La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico rechazo y repudio a las declaraciones realizadas por el Gobierno de la República Islámica de Irán mediante las cuales tildó de "sionista" al Fiscal de la Nación Alberto Nisman, y solicitar al Poder Ejecutivo que a través de la Cancillería haga lo propio mediante los canales diplomáticos correspondientes.

Señor presidente:

El 29 de mayo pasado, el Fiscal Alberto Nisman presentó en el marco de la denominada "causa AMIA" un dictamen en el cual se da cuenta de la supuesta instalación por parte de la República Islámica de Irán de una red de inteligencia en varios países de América Latina para fomentar actos terroristas en el marco de la causa en la que se investiga quiénes y cómo perpetraron el atentado contra la mutual israelita argentina que terminó con la vida de a 85 personas.

La investigación desarrollada por la fiscalía centra la atención en el ex consejero cultural de la embajada iraní y -según la justicia argentina- uno de los principales imputados, Mohsen Rabbani, y Samuel El Reda, quien está sospechado de haber organizado el atentado desde la Triple Frontera.

El documento presentado intenta demostrar que la misma red que penetró Argentina para realizar el atentado contra la AMIA podría estar operando distintos países de la región, por lo que el fiscal librará oficios para que esto sea investigado por los poderes judiciales de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.

Si bien es sabido que el Memorándum de Entendimiento impulsado en tiempo record por el Poder Ejecutivo no tuvo el mismo tratamiento por parte del Gobierno de Irán -que terminó ratificándolo por simple Decreto-, ello no obsta a que la causa siga su camino procesal sin dilaciones en nuestro país, bajo nuestra jurisdicción y conforme a sus Leyes.

En este sentido las acusaciones dadas a conocer por el Fiscal que se encuentra a cargo de la investigación, constituye una acción soberana de nuestro país, que a través de sus instituciones judiciales ejerce sus deberes y responsabilidades, en el marco de sus leyes y en pos de esclarecer el atentado.

Consecuentemente, la acusación de "sionista" efectuada por el Gobierno de Irán al Fiscal Nisman, más allá de ser considerado discriminatorio e inaceptable por la condición de judío del magistrado, revela un rechazo a la investigación argentina propia de la falta de argumentos válidos para refutarla.

Además debe tenerse presente que el régimen de Irán niega la existencia de entidades sionistas como Israel y los Estados Unidos de América, con lo cual el encasillamiento del Fiscal Nisman en esta categoría aparece como análogo a negarle entidad al funcionario que dirige la investigación de la causa AMIA en Argentina.

Por otro lado, llama la atención el silencio del Gobierno en relación a dichas manifestaciones, ya que las declaraciones que aquí proponemos repudiar, si bien están orientadas a una persona determinada, también se dirigen a lastimar a una institución de la Nación como es el Ministerio Público Fiscal, que a través de un funcionario con categoría de Fiscal lleva adelante una investigación en ejercicio de las facultades emanadas de la Constitución Nacional, y en este caso además, por expreso mandato de un ex Presidente de la Nación.

Así las cosas, nos preguntamos cómo podría el Fiscal viajar a Irán -tal como está previsto en el memorándum de entendimiento-, para tomar declaración a los imputados, ante este estado de situación en el que está siendo agredido por el gobierno de ese país, sin el más mínimo respaldo del Gobierno Nacional.

Por ello es que también se propicia instar al Gobierno a expresarse en el mismo sentido por las vías diplomáticas correspondiente, brindando un fuerte respaldo a la investidura de sus funcionarios, del Ministerio Público y del curso de la investigación.

Lamentablemente, un Gobierno que ha impulsado la creación de una Comisión que, integrada por Irán, auditará los avances de la justicia argentina, y

que ahora mantiene silencio cuando funcionarios de ese país destratan al fiscal responsable de esa investigación, no hace otra cosa que desacreditar ante el mundo a su propio servicio de justicia, cuando lo que se espera es un fuerte respaldo a su soberanía, a la jurisdicción de sus Tribunales y a la plena vigencia de sus leyes.

Por ello, en virtud de estos argumentos, es que solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente Proyecto de Declaración.