La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Decreto 683/2018 y sin previo debate legislativo, habilita el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior, desarmando unilateralmente uno de los pilares del acuerdo establecido por todos los partidos políticos sobre el rol de las Fuerzas Armadas tras la recuperación de la democracia.z

 

Señor presidente:

A través del Decreto 683/2018, publicado el 23 de julio en el Boletín Oficial, el Presidente de la Nación autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas propias de la seguridad interior. Con esta medida, de manera absolutamente unilateral, Mauricio Macri modificó uno de los principios estructurales del marco normativo que regula el accionar de las Fuerzas Armadas en nuestro país, establecido luego de la recuperación de la democracia.

A lo largo de las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De La Rúa, y fruto de un inédito acuerdo interpartidario, el Congreso de la Nación sancionó las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, que dieron forma a un esquema institucional caracterizado por el control político civil del poder militar, la expresa separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos.

De este modo, luego del nefasto rol que tuvieron las Fuerzas Armadas durante el último gobierno militar y en sintonía por lo establecido en la Resolución Nº 3314 de Naciones Unidas, se estableció que el rol principal de las Fuerzas Armadas es la defensa contra agresiones externas de otros estados.

La medida dispuesta por el Poder Ejecutivo se enmarca en el paradigma de las llamadas “nuevas amenazas”, que define al narcotráfico y al terrorismo como amenazas de origen externo y asigna a las fuerzas militares la misión de “combatirlas”. Entre los considerandos del decreto se afirma que “este tipo de agresiones no sólo son de carácter estatal, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la defensa nacional puede y debe contribuir a preservar”. Sin embargo, en ningún momento se define qué tipo de acciones y organizaciones serán las consideradas como terroristas, dejando un enorme y peligroso margen para la libre interpretación.

Al delegar en las Fuerzas Armadas tareas en lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, funciones propias del campo de la seguridad interior que ya fueron asignadas a cuatro fuerzas federales, se desvirtúa la especificidad y el rol profesional de éstas. Además constituye una decisión poco racional desde la perspectiva del gasto público y la organización general de la administración estatal.

Las Fuerzas Armadas no sólo tienen una mayor capacidad de fuego que las fuerzas de seguridad, sino que están entrenadas para el empleo de la violencia en un contexto de guerra y en su grado más extremo. A diferencia de las fuerzas de seguridad, no están instruidas en el uso gradual de la fuerza y no están formadas para actuar bajo órdenes de fiscales y jueces, ni para aportar pruebas para procesos penales, ni para realizar inteligencia criminal, ni para investigar la comisión de delitos.

Por lo tanto, la asignación de tareas de seguridad interna implica una expansión de la presencia militar sobre el sistema político y la sociedad, que sólo conducirá a una progresiva desprofesionalización y posterior desprestigio de las Fuerzas Armadas, como se observa en los países de la región que recurrieron a estrategias de militarización frente a problemas de seguridad pública.

En ese sentido, México y Colombia constituyen dos claros ejemplos de la ineficacia de las estrategias y tácticas de la guerra para la intervención en seguridad.

Poco después de asumir como presidente, Felipe Calderón declaró en México la “guerra al narco” y dispuso la intervención de las fuerzas armadas en el combate a los grupos criminales. De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, el resultado fue trágico: en los años siguientes hubo alrededor de cien mil muertos y treinta mil desaparecidos.

Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de enero de 2013, durante los seis años de la presidencia de Calderón, las denuncias por torturas, asesinatos y desapariciones cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas se incrementaron un 1000 por ciento.

Es evidente que la asignación a las fuerzas militares de tareas de seguridad interior es una medida que implica un retroceso histórico y que no registra antecedentes exitosos en ningún lugar del mundo. Lamentablemente todos conocemos las consecuencias que tuvo la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas en nuestro país, cuando con el pretexto de combatir al terrorismo violaron sistemáticamente los derechos humanos, con un saldo de 30.000 desaparecidos. De todos modos, si la Argentina quisiera volver a transitar ese camino, debería hacerlo luego de un profundo y amplio debate legislativo. No caben dudas de que una decisión de esta magnitud, que modifica uno de los pilares sobre los que se construyó el sistema democrático luego de la última dictadura militar, no puede tomarse por decreto. No existen, en los considerandos del decreto, argumentos que justifiquen que esta iniciativa no sea discutida por el Poder Legislativo. El Congreso Nacional es la única institución en la se encuentran representadas las distintas posiciones políticas y que cuenta con comisiones especializadas para el análisis de iniciativas que modifiquen el esquema de funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Por todo lo expuesto, que hace a la defensa de la democracia en nuestro país, solicito a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de declaración.