La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del Ministerio de Defensa informe a esta Cámara de Diputados sobre las siguientes cuestiones:

1 – Informe cuántos efectivos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) que revistieron en esas fuerzas entre 1976 y 1983 se encuentran al día de la fecha en actividad.

2 - Precise:

a- Datos filiatorios de los mismos y números de documento, a fin de evitar los homónimos.

b- Lugar donde estuvieron destinados entre 1976 y 1983 y lugar donde se encuentran en actividad al día de la fecha.

3 – Cualquier otra información que sirva al presente.

Señor presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto de resolución que tiene por objeto conocer fehacientemente la cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas que se encuentran actualmente en funciones y que revistieron en esas fuerzas durante la última dictadura militar. En momentos en que el Gobierno acaba de publicar el decreto 683/2018 el pasado 24 de julio, según el cual se modifica el funcionamiento del accionar de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional a los fines de darle intervención en tareas de seguridad interior, se hace imperioso que el Gobierno dé a conocer a toda la sociedad la información que venimos a solicitar.

Durante el anuncio del decreto en cuestión, realizado además desde un ex centro clandestino de detención como es Campo de Mayo, Macri se refirió a las actuales fuerzas armadas como “nuevas”, del “siglo XXI”. Esto es falso: hay aun miles de efectivos que actuaron durante la última y sangrienta dictadura militar que cumplen funciones en dichas fuerzas. Entre los altos mandos de las tres fuerzas hay cientos de militares que participaron del genocidio: el caso del ex General y Jefe del Ejército César Milani, detenido actualmente por delitos de lesa humanidad, no era una excepción.

En el año 2014 solicitamos al entonces Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que informara sobre esta cuestión en una de sus presencias ante la Cámara de Diputados. Su respuesta de entonces arrojaba números escandalosos sobre la cantidad de militares aun en actividad que fueron parte del plan genocida, que pasaron por los centros clandestinos, que fueron parte de esa estructura represiva que actuó contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora.

Según el informe brindado por Capitanich en el año 2014 en el Ejército Argentino aun había 3.381 miembros provenientes de la dictadura. La situación se repetía en la Armada: 543 oficiales y 759 suboficiales compartían ese origen. Varios de ellos pasaron por la ESMA, pero tienen la fortuna de que ningún ex detenido desaparecido los haya reconocido, por lo que se amparan en el pacto de impunidad que se mantiene con firmeza y efectividad gracias a que todos los Gobiernos mantuvieron ocultos los archivos de la represión. La Fuerza Aérea incluso superaba esos números, con más de 600 oficiales y 1.700 suboficiales aún en funciones desde la dictadura.

Se torna imperiosos entonces requerir aquí la actualización de dichos datos, en momentos en que el Gobierno se dispone a dar una salto represivo enorme al hacer participar nuevamente a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, es decir, en la represión interna. No es posible desligarlo de la continuidad del aparato represivo de la dictadura en las Fuerzas Armadas, menos aun con la impunidad de la que aún gozan la mayoría de aquellos que participaron del plan genocida y que aún mantienen un pacto de silencio e impunidad sobre sus crímenes de lesa humanidad, cuando -por dar un ejemplo- resta aun conocerse la identidad de casi 400 niños apropiados a las y los detenidos-desaparecidos.

Junto a este pedido de informes, presentamos un proyecto de ley a fin de derogar el decreto 683/2018, ya que por las razones que aquí también expusimos consideramos que se trata de un enorme salto represivo la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, que está directamente relacionado con la necesidad del Gobierno de fortalecer el aparato represivo frente a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI.

Por las razones expuestas es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.