El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 4° de la ley 26.206 de Educación Nacional, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad, laicidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias."

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Sr. Presidente: A raíz del período de recepción de observaciones al Digesto Jurídico Argentino que finalizó recientemente, se dio una interesante discusión sobre la derogación del artículo 8 de la ley 1420, que establece que la educación religiosa en las escuelas públicas es optativa y se ofrece fuera del horario de clase. Este proyecto que quiero someter a debate, intenta saldar aquella derogación que se consolidó con la aprobación del Digesto.

El Poder Ejecutivo Nacional al enviar el Digesto para su análisis parlamentario dio por derogada en su totalidad la ley 1420. En respuesta a esta decisión, los profesores Marcelo Alegre y Roberto Gargarella codirectores del Proyecto de Investigación UBACyT "Principio de autonomía, libertad de conciencia y libertad religiosa" presentaron, en el plazo que otorgó la ley 26.939, una observación que sostenía que no existe ninguna cláusula en las leyes en materia educativa posteriores a la 1420 que haya derogado explícita o implícitamente el artículo 8. Sin embargo, según se sostuvo desde la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino, éste se encontraba derogado por las leyes posteriores (Ley 24.195 y Ley 26.206) y se agregó que "no existe norma que se oponga a la enseñanza religiosa en las escuelas estatales, ya que aquellas que lo deseen pueden hacerlo de acuerdo con su proyecto educativo" (Ver Rechazo a la Observación 52 elaborada por la Dirección de Información Parlamentaria).

La decisión tomada es significativa en la Argentina actual, en tanto todavía se impone la enseñanza religiosa obligatoria en algunas escuelas públicas. Por ejemplo, se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un caso en el que un grupo de madres y padres junto con la Asociación por los Derechos Civiles cuestionó la Ley de Educación Provincial de Salta que instituye la educación religiosa obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas.

En una lectura armónica de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en 1994, el Estado argentino es un estado laico que bajo ningún concepto puede promover expresiones religiosas determinadas sobre otras. Obligar a niños y niñas a recibir educación católica en la escuela pública afecta la neutralidad del estado y restringe el derecho de los padres y las madres a decidir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales o filosóficas.

En base a estos argumentos, propongo que se incorpore el concepto de laicidad a la Ley de Educación Nacional, pues pareciera no quedar claro el amparo constitucional a la libertad religiosa y a la neutralidad estatal que ésta supone.

Por los motivos expuestos, les solicito a mis colegas que me acompañen con su firma.