La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que, en virtud de lo prescripto en los artículos 5º, 7º, 44º y 45º de la ley nacional Nº 26.020, el Poder Ejecutivo Nacional arbitre las medidas conducentes e instruya a los organismos pertinentes a los fines de atender y satisfacer la demanda de gas envasado por parte de los sectores poblacionales de bajos recursos económicos que habitan en el territorio de la República Argentina.

Señor presidente:

Dado el comienzo del invierno en el hemisferio sur del planeta y siendo que la República Argentina cuenta con un alto grado de hogares que aún no han podido acceder a los beneficios de una red de gas natural, resulta de suma pertinencia requerir un inmediato abocamiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de una correcta y efectiva distribución y provisión de las denominadas garrafas "sociales", destinadas ellas a los sectores poblacionales de bajos recursos económicos que habitan en el territorio de la República Argentina. En este sentido, es importante no desatender la urgencia que amerita la toma de medidas concretas al respecto.

El relato descriptivo, a modo de ejemplo, de la situación social afligida en una de las regiones del país, puede resultar esclarecedor para dar cuenta de las gravosas consecuencias emergentes de la misma y, a su vez, reflejar la necesidad que demanda asumir diligencias activas. Según una proyección del INDEC, la provincia de Salta cuenta en la actualidad con unos doscientos sesenta y cinco mil (265.000) hogares en las áreas urbanas y rurales. De acuerdo a los últimos registros de GASNOR son aproximadamente ciento veinte mil (120.000) los usuarios residenciales en distintos barrios y localidades que poseen el servicio de gas natural, lo que representaría un cuarenta y cinco por ciento (45%) de los hogares salteños; el restante cincuenta y cinco por ciento (55%) depende del abastecimiento de garrafas o de combustibles más precarios -como la leña y el carbón- para cocinar, calentar el agua y calefaccionar las viviendas. Sin lugar a dudas conforman, dichos quehaceres diarios, elementales accionares para la subsistencia digna de los seres humanos.

Al respecto, ha de señalarse que la ley Nº 26.020, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 9 de marzo de 2005 -y promulgada parcialmente el 7 de abril del mismo año-, estableció el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado. En este sentido, a través del artículo 4º de la citada ley, han sido declaradas "de interés público" - dentro del marco y el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional- las actividades que integran la industria del gas licuado de petróleo. Asimismo, en el artículo 7º, se preestablecieron, entre otros, como objetivos para la regulación de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo los siguientes: "... a) Promover la competitividad de la oferta y la demanda de gas licuado de petróleo y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes de distribución de gas natural; b) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, como así también el acceso al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado interno, a precios que no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida metodológicamente, mediante reglamentación de la Autoridad de Aplicación; c) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes; d) Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones...".

Por otro lado y a raíz de la naturaleza social y federal de los fines perseguido, la ley 26.020 dispuso, mediante su artículo 44º, la creación de un "...Fondo Fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural". Según lo establecido en el artículo 45º de la ley, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de gas licuado de petróleo tiene como objeto financiar: "...a) La adquisición de gas licuado de petróleo en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos recursos. b) La expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliares de gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos que resulte técnicamente posible y económicamente factible. Priorizándose las expansiones de redes de gas natural en las provincias que actualmente no cuentan con el sistema; c) Un precio regional diferencial para los consumos residenciales de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 kg., 12 kg. y 15 kg., en todo el territorio de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia de Santa Fe (desde Ruta Provincial Nº 98 Reconquista-Tostado hacia el Norte), hasta tanto esta región acceda a redes de gas natural.(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.314, B.O. 13/12/2007)".

Habiendo sido expuesta la problemática que hace al objeto de este acto y enunciada la normativa positiva afín, no resulta dificultoso advertir que, frente a la irregularidad habitacional graficada en los párrafos anteriores, el Estado nacional puede proceder eficientemente mediante la consumación de diversas medidas. Ahora pues bien: en tanto que la pobreza estructural que soporta el país haga que un gran número de argentinos residan en viviendas endebles, la provisión de gas domiciliario resulta poco más que una utopia. La sociedad entera, y no sólo aquellos que nos encontramos en el ámbito democrático representando sus intereses, hemos de tener presente que la noble y laboriosa tarea por optimizar y mejorar la realidad social de nuestro país, conlleva muchas veces un proceso arduo y de larga duración en el tiempo. Ello ocurre, por ejemplo, en las actuales políticas públicas llevadas adelante, tendientes a que el servicio de gas natural llegue a toda la población. Es por eso, que frente a la elemental y primaria demanda de gas envasado por parte de la población, debe emerger el imperioso compromiso del Estado de asumir los hechos y actuar concreta, eficaz e inmediatamente hasta tanto concluyan las obras de fondo que tienden a solucionar definitivamente la carencia.

Por todo ello, es menester garantizar y asegurar de forma inminente la provisión de las denominadas garrafas "sociales" destinadas a los sectores con bajos recursos, resaltando el valor de lo que significa suministrar tal servicio básico.

Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.