La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a los actos de violencia y represión realizados por el Gobierno de la República de Nicaragua al tiempo que exhorta a las partes involucradas en el conflicto a que resuelvan sus diferencias de acuerdo a los principios invocados en la Carta Democrática Interamericana.

Señor presidente:

La situación de inestabilidad política y social que atraviesa la República de Nicaragua es alarmante y se deteriora con el paso del tiempo. Es importante formalizar, con carácter de urgencia, un llamamiento a todas las partes involucradas para que realicen un alto en los enfrentamientos, establezcan un canal de dialogo estable y resuelvan sus diferencias por medios pacíficos acordes a los principios invocados en la Carta Democrática Interamericana. El nivel de violencia alcanzado ha sido repudiado, tanto por el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos, como por la Organización de las Naciones Unidas. Los valores democráticos se encuentran fuertemente arraigados en nuestra identidad regional y es por ello que existen diversos instrumentos internacionales que bregan por la resolución de las diferencias dentro de los canales institucionales correspondientes.

La Cancillería argentina, en su comunicado 293/18, manifestó el consenso alcanzado entre los gobiernos de la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Costa Rica, la República del Ecuador, la República de Guatemala, la República de Honduras, los Estados Unidos México, la República de Panamá, la República del Paraguay, la República del Perú y la República Oriental del Uruguay, quienes al referirse la situación que se desarrolla en la nación centroamericana manifestaron: “[…] su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos” .

El conflicto interno continúa ganando intensidad y ha llegado a un punto tal que, en los últimos meses, se contabilizan más de 300 muertes por diversos acontecimientos relacionados con los enfrentamientos entre las fuerzas estatales, para estatales y los manifestantes. Más allá de las banderas políticas y las reivindicaciones de cada facción, la violencia jamás puede ser utilizada como medio para resolver las diferencias.

La representante regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -A. C. N. U. D. H.-, Marlene Alejos, ha condenado el nivel de violencia e inseguridad que ha vivido el país desde comienzos de abril de este año y aseguró que casos como la muerte de un niño de 14 meses por un disparo y el fallecimiento de centenares de personas en el marco de las protestas son hechos inaceptables y no pueden quedar impunes . Estas declaraciones son concordantes con las realizadas previamente por la vocera del A. C. N. U. D. H., Liz Throssell, quien al referirse a los eventos ocurridos en el estado centroamericano dijo: “El Estado nicaragüense debe cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación. También instamos a los que se manifiestan a hacerlo de forma pacífica” .

A la luz de los últimos acontecimientos la Organización de los Estados Americanos se ha abocado a seguir de cerca la cuestión por las potenciales implicancias negativas que un eventual recrudecimiento de la situación podría tener sobre la población civil. Es por ello que en la última sesión extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada el 18 de julio de este año, se sancionó por 21 votos a favor la propuesta presentada por las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Estados Unidos, donde se exhorta al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen activamente, y de buena fe, en el “Diálogo Nacional” como un mecanismo para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua. El elevado número de delegaciones que votaron a favor de la resolución demuestra el compromiso existente en el seno de la Organización para alcanzar una salida pacífica y consensuada del conflicto. En este sentido, en la misma reunión, el Consejo Permanente rechazó una propuesta de resolución presentada por Nicaragua, ya que recibió sólo 3 votos a favor y 20 votos en contra.

De acuerdo al punto 2 de la Resolución aprobada se condenan específicamente los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional, los actos de violencia ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y en la sede de Caritas, además de la represión sufrida por manifestantes que se encontraban expresándose de manera pacífica en diversos lugares. Antecedentes como los mencionados en el punto 2 ponen el foco en la necesidad de trabajar fuertemente para lograr una rápida solución del conflicto y evitar que la República de Nicaragua siga los pasos del régimen que gobierna la República Bolivariana de Venezuela donde las violaciones sistemáticas de derechos humanos, lamentablemente, son algo corriente.

La propia Carta Democrática Interamericana resulta ser un instrumento esclarecedor para este tipo de situaciones, ya que contiene una serie de derechos fundamentales que hacen a la esencia misma del sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos: el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; el ejercicio del poder sobre la base del estado de derecho; la existencia de un sistema plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. En décadas anteriores nuestra región ha sido gobernada por regímenes autoritarios y es una responsabilidad común el trabajar para que no se vuelvan a cometer los errores del pasado.

Por las razones esgrimidas solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.