La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar el beneplácito al celebrarse el próximo 8 de septiembre el Día Internacional de la Alfabetización, establecido así en 1967 por la ONU y por la UNESCO, a la vez que sostener el valor estratégico y la urgencia de la alfabetización de todos los argentinos como política educativa de desarrollo y justicia social.

Señor presidente:

Una concepción democrática de educación, que tiene su mayor antecedente en la pedagogía de Paulo Freire, considera que la educación debe ayudar a formar sujetos críticos que contribuyan con el cambio social, al proveerle los instrumentos para un pensamiento crítico y la participación responsable en la construcción social y política. La alfabetización, es, entonces, una herramienta estratégica para el desarrollo de nuestros pueblos con justicia social. La alfabetización entre adultos y jóvenes es un proceso pedagógico participativo, social y popular. Pero este proceso debe ser acompañado con estrategias que hagan posible la terminalidad de estudios primarios y la universalización de los secundarios.

Durante el siglo XX la Argentina alcanzó niveles altos de alfabetización y se incorporó a amplios sectores populares a la enseñanza media e incluso universitaria. "Sin embrago, según el último censo nacional [...] de 2001, hay en la República Argentina 961. 632 personas mayores de 15 años que nunca fueron a la escuela y 3. 695.830 que no finalizaron la escolaridad primaria" (1) . A la vez, las políticas y reformas educativas impulsadas por el neoliberalismo contribuyeron negativamente a fragmentar el sistema educativo, al mismo tiempo que dejaron a grandes sectores de la población afuera de éste.

Aunque existe un mayoritario consenso en amplios sectores de la comunidad que entienden y sufren las nefastas consecuencias que estos modelos y reformas neoliberales han tenido sobre el conjunto de los países de América Latina, esta corriente está viva e impulsa nuevas reformas en lo relativo a la educación entre adultos y jóvenes que excluyen problemáticas como las de género, entre otras. Es la misma corriente que pretende que los países latinoamericanos suscribamos una concepción de la educación como bien transable y mercancía, en lugar de un derecho y un bien social.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el Gobierno Nacional, coordinando con diversas organizaciones sociales y los gobiernos provinciales, sabemos hoy que el 68 % de la población de nuestro país no terminó la educación obligatoria y entendemos, en tal sentido, que la educación de jóvenes y adultos es una urgencia. (2)

Nos encontramos transitando el Decenio de la Alfabetización, proclamado por las Naciones Unidas (2003-2012). Sin embargo, la situación mundial respecto al tema es alarmante. Según estadísticas de la UNESCO, unos 861 millones de personas, es decir el 20% de los adultos del mundo, no saben leer ni escribir, ni tampoco participar plenamente en la organización y actividades de las sociedades de las que forman parte. Dos tercios de esas personas son mujeres. Además, 113 millones de niños están sin escolarizar y tampoco tienen acceso, por consiguiente, a la enseñanza elemental. . Por otra parte, en América Latina y el Caribe se considera que unos 39 millones de personas -un 11% de la población- son analfabetos. (3)

En consecuencia, aprovechando esta celebración, re afirmamos la necesidad de incrementar los esfuerzos para articular, en el seno del Consejo Federal de Educación y los organismos de participación y coordinación de políticas, las políticas de alfabetización y terminalidad de estudios para los jóvenes y adultos que llevan adelante los gobiernos provinciales con el Gobierno Nacional, con el objetivo de alcanzar niveles más altos de justicia social en la materia.

Asimismo, sostenemos la necesidad de incluir, en la construcción y ejecución de las políticas de alfabetización entre adultos y jóvenes, la participación activa de las organizaciones sociales y comunitarias populares. Estas organizaciones han venido llevando adelante prácticas fructíferas, que a partir del reconocimiento de los saberes de los cuales son portadores los jóvenes y adultos, mediante la experiencia de vida, laboral y del ámbito socio cultural, enriquecen y potencian los procesos de alfabetización. En el mismo sentido, consideramos indispensable no dejar las políticas y programas de alfabetización en manos de equipos técnicos o de organizaciones no gubernamentales cuyos objetivos, en muchos casos, están vinculados a acceder a beneficios de exención impositiva y son ajenos a una concepción participativa, liberadora y democratizadora de la educación entre adultos.

Por lo expuesto solicito a los señores diputados la aprobación del presente proyecto.-