El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1º - Anúlese el Decreto Nº 683/2018 que modifica el Decreto 727/2006 de Defensa Nacional, que ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de julio del corriente, y publicado en el Boletín Oficial en la mencionada fecha, y sus modificatorias.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. De forma.

Señor presidente:

El Presidente Mauricio Macri anunció en Campo de Mayo no solo una serie de medidas vinculadas al rol de las Fuerzas Armadas. Lo que se dijo en esa oportunidad y que luego se plasmara en la publicación en el Boletín Oficial del decreto N° 683/2018, mediante el cual se modifica el 727/2006, reglamentario de la Ley 23.554 -de Defensa Nacional-, y que deroga el Decreto Nº 1691/06, -Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas-, es la instrumentación de una política que altera un consenso básico alcanzado por la democracia y sus partidos políticos a partir del año 1983: que las Fuerzas Armadas no deben involucrase en tareas de Seguridad Interior .

Más de 30 años de acuerdos construido sobre la cercanía de la sangre derramada a partir de la intervención política de la última dictadura militar, no pueden alterarse de un plumazo antojadizo, dando la espalda a la sociedad, sin involucrar al parlamento, a los partidos políticos, a quienes han dado toda su energía y su vida en la lucha por la defensa de la democracia.

Las firmas de Macri, Marcos Peña y el Ministro de Defensa Oscar Raúl Aguad avalan con autoritarismo un giro copernicano a un consenso que ha permitido la convivencia democrática y la posibilidad de que el pueblo elija a sus gobernantes durante las últimas tres décadas, incluidos aquellos que firman el mencionado decreto. Se trata de implementar una política destinada a “orientar la intervención militar a la represión interior y a un reforzamiento represivo del Estado contra los trabajadores”, que viene a dar continuidad a una orientación que el macrismo sostuvo desde el inicio de su gestión –con el DNU 721/2016 que otorga mayor autonomía y poder a las FFAA, la intención de instalar bases militares de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

El mencionado Decreto es inconstitucional, ya que construye un atajo para burlar la Ley, y la Ley, como reconocemos todos los que trabajamos en esta casa del pueblo, no puede ser modificada por una norma de menor jerarquía.

Este Decreto altera la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, legitimando la intervención de nuestras Fuerzas Armadas en otro tipo de conflictos, denominados “nuevas amenazas”, como el narcotráfico y el terrorismo. Cuya difusa definición abre la puerta para cualquier tipo de actividad, como la inteligencia interior, la persecución injustificada, la posibilidad de que Fuerzas Armadas de otros países asienten bases en nuestro territorio y todo tipo de atropello a nuestra soberanía.

Las Fuerzas Armadas deben intervenir ante la amenaza de otros Estados, eso dice la Ley, y establece las particulares situaciones en que se justifica su intervención en otros casos. Oficiar de esta manera un conjunto de normas y una doctrina básica de la democracia, atenta considerablemente contra el consenso, la seguridad interior, la justicia, la tan mentada “unidad de los argentinos” y es una ofrenda a la historia de nuestro país y de nuestro pueblo.

No nos sorprende que un Gobierno que entrega su soberanía económica al Capital transnacional y a los dictados del FMI; su soberanía nutricional al incrementar la pobreza y la desnutrición en los sectores más vulnerables; su soberanía científica, al entregar INVAP a empresas multinacionales y al vaciar el CONICET y las políticas científicas; y, su soberanía social al profundizar la desigualdad de la distribución de la riqueza; pretenda ahora, entregar la soberanía de nuestras fronteras a los planes del poder hegemónico que militariza la defensa de los intereses geopolíticos del poder imperial norteamericano.

Por todos estos motivos, solicitamos a los legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.