La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación y rechazo por el dictado del Decreto 683 del 23 de julio de 2018,

1. Porque implica una profunda transformación doctrinaria del Sistema de Defensa Nacional, por la que las Fuerzas Armadas podrían ser empleadas, a partir de ahora, en tareas de seguridad interior, habilitando su participación en la lucha contra las denominadas “nuevas amenazas” (como el narcotráfico y el terrorismo, entre otras); adoptada sin la debida intervención del Congreso y atentando, así, contra el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983. En consecuencia, las modificaciones dispuestas por el primer mandatario quebrantan el ordenamiento jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional N° 23.554 (1998), de Seguridad Interior N° 24.059 (1992) y de Inteligencia Nacional N° 25.520 (2001), compendio de normas que se fue alcanzando a lo largo de tres décadas con el más importante consenso multipartidario del que se tenga memoria.

2. Por el involucramiento del instrumento militar en el sendero de “policialización” y consecuente desprofesionalización de las Fuerzas Armadas.

3. Por una actualización de la visión internacional de la Argentina que claramente nos coloca en un plano completamente subordinado al alineamiento con las políticas de los Estados Unidos; y pone a la integración subregional en materia de defensa en una situación de desmantelamiento, al suprimirse, mediante la derogación del Decreto N° 1691/2006, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en la construcción de un Sistema de Defensa Suramericano

Señor presidente:

El presidente Mauricio Macri anunció una profunda reforma del sistema de Defensa Nacional, plasmada, finalmente, con el dictado del Decreto 683 del 23 de julio de 2018, por el que se modifica el Decreto 727/2006 y se deroga el Decreto 1691/2006, lo cual implica una transformación doctrinaria que atenta severamente contra el espíritu de las leyes de Defensa Nacional de 1988, Seguridad Interior de 1992 e Inteligencia Nacional de 2001. Se trata de una nueva “Directiva de Política de Defensa Nacional”, que complementa desde una perspectiva estratégica la nueva mirada doctrinaria sobre las Fuerzas Armadas, habilitando su participación en la lucha contra las denominadas “nuevas amenazas” (como el narcotráfico y el terrorismo) y asignándoles funciones en la custodia de objetivos estratégicos, tarea que actualmente desempeñan las fuerzas de seguridad.

En efecto, la medida adoptada por el Poder Ejecutivo y, asimismo, los conceptos vertidos por el Presidente durante el día 23 de julio de 2018, cuando anunciara el dictado de aquella medida, suponen, entre otras cuestiones:

a) la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a amenazas externas aun cuando no provengan de un Estado, como sucede en el caso del terrorismo. De este modo, se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”;

b) la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones de seguridad interior;

c) la habilitación para que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas de seguridad.

d) una actualización de la visión internacional de la Argentina, que claramente pone a la integración regional en materia de defensa en un plano completamente subordinado al alineamiento con los Estados Unidos.

e) una supuesta “modernización del despliegue” de bases militares (que seguramente implicará continuar con el actual desprendimiento de guarniciones militares con fines estrictamente inmobiliarios); y

f) una reforma de la Ley de Personal Militar y el establecimiento de un sistema de reservas, cuestiones que deberían ser objeto de un profundo debate parlamentario.

Al margen de los aspectos específicos de la “reforma” así dispuesta, es fundamental enfatizar que asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad —como las labores antiterroristas o de lucha contra el narcotráfico que actualmente desempeñan las fuerzas de seguridad—, supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y consecuente desprofesionalización. Por otra parte, y en paralelo, al desvirtuar el rol profesional de las Fuerzas Armadas, la asignación de tareas de seguridad interior supone una decisión irracional desde el punto de vista del gasto público y de la organización general del Estado, duplicando tareas, funciones y responsabilidades.

Asimismo, y en un asunto extremamente delicado, no resulta evidente qué tipo de acciones y organizaciones serán consideradas como terroristas por parte del Estado nacional. La modificación de del Decreto 727/2006 y la derogación del 1691/2006 podrían resultar funcionales, como bien ha indicado recientemente un colectivo de expertos y organizaciones no gubernamentales (https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/fuerzas-armadas-en-seguridad-interior/), a la “deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”. Con antecedentes verdaderamente alarmantes en la materia —basta con recordar el accionar de las fuerzas de seguridad en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel—, los nuevos lineamientos impulsados por el presidente Macri constituyen un elemento de especial preocupación ante el actual escenario de deterioro económico y conflictividad social.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la mayor parte de las naciones latinoamericanas que han emprendido una reasignación de misiones para sus Fuerzas Armadas en dirección a “combatir” las denominadas “nuevas amenazas” han fracasado en su objetivo. La consecuencia de ello fue la creciente desprofesionalización de sus instrumentos militares y el involucramiento repetido en violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Por todo le expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.