso, habiéndose hallado un automóvil de un comisario de la Policía Bonaerense del entorno del represor en el que Julio López habría sido trasladado.

Pero a fines de enero se paralizó la investigación hasta el día de hoy, a merced de cuestiones de procedimiento aducidas por jueces y fiscales actuantes en la causa.

A raíz de la paralización del juicio, la defensa de López ha analizado la posibilidad recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la denegación de justicia por parte del estado nacional, lo que habilitaría el fuero internacional.

Reiteramos, el estado argentino es responsable de abandonar a su suerte a López, a su familia y a toda la sociedad argentina. La causa judicial paralizada y errante y estos tres años de impunidad, no son más que el reflejo de la indiferencia por parte del poder político.

La deuda de la democracia es desarticular esa estructura represiva de la dictadura, cuya esencia sigue intacta y que se manifiesta en el accionar permanente de las fuerzas policiales, disciplinando a los luchadores populares y a los sectores más vulnerables en general.

Las desapariciones de Luciano Arruga en Buenos Aires y Luciano González en Chubut son un símbolo de la persecución policial de la que son víctimas miles de jóvenes y trabajadores en nuestro país y de la impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no se ha logrado que ninguno de los casos tome estado público, ni se han obtenido respuestas de los gobiernos nacional o provinciales.

Rechazamos todo accionar estatal que implique un avance del sistema represivo o punitivo y exigimos el esclarecimiento de estos hechos y la condena a los responsables.

Hoy asistimos a otra jornada que exhibe la impunidad que aun reina en la Argentina, pero también simboliza la inclaudicable lucha de los compañeros y organizaciones comprometidos con la verdad, la justicia y el destino de nuestro país.

Por ello, acompañamos la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia y demás organizaciones sociales y de derechos humanos que tendrá lugar a las 17:30 horas en las adyacencias del Congreso de la Nación, con movilización hacia Plaza de Mayo, y exigimos la inmediata aparición con vida de Jorge Julio López.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto de declaración.